Agua y pantano

Delincuencia uniformada se expande

La Policía Estatal cambió de nombre, de emblema, de colores, pero en esencia sigue siendo la misma institución sin legitimidad, sin confianza de la ciudadanía, con una alta percepción de corrupción y alejada de su misión principal, que es proteger y garantizar el ejercicio de la libertad, los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Si nos atendemos a las cifras de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Inseguridad, podremos darnos que en confiabilidad no hay mejora alguna y que hoy son más los tabasqueños que la perciben como una institución corrompida. De 2024 a 2025, la percepción de corrupción en torno a la policía preventiva pasó de 68 a 71 por ciento, mientras que en relación con la de tránsito se situó en un 80 por ciento.

Después de que el 1 de julio el Periódico Oficial del Estado publicara el decreto que cambia el nombre de la Policía Estatal por el de Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobierno y de manera particular la Secretaría han impulsado acciones de comunicación tendentes a modificar la percepción negativa y la crisis de confianza hacia la corporación.

Mediante fotografías y videos se difunde casi a diario la labor de proximidad de policías en mercados y comercios, las actividades de las jornadas de paz e incluso el auxilio vial que brindan agentes a automovilistas en las calles de Villahermosa. 

El decreto de julio, estableció que el propósito del cambio de nombre de la policía es una transformación simbólica y comunicativa para reconstruir la relación entre la ciudadanía y las instituciones policiales. Y eso, por lo que se ha visto hasta ahora, ha sido la principal estrategia a desarrollar. Cambios de fondo no hay en la institución.

La Guardia Estatal preventiva y de caminos siguen siendo blanco de señalamientos y denuncias por abuso de autoridad, extorsiones y violaciones a los derechos humanos durante los operativos que despliegan y sobre todo en los retenes que aplican en cruces, carreteras y caminos distintos.

Lo sucedido y narrado por Miguel Alejandro Ortiz, golpeado salvajemente por uniformados de la Secretaría de Seguridad estatal el sábado 7 de noviembre, despertó nuevamente la indignación ciudadana por las prácticas ilícitas y corrompidas de servidores públicos que lejos de proteger se dedican a cazar ciudadanos valiéndose de sus armas e insignias y del poder que les da el Estado.

Contrario a lo que pudiera pensarse no se trata de un caso aislado. Una vez se publicó la denuncia en las redes sociales, otras personas reportaron también haber sido víctimas. 

Pedro Jiménez escribió:”yo igual fui golpeado en ese retén, me amenazaron, pero por miedo no denuncié”.

Vicky Martínez contó: “a mi hermano le hicieron los mismo y lo patearon cinco policías, hoy salió con una multa de 8 mil pesos, más los golpes que le dieron. Lo peor es que tuvo que pagar para salir libre, como si fuera un vil ratero”.

Anahí dijo: “somos muchos los que el fin de semana fueron extorsionados, ya denunciamos en control interno y estamos en proceso en la Fiscalía”.

Un usuario que pidió anonimato narró: “nosotros también fuimos parados, veníamos de un concierto y sí traíamos aliento alcohólico, por lo que nos exigían 8 mil pesos, éramos dos mujeres y un hombre y no teníamos esa cantidad. Juntamos 4 mil y nos estaban pidiendo 2 mil en efectivo y 2 mil por transferencia”.

El pasado 9 de julio, seis policías estatales fueron detenidos, acusados de secuestro y extorsión. Y el 14 del mes pasado, una jueza condenó a 24 años de prisión a cuatro agentes acusados del homicidio del joven universitario Rodrigo Isidro Ricárdez, quien por negarse a ser extorsionado, no se quiso bajar de su automóvil cuando lo cercaron los uniformados y al intentar ponerse a salvo éstos le dispararon hasta matarlo.

Lo que se está viviendo en el estado no es un asunto menor, requiere la atención urgente del gabinete de seguridad, que debe empezar por reconocer la gravedad del problema y dejar de intentar ocultarlo o maquillarlo, como ocurrió con el caso de Miguel Alejandro, a quien funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía ofrecieron en un restaurante 30 mil pesos para que callara y no denunciara. 

Es inaplazable extirpar la corrupción que prevalece en la policía hoy Guardia Estatal. Se requiere para ello de acciones contundentes, valientes y articuladas, pero sobre todo de voluntad política. Cambiar a la actual corporación por una nueva, puede tener un alto costo y es probable que requiera tiempo, pero la sociedad lo reclama y lo necesita.

AGUAS MOVEDIZAS

Este miércoles por la noche, sobre la calle principal de la ranchería Plátano y Cacao, primera sección, del municipio de Centro, guardias estatales descolgaron una lona en la que se imprimió un largo mensaje dirigido al gobierno, en la que se habla de la simulación de la muerte de un peligroso criminal, que involucraría a servidores públicos, y se exige limpiar de corrupción a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad. Apenas el fin de semana pasado, otros mensajes anónimos fueron localizados, con amenazas a funcionarios. 

En respuesta el secretario Alejandro Leal declaró el domingo: “no vamos a permitir que la delincuencia organizada quiera amedrentar a las autoridades. Nuestra responsabilidad es salvaguardar a las familias tabasqueñas, por ningún motivo vamos a cambiar nuestra estrategia ni vamos a dar un paso atrás”.