Teléfono Rojo

Es un mal endémico de los partidos políticos mexicanos porque los perdedores no se resignan y, aunque las diferencias en las urnas sean significativas, tratan de anular en tribunales el triunfo a los vencedores.

En esto no cambian los dirigentes.

Votación tras votación nos endilgan reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) con la promesa de darnos procesos transparentes, pero a la vuelta del calendario nos muestran nuevas mañas.

2013 no es la excepción.

A los cómputos y a la entrega de constancias les sigue un largo litigio iniciado en distritos y municipios, pero cuyo destino será inevitablemente alguna instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Cada partido hace sus propias cuentas porque, otro mal de nuestro sistema electoral mexicano, ni siquiera ellos tienen el concentrado para saber dónde se inconformaron y dónde deberán actuar en defensa de sí mismos.

Una consulta entre las tres fuerzas principales permite dar un adelanto: hay más de 200 impugnaciones y, en un plazo cercano, gran parte de ellas terminarán en alguna de las salas del Tribunal, bien sea la Superior o las regionales.

 Las hay de todo signo.

Pequeñas y grandes, con razón y sin razón, anteriores y posteriores a la elección.

No faltan las urdidas para destantear al adversario.

Es el caso de Coyame del Sotol, en Chihuahua: Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reclaman el triunfo.

Oficialmente quedaron 666 a 666 votos, pero acaso con el recuento o la intervención judicial algún partido pierda uno o dos votos y eso hará la diferencia y la alcaldía.

Otro caso es el de San Nicolás Hidalgo, en Oaxaca, donde la alianza amarillo-azul obtuvo 265 votos y el PRI 262, pero se detectaron anulaciones indebidas y de esa forma se puede revertir.

En Sinaloa se dio un fenómeno curioso: panistas y perredistas se llevaron un distrito por 66 votos, pero los escrutadores se dieron vuelo con anulaciones y ahí puede estar el cambio.

Con un resultado paradójico: la candidata priísta puede ganar pero ello significará para el PRI la pérdida de una diputación de mayoría por una plurinominal –la de Jesús Burgos Pinto-, y seguirá con el control del Congreso como contrapeso de Mario López Valdés, Malova.

En el PRI su dirigente César Camacho ha encendido las alertas y entregado la suerte de varias plazas a su secretario de Acción Electoral, Samuel Aguilar.

La sociedad pan-perredista impugnó Juchitán, el enclave más viejo de la izquierda en Oaxaca, pese a la gran diferencia del PRI.

Lo mismo hizo en Apizaco, Tlaxcala.

El Partido del Trabajo (PT), o mejor dicho los Monreal Avila, tratan de impedir el arribo del PRI a la alcaldía de Fresnillo, donde Saúl Avila Monreal está a punto de terminar con la herencia dinástica del municipio.

La orden de Camacho Quiroz es no ceder esas plazas, como tampoco pelear Baja California y otras donde a su juicio hay elementos para la defensa.

Pero más allá de instrucciones y amenazas, la pelea jurídica por más de 200 plazas apenas ha iniciado.

1.- Tómelo como una ilustración de los cacicazgos políticos:

El panista Juan Pablo Adame creó la Comisión de la Agenda Digital y Tecnología de la Información en la Cámara de Diputados para replicar los acuerdos de su padre, Marco Antonio Adame, al interior del Pacto por México.

El presidente Francisco Arroyo Vieyra se la deshizo.

Y 2.- Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) convinieron mantener en secreto las negociaciones sobre el contrato colectivo de trabajo.

Los resultados se darán a conocer en cuanto culminen el 31 de julio, prometió el dirigente gremial Carlos Romero Deschamps.