Transparencia, deuda pública y corrupción/Julio Castellanos Ramírez

Recientemente diversos líderes empresariales y analistas económicos han estado insistiendo en la necesidad de poner atención a lo que está sucediendo en Europa y, particularmente, en Grecia. Al hacer referencia sobre las finanzas públicas de México, enfatizan que la ruta que está transitando nuestro país no es muy diferente a la que transitó Grecia hace algunos años y que en la actualidad los tiene sumidos en una grave crisis económica. De acuerdo a los cálculos del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, el déficit público de México es ya del 150 por ciento,  tomando en cuenta todos los pasivos laborales y pensionarios. El dato no es menor porque el déficit público que registró Grecia años antes de que cayera en una situación de quiebra osciló entre el 200 y 250%.

Para explicar el déficit público no se necesita mucha ciencia, se resume simplemente como la práctica de gastar más de los ingresos que se recaudan. Lo que hemos visto en México es que el gasto público se ha incrementado sustantivamente en los últimos años, a la vez que los ingresos públicos han sufrido bajas sustanciales a razón de la caída de los precios internacionales del petróleo y de su disminución en la producción nacional.  Solo resulta sano o equilibrado el crecimiento de la deuda pública de un país cuando ocurre en sintonía con el crecimiento del PIB, sin embargo, en México, durante los últimos años, el PIB ha crecido tan solo un 2 por ciento en promedio anual, mientras la deuda lo ha hecho a un ritmo del 7 por ciento anual.

Si a lo anterior se agrega el estado actual de las finanzas estatales y municipales, la situación que vive México no es la mejor y más bien deberíamos estar encendiendo algunos focos rojos. Un recuento de la deuda de las entidades y los municipios nos dan una suma de 510 mil millones de pesos, entre los cuales podemos encontrar que gran parte de ese monto se concentra en algunas entidades y municipios que prácticamente están a punto de quiebra.

Si bien es cierto que son para preocuparse los datos presentados por el CCE, también es cierto que no todo está perdido. Todavía podemos hacer mucho para revertir esta ruta por la que estamos transitando. Lo que primero debemos hacer es poner freno a la corrupción, la corrupción hace que el gasto público se vuelva ineficiente, hace que éste sea cooptado por funcionarios y empresarios corruptos y que la sociedad no pueda disfrutar de los bienes y servicios para los que se supone está destinado el gasto público.

Urge que a nivel nacional, estatal y municipal se implementen verdaderos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que se conviertan en un dique para la corrupción y los corruptos. En la medida en que el gasto público esté a la vista y escrutinio de la sociedad, de manera fácil y sencilla, podremos evitar que la corrupción continúe mermando las finanzas públicas y la acción de gobierno.

Además de frenar este cáncer social de la corrupción, lo que también urge es que los gobiernos de todos los niveles realicen un esfuerzo serio, transparente y responsable enfocado a reducir gastos y establecer mecanismos tanto de austeridad como de incremento en la eficiencia de los programas públicos y del ejercicio del gasto. No hacerlo es gobernar con irresponsabilidad y poner el riesgo el futuro del país. Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo.