Teléfono Rojo

Luis Felipe Puente es uno de los damnificados.

Su vivienda, ubicada en uno de los fraccionamientos levantados por el rumbo del Acapulco Princess y considerada de nivel medio, resultó severamente dañada durante las lluvias de las fiestas patrias.

Quienes acompañaron al coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) durante su primera visita tras la desgracia, dan de Puente dos datos:

1.- Cuando llegó se sorprendió porque el Acapulco tradicional, tan severamente dañado por el ciclón Paulina a fines del siglo pasado, no tenía rastros mayúsculos de tragedia.

Y 2.- en algún momento se separó de la comitiva y pocos se enteraron la razón.

-Fue a ver cómo estaba su vivienda –les reveló un colaborador.

El dato queda para la anécdota porque correspondió precisamente a Puente lanzar las alertas a gobiernos estatales y municipales y dar seguimiento, primero, a las medidas preventivas y, luego, instrumentar acciones de apoyo a la población afectada.

Por lo demás, hay muchos funcionarios de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- en condiciones similares porque Acapulco Diamante se convirtió en un lugar de voracidad, atracción e inversión cuando se extendió la zona habitacional hacia los rumbos del aeropuerto.

Acapulco no ha superado la emergencia.

Uno de los muchos datos dolorosos:

Tres semanas después de las lluvias fuertes y prolongadas, casi la mitad de la población carece de agua potable porque no ha sido posible reconstruir lo dañado: reparar las plantas de tratamiento, sustituir todas las tuberías y conectar a todos fraccionamientos y viviendas.

En términos generales, estimaba ayer el ayuntamiento de Luis Walton, hay un déficit de 50 por ciento.

Si en promedio se entregaban cuatro mil litros por segundo y eran insuficientes, ahora se procesan dos mil litros.

Como sólo benefician a unas 800 mil personas y hay más de 600 mil sin acceso, a partir de este lunes se anunciará un programa de tandeo a fin de abarcar a la mayoría del millón 400 mil habitantes del municipio.

Por situaciones mercantiles –“la mejor forma de ayudar a Acapulco es visitarlo”: Enrique Peña; “Acapulco se recuperará con promoción y más afluencia”: Claudia Ruiz Massieu– se ha privilegiado el suministro a las zonas hoteleras, tanto la tradicional como la Diamante.

Los trabajos se reparación se hacen sin descuidar la penalización.

El 20 de octubre estará terminado el peritaje y, no dude usted, se procederá contra funcionarios e inmobiliarias cuya connivencia permitió durante lustros edificar en terrenos con vocación agrícola y humedales.

El problema está ubicado en la administración municipal de Zeferino Torreblanca, quien permitió el cambio de uso de suelo y generó un boom en los trienios subsecuentes, los de Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio y Manuel Añorve.

Hoy Torreblanca, López Rosas y Salgado Macedonio –cuando el crecimiento fue exponencial- se escudan en autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Se revisa si todavía es tiempo de perseguir su negligencia y, de confirmarse, su corrupción.

1.- Los foros energéticos tienen dos características, el pragmatismo y la ideología.

El  Senado de la República, a impulso de Emilio Gamboa y la coordinación de David Penchyna, ha convocado a expertos, dirigentes empresariales, académicos e inclusive los gobernadores perredistas Graco Ramírez y Arturo Núñez.

Los perredistas, en cambio, han invitado sólo a afines políticos, de Cuauhtémoc Cárdenas a Andrés López, de Marcelo Ebrard a Porfirio Muñoz Ledo.

2.- Acaso para despolitizar el debate hacendario y evitar su perversión, como el energético, el coordinador priísta en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, mandó un mensaje de tranquilidad a los empresarios.

“La reforma fiscal está encaminada a buscar la equidad y el crecimiento, lo cual supone terminar los privilegios y proteger a los sectores mayoritarios”, y se hará lo necesario para lograrlo.

Y 3.- el coordinador perredista en el Senado de la República, Miguel Barbosa, intentó frenar el linchamiento contra el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, por su tolerancia en las manifestaciones.

Mancera ha asumido, dijo el legislador, “una actitud responsable y congruente” y por eso no aplicará mano dura como piden los sectores de derecha.