Sobremesa

Es verdaderamente grave lo que está ocurriendo en Michoacán con sus gobernantes,-si es que se les puede llamar con ese adjetivo a quienes ocupan los distintos puestos de la actual administración estatal-, lo comento porque en todas las campañas electorales, pero en especial en la pasada elección local, fuimos testigos de una lucha feroz entre todos los partidos políticos para obtener la mayoría de los votos y con ello hacerse del poder; un poder que al juzgar por los discursos que pronunciaron sus candidatos, lo buscaban para “resolverle” a los michoacanos sus problemas.                    

¿Qué fue entonces lo que les pasó a estos nuevos funcionarios públicos cuando llegaron al gobierno?, ¿Por qué no hubo congruencia entre el discurso electoral y el ejercicio del poder?, ¿En qué momento se extraviaron e hicieron a un lado sus compromisos con la población?, ¿Por qué permitieron ser suplantados por el gobierno federal, sin dar la más mínima explicación a la ciudadanía única fuente de la legitimidad política de los gobernantes?

Todas esas interrogantes deberían tener una respuesta sin ninguna dilación. Porque resulta ilógico y reprobable el convocar e invitar a los electores de una entidad para elegir a los gobernantes y que cuando a estos ya se les ha otorgado el poder que buscaban, absolutamente no resuelvan nada, ni promuevan nada, ni hagan nada por la población, simplemente se conviertan en una verdadera nulidad. Discursos, compromisos, promesas, responsabilidades, obligaciones, terminan siendo todo una vergonzosa farsa y una autentica simulación de quienes se ostentan como gobernantes, sin que la sociedad sea participe e informada objetiva y verazmente de tan grave comportamiento, como ocurriría en  cualquier democracia del mundo.

Cuando estos nuevos funcionarios públicos arribaron al gobierno, eran tantos los compromisos ajenos al interés público que ya habían contraído con antelación, que les resultaba materialmente imposible cumplir con las demandas auténticas y más sentidas de la población, muchos de estos compromisos fueron adquiridos durante el desarrollo mismo de las campañas electorales, acuerdos que finalmente terminaron por incumplirse, lo que contribuyó sin duda a que en la entidad se profundizara una grave crisis de gobernabilidad social y política, así que el extravío de todos estos funcionarios públicos se dio no en el ejercicio del poder mismo, sino antes de que estos llegaran a él.

La incapacidad manifiesta de enfrentar con éxito el problema de inseguridad, el rezago económico, el rezago educativo y la quiebra financiera del sector público, hizo propicia, como solución desesperada y urgente, la intervención de la federación en el estado, suplantando este una gran parte de la estructura del gobierno local. Ante esa decisión presidencial, los supuestos gobernantes y los dirigentes del partido en el poder, simplemente guardaron y siguen guardando silencio, un silencio ignominioso que solo refleja y delata la gravedad de lo ocurrido a una gran parte de la clase política local, sino fuera de esa manera, no podríamos explicarnos la abrumadora y excesiva – al límite de la ilegalidad- intervención del gobierno federal en Michoacán.

Cuando vemos el grado de avasallamiento de que son objeto los funcionarios locales por parte de los funcionarios federales, no nos queda ninguna duda de quienes son los que realmente toman las decisiones en el estado, y aún con todo lo indigno de tales circunstancias, nadie levanta la voz, se ha perdido por completo la dignidad de quienes hoy ocupan los cargos públicos, una dignidad que no estoy tan seguro si alguna vez tuvieron. Verdaderamente dan una pena vergonzante.