Parece que no fue cuento que, mientras los mexicanos veíamos el fútbol, el presidente Enrique Peña Nieto despojaba a comunidades agrícolas e indígenas del vital líquido, privatizando el 55 por ciento de las aguas superficiales del país.
Así de fácil. El Presidente Enrique Peña Nieto firmó decretos con los que autorizó la explotación del agua de 300 cuencas en 20 estados de la República, con lo que trasnacionales tendrán acceso a explotar los mantos acuíferos.
La situación está así, Peña Nieto signó diez decretos que modificaron un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. Lo que se autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” de esas cuencas.
Los decretos abren las puertas para que el 55 % del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales, municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística o inmobiliaria.
Además de que los megaproyectos hidráulicos originan despojos de bienes comunales, en este caso, se despoja el agua de comunidades indígenas o agrarias que han cuidado y protegido este bien común para que de pronto, mediante agresivos proyectos de supuesto desarrollo, se les expropie ese bien para llevarlo a grandes áreas urbanas.
Con ésta inexplicable acción, Peña Nieto cierra un triste sexenio que había prometido de prosperidad y desarrollo para los mexicanos y que sin embargo termina plagado de escándalos de corrupción, prepotencia e impunidad, que provocaron el descontento popular y el rechazo al candidato del régimen.