Itinerario 2024: votar por justicia o por clemencia
Este 20 de noviembre, como ya es tradicional, se celebra el inicio de la Revolución Mexicana, efeméride que ha convergido con la serie de protestas que en torno a temas educativos y de seguridad se realizan en la nación. En Michoacán hubo avisos desde días anteriores de que se realizarían mítines y movilizaciones, arribando la caravana de normalistas y padres de familia de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En ese contexto, por ejemplo, en Morelia, se cancelaron de última hora los tradicionales actos cívicos, el desfile conmemorativo y también las protestas de la CNTE, pero en varios municipios de la entidad si se realizaron eventos de ambas índoles. Independientemente de las acciones y reacciones que ya son del dominio público y enunciadas en otras páginas de este diario, vale la pena reflexionar sobre si en estos momentos se requiere una revolución en la nación, y en caso de que ésta fuese afirmativa, de qué tipo sería, cuáles serían los métodos de lucha y qué objetivos se fijarían, quiénes serían los grupos sociales a reivindicar y cuáles serían las consignas a enarbolar. En cuanto iniciásemos a establecer posibles respuestas, sin duda encontraríamos que la mejor de las revoluciones que se podrían conformar en la entidad sería una educativa, en donde no se ventilaran ni litigaran los problemas en las calles ni en los medios, sino se establecieran acciones desde las aulas, comunidades y núcleos familiares, ya que la educación popular tiene la facultad de resolver la problemática que pudiese priorizarse desde la perspectiva de la salud, seguridad, pobreza, migración, etcétera. Por ello es tan importante que ponderemos adecuadamente el enorme potencial de la educación pública como propulsor del desarrollo integral de nuestro Michoacán.
Es un hecho que para lograr tan alto objetivo, los programas socioeducativos de la Secretaría de Educación en el Estado, tales como la entrega de útiles escolares, uniformes, calzado, desayunos escolares y becas para transporte, entre otros, son indispensables por ser la respuesta a necesidades manifiestas en una entidad que padece una profunda desigualdad en el ingreso, donde nueve de cada diez michoacanos viven en situación de pobreza o vulnerabilidad. En el pasado y en el presente ha habido quienes se han tratado de adjudicar la paternidad de tales programas y medrar políticamente de ello, siendo que las políticas públicas no tienen derechos de autor. Es imperativa la supervivencia de tales programas mientras Michoacán continúe siendo la tierra de miles de personas que padecen alguna dimensión de pobreza, ya que para miles de niños y jóvenes hacen la diferencia entre abandonar las aulas y continuar su formación académica; pero esta clase de programas deben de administrarse con total pulcritud y transparencia, con previsión para que se puedan entregar en tiempo, forma y calidad los apoyos a los alumnos, incluso en las comunidades más alejadas, generando mecanismos que imposibiliten todo tipo de manejo faccioso de los recursos públicos.
Asimismo, el analfabetismo es un flagelo que debe ser atendido urgentemente, debiéndose lanzar una gran cruzada estatal con la suma de todos los actores educativos, ya que es impensable proyectar un Michoacán competitivo y desarrollado sin que haya inclusión educativa para quienes han estado marginados de las posibilidades de movilidad social durante décadas. En ese sentido es positivo el esfuerzo que realizan INEA y el Ayuntamiento de Morelia en la construcción de plazas Comunitarias con proyección de atención de hasta 8 mil 500 personas que podrán cursar educación básica en las mismas. Es un esfuerzo que merece ser replicado en los 113 municipios para poder disminuir el enorme rezago educativo con el que cuenta nuestra entidad, que acumula más de un millón y medio de personas que no han concluido su educación básica, llegando al extremo de que 305 mil coterráneos mayores de 15 años no saben leer ni escribir un recado. Esperemos que en el Plan Michoacán 2015 puedan contemplarse acciones focalizadas para atender este enorme problema que limita ampliamente nuestras posibilidades de alcanzar otros estadios de bienestar y progreso. Más aún, de cara a las próximas elecciones, como ciudadanos exijamos que los aspirantes a servidores públicos y/o a ocupar cargos de elección popular sean capaces de comprometerse con una revolución de esta índole.
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