Teléfono Rojo/José Ureña

Hace tiempo, en un foro político, José Murat apremió a Gabino Cué:

-Tenemos qué hablar, Gabino.

-Claro, cuando gustes, Pepe.

-Te busco –prometió Murat.

Y sí, han hablado en varias ocasiones.

Desde aquel fugaz diálogo en el Palacio de MInería han pasado varios años, Gabino transita con mucha pena y sin gloria por Palacio de Gobierno mientras se acerca la sucesión de Oaxaca.

Se acerca con un dato cierto: la comunicación entre ambos personajes no es fluida y menos de entendimiento.

Varios observadores detallistas se han fijado en algunas intenciones de la reforma política recién invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La trascendencia, anotan, no está en la modificación de los tiempos de residencia como interpretaron varios analistas –reducción de cinco a tres años- impuestos a los candidatos para aspirar a gobernar la entidad.

No, el fondo estaba en otro requisito: en exigir falta de cargos públicos al menos dos años antes de la elección de junio de 2016.

Es decir, quienes aspiraran a suceder a Cué deberían haber renunciado desde junio de 2014, algo imposible de lograr porque entonces todavía no estaba aprobada dicha disposición por el Congreso de Oaxaca.

¿Y quiénes están en esa situación?

Al menos dos de los principales aspirantes a competir, los directores del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de Leche Industrializada Conasupo (Liconsa).

O sea, Alejandro Murat Hinojosa y Héctor Pablo Ramírez Puga.

De no haber anulado la Corte esa reforma, de un golpe Cué y sus personeros se habrían deshecho de dos cuadros de primer nivel en el gobierno de Enrique Peña Nieto y, todos sabemos, respaldados respectivamente por José Murat yUlises Ruiz.

 Como el Poder Legislativo hizo el oso, permanece la disposición anterior y tanto ellos como otros prospectos –el senadorEviel Pérez Magaña más funcionarios estatales- podrán continuar en sus cargos hasta 90 días antes de las votaciones.

 ¿QUIEN CALIENTA CAMPECHE A ALITO? 

En los altos niveles observan con preocupación varios hechos en Campeche.

En semanas recientes se han dado varios atentados graves, el último de ellos al empresario camaronero Laureano Cevallos.

Los primeros reportes presumen la presencia de células del grupo criminal de Los Zetas, lo cual sería altamente preocupante en un estado tradicionalmente pacífico.

Dos preguntas son claves inquietan a los cuerpos de inteligencia:

¿Quién pretende calentar la plaza?

¿Acaso tratan de poner a prueba al flamante gobernador, Alejandro Moreno, tomó posesión el 15 de septiembre pasado?

Mejor conocido como Alito, ha llegado con una nueva generación de políticos, mayoritariamente jóvenes, y gran parte de ellos no ligados a los grupos tradicionales de Campeche.

Gran tarea para el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien conoce su entidad y deberá aclarar no nada más los delitos, sino los entresijos de los poderes fácticos.

APERTURA ESCALONADA DE LA LINEA 12

1.- El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Mancera, decidió no esperar hasta noviembre para poner en servicio la Línea 12 del Metro.

Por ello el director de ese organismo, Jorge Gaviño, ha ordenado acelerar los trabajos a fin de reinaugurar las tres primeras estaciones en el curso del presente año.

Luego estarán listas las demás, esas sí a más tardar el 30 de noviembre.

Casi medio millón de pasajeros siguen sin servicio mientras Marcelo Ebrard vive tranquilo en París, sin responder por los fraudes cometidos en su llamada línea dorada, la obra estelar de su gobierno.

Y 2.- la mala decisión de cerrar carriles en la Aduana de Nuevo Laredo, la de mayor paso de mercancías hacia Estados Unidos, ha generado una conflicto.

La primera reacción fue el paro de transportistas, con el consiguiente problema.

El gobierno de Egidio Torre Cantú decidió intervenir y la diputada Yahleel Abdala llevó su queja a la Dirección de Operaciones de Aduanas para demandar la agilización del servicio.