Son muchos los problemas que enfrentan las Juntas de Conciliación y Arbitraje en el País que, a la fecha, se han visto rebasadas por la falta de una verdadera Reforma Laboral que obligue a realizar juicios prontos y expeditos que proteja a los trabajadores y obligue a los patrones a cumplir con los fallos y resoluciones de manera inmediata.
Procesos dilatados, corrupción, coyotaje y exceso de trabajo son algunas de las causas que originan que las resoluciones de las Juntas no sean atendidas con seriedad y atingencia por los patrones que han perdido el juicio laboral.
Aunque parezca mentira, son las mismas dependencias del Gobierno Federal quienes no cumplen en tiempo con las resoluciones de las Juntas en favor de los perjudicados; la indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tarden años en recibir la indemnización que conforme a la Constitución les corresponde.
Ante ello, se requiere una limpia en las Juntas y una Reforma que agilice los juicios ante ellas, y por otra parte, que los salarios caídos sean cubiertos durante el tiempo que dura el juicio mismo que, en ocasiones, puede tardar años.
También debería considerarse la necesidad de fijar sanciones a los funcionarios públicos cuya conducta irregular haga que los juicios se retrasen más allá de los plazos que establece la Ley, especialmente cuando ya existe una resolución por parte de la Junta de Conciliación en favor del trabajador. Para estos “servidores públicos” la sanción debe ir desde la suspensión hasta la destitución del puesto y dar aviso al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de un delito.
En éste País donde la aplicación de la Ley es selectiva, sería bueno que las autoridades laborales recordaran que muchas de las revoluciones más sangrientas en el Mundo las han iniciado los trabajadores.