Sobremesa

08 de abril de 2014

8:53

Antonio Soto/ Quadratín

Con la orden de localización y presentación que cumplimentó la PGR el viernes pasado, que derivó en el arraigo por cuarenta días contra el ex Gobernador Interino, Jesús Reyna García, el gobierno federal manda una nueva señal, de que contra la delincuencia organizada en Michoacán va con todo. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, dijo para el caso que “la investigación será hasta las últimas consecuencias y el Presidente de la República no cobijará a nadie”, abundó, “sea de cualquier partido, el que por su propia cuenta comete actos de ilegalidad debe someterse a la ley”. Tal afirmación debe ser interpretada como el probable fin de la impunidad en el estado, aunque para ello, falta aún verificar cuáles serán los siguientes pasos y acciones del gobierno contra quienes han infringido la ley.

La nueva estrategia contra el crimen en Michoacán, no podía quedarse sólo en el nivel de las detenciones y el abatimiento de delincuentes y sicarios, era y sigue siendo indispensable la detención de quienes permitieron que la delincuencia llegara hasta los niveles que conocemos ahora. Los criminales no podrían seguir cometiendo los ilícitos que padecemos si no es con la complacencia y hasta la colaboración de las autoridades, el avance de las mafias en el estado se dio gracias a que éstas lo permitieron, e incluso se puede asegurar que fueron beneficiarias de ese contubernio. Es un secreto a voces que desde el inicio del actual gobierno local, este ha mantenido relaciones y vínculos inconfesables con la delincuencia organizada, es del dominio público que desde las campañas electorales del 2011, la gente ya sabía de la alianza entre el PRI y Los Caballeros Templarios, gracias a la cual logró ese partido obtener victorias en muchos municipios, a través de la fuerza, la amenaza, la coacción, la intimidación y la compra de votos con dinero ilícito. Muchos votos obtenidos ilegalmente fueron sumados para que varios candidatos a Presidentes Municipales y a Diputados Locales se encuentren hoy ocupando espacios del poder público.

Debemos recordar las múltiples denuncias hechas durante esas campañas electorales, tanto por Jesús Zambrano, como por Gustavo Madero, dirigentes nacionales del PRD y del PAN respectivamente, quienes señalaron en su momento, la existencia de una perversa y peligrosa alianza entre el crimen organizado y políticos del PRI en el estado, nadie hizo nada. La autoridad electoral, a pesar de las denuncias hechas guardó silencio, el gobierno federal tampoco logró evitar que se consumara electoralmente esa deleznable asociación, que ponía en grave riesgo la democracia, la credibilidad de las instituciones y la seguridad de la población. Ahora vemos cuanta razón tenían esos señalamientos. La población quedó en un estado de indefensión, altamente vulnerable y expuesta al acecho y embate de los criminales; con una autoridad local subyugada, corrompida y subordinada a los intereses de estos individuos.

Por eso, el arraigo de Jesús Reyna no sorprende a nadie, todos saben que si la estrategia contra la delincuencia organizada es real y efectiva, como lo ha asegurado constantemente el gobierno federal, pasa necesariamente por una limpia del gobierno del estado, lo que, de confirmarse tal hecho, veremos en los próximos días detenciones de mas funcionarios del gobierno local, así como de presidentes municipales, que pudieran estar involucrados y manteniendo nexos aún con quienes convirtieron al territorio michoacano en un verdadero infierno. Seguramente la federación tiene conocimiento de que funcionarios públicos han cometido actos criminales, quienes no deben bajo ninguna circunstancia seguir ocupando cargos o puestos gubernamentales, si es que en verdad se quiere acabar con la impunidad y ganar la guerra al crimen, entonces tendrán que ser llevados a cuentas ante la justicia. Reconocemos que estas acciones son apenas una luz en el camino, ojalá se vaya a fondo y Michoacán vuelva a ser un estado en paz y con progreso.