Otro general en su laberinto

El Secretario de la Defensa Nacional, insiste: “todos los militares que violen los Derechos Humanos deberán rendir cuentas, como hasta ahora lo han hecho quienes han abusando del cargo y violentando las garantías de aquellos detenidos en la lucha contra el crimen”.

Por segunda vez en dos semanas el General Salvador Cienfuegos ataja el tema. Hace quince días pronunció el “discurso de la disculpa”; a nombre de las Fuerzas Armadas, pidió perdón al pueblo de México por la escandalosa tortura de una mujer, en Ajuchitlán, Guerrero.

Nunca la tropa había sido objeto de tan duras y frecuentes críticas; la disculpa del 16 de abril fue tomada con recelo por observadores, periodistas y organizaciones internacionales dedicadas a la promoción y vigilancia del respeto a la dignidad y las garantías individuales.

En entrevista publicada en el diario Milenio, el funcionario militar reconoce que en diez años de batallar contra la delincuencia, las Fuerzas Armadas han tenido que cambiar protocolos, conceptos, capacitación y adiestramiento en un esfuerzo “monumental” para adaptarse, a sangre y fuego, a una realidad a la cual los soldados fueron arrojados sin mediar plazo ni aviso.

El aparato miliar sufre las consecuencias de la crisis que atraviesan todas las instituciones de seguridad del Estado mexicano. Ayotzinapa, Tlatlaya, Tierra Blanca, Ajuchitlán, y un rosario de casos de tortura y excesos extrajudiciales han derramado el vaso de la paciencia nacional e internacional. Los discursos oficiales no concretan en acciones.

El viernes pasado, la ex corresponsal de The New York Times, Ginger Thompson –Premio Pulitzer–, se preguntaba a propósito de la noche trágica de Iguala: “¿Cómo puede mejorar la imagen de México cuando sus líderes no pueden demostrar algo de compromiso para terminar con los abusos y la impunidad que preocupan tanto a sus propios ciudadanos?”.

EL MONJE PESIMISTA: Lamentos y disculpas suenan a cuento de nunca acabar. A semanas de la entrada en vigor de la reforma al Sistema de Justicia Penal, leyes diseñadas hace más de ocho años para transitar a una nueva estructura judicial confiable no encuentran cimientos en las instituciones de los tres órdenes de gobierno. Casi nada ha cambiado: policías y procuradurías siguen operadas por los mismos vicios y peores mañas. Ningún cambio de fondo asoma en el horizonte. El Ejército seguirá en las calles a pesar de riesgos y críticas, y la tropa, pagando los costos de una guerra que no es suya.

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