Sobremesa

​Desde el inicio del Gobierno de Fausto Vallejo, el mismo aseguró, que habría heredado una grave crisis financiera, adquirida,-por decir lo menos-, de manera irregular. Que se habría ejercido ilegalmente parte del presupuesto; y en cuyos hechos podrían estar involucrados algunos ex funcionarios de primer nivel del gobierno anterior. Pasaron dos años para que en este caso fueran giradas las órdenes de aprehensión en contra de los supuestos responsables, así fue, como se detuvo por peculado y abuso de autoridad a Humberto Suárez López, ex Secretario de Finanzas de Leonel Godoy. El juez Cuarto Penal del Poder Judicial del estado, está por determinar su situación Jurídica en base a lo que establece El Código Penal de Michoacán. De comprobarse el peculado, tendrian que aplicarse los artículos 177, 178 y 179, los cuales prohíben que los funcionarios públicos en provecho propio o ajeno distraigan de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al estado y/o municipios.

Así las cosas, y recibiendo con beneplácito el fin de la impunidad en nuestra entidad, sería bueno conocer si el Comisionado Alfredo Castillo o la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, está llevando también ya a cabo, las investigaciones sobre las declaraciones públicas, tanto de La Auditoria Superior de la Federación, de La Auditoria Superior de Michoacán, así como las que externara el propio Gobernador Vallejo el 24 de febrero pasado, donde admitía que se habrían ejercido en su mandato recursos de manera similar a la forma ilegal que ahora se está persiguiendo, incluso abundo: “a veces se destapa un hoyo para tapar el otro”; y dijo tambien:“se debe castigar sea quien sea, ahí ni modo, así como están algunos funcionarios de nosotros que están en ese proceso”; ¿acaso eso no es también peculado?, o es ¿que antes si era delito y ahora ya no lo es? Por supuesto que debe también investigarse el actual ejercicio presupuestal, que este se apegue a la ley. Si lo que declaro el ejecutivo es cierto, si lo que los órganos fiscalizadores sostienen es verídico, entonces también hay responsabilidades penales que perseguir en la actual administración.

De ninguna manera debemos permitir que los malos funcionarios públicos sigan bajo el amparo de la impunidad, deben ser detenidos todos aquellos que hayan burlado o estén burlando la ley, deben ser enjuiciados quienes hayan cometido actos de corrupción, la aplicación de la ley debe hacerse de manera estrictamente jurídica, atendiendo siempre al interés público y ciudadano,

si efectivamente se comprueba en los tribunales que ex funcionarios de las administraciones de Cárdenas Batel o de Godoy Rangel, incurrieron en irregularidades o en actos de corrupción, deben ser severamente castigados, pero también de comprobarse si  hay o hubo peculado o cualquier otro delito en la actual administración, si fuera así, debe también aplicarse la ley sin ningún distingo, no hacerlo pudiera interpretarse como la actuación de una autoridad, que pretende mayormente un fin político para desacreditar al adversario, que un fin estrictamente penal y de justicia. Nadie debe quedar impune de ningún ilícito, los corruptos del gobierno que sean, del nivel que sean y del color que sean, deben ir a la cárcel. Hay de aquel partido político que defienda las corruptelas de sus funcionarios, lo abra de pagar muy caro electoralmente.