Contexto
El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, envío formalmente al Congreso del Estado la propuesta para que José Martín Godoy Castro sea designado Procurador de Justicia del Estado, titularidad que ya ocupó desde la llegada de Alfredo Castillo Cervantes, el 15 de enero de 2013, hasta el 9 de junio de este año en que presentó su renuncia.
Godoy se retiró con el propósito de ocupar la Fiscalía General del Estado de Jalisco —entidad de la que es oriundo el abogado y maestro en Derecho—, luego de los trágicos acontecimiento de mayo en los que una aeronave del Ejército fue derribada por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación en la comunidad de Casimiro Castillo, al Sur de la vecina entidad.
Godoy no pudo llegar a esa Fiscalía, pese a la presiones de la federación, pues el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval “no se allanó a la intención de poner como nuevos Fiscal General del Estado a José Martín Godoy Castro”, escribió el columnista Julio Hernández en su Astillero de La Jornada el 8 de julio de este 2015.
Godoy Castro, es parte del equipo del ex Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, con quien se encuentra vinculado desde que ambos trabajaron en la Procuraduría General de la República (PGR), durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha; lo acompañó en la Procuraduría del Estado de México como Sub procurador de Atención Especializada; nuevamente siguió a Castillo en la PGR como coordinador de Delegaciones y en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor como Sub procurador de Verificación; con el ex comisionado vino a Michoacán pero permaneció como Procurador de Michoacán, cuando Castillo dejó el estado.
A su llegada a la Procuraduría estatal, la encontró infestada de personeros de Los Caballeros Templarios, la organización criminal que dominaba en Michoacán; despidió a mandos superiores y medios, Ministerios Públicos y agentes de la policía ministerial, a quienes reemplazó por personal traído del Estado de México. Con ello se logró quitar un importante apoyo a la organización criminal, lo que repercutió en la debacle, captura y abatimiento de sus principales líderes.
No obstante el golpe asestado a ese grupo los índices delictivos se mantuvieron elevados; sobre todo en la capital michoacana se desató una serie de actos de delincuencia común, asaltos a transeúntes, robos de automóviles y casas habitación, atribuidos a los policías foráneos, preocupados por acumular a la brevedad su “bono de retiro”.
Otra característica de la primera gestión de Martín Godoy Castro como Procurador fue el abuso de autoridad y el manejo discrecional de la ley. Hipólito Mora y Enrique Hernández, líderes de los grupos de autodefensas de La Ruana y Yurécuaro fueron detenidos injusta y arbitrariamente; se les mandó a prisión acusándolos de delitos que no cometieron, por lo que terminaron siendo dejados en libertad por los juzgadores. Otros personajes como el llamado “Comandante Cinco”, Alberto Gutiérrez, a quien habitantes de la Tierra Caliente señalaron como el autor material de la muerte del menor Miguel Bonilla porque se atrevió a preguntarle ¿y usted quién es?, no fue llamado a cuentas. Carlos Sierra Santana “El Viagra” y Luis Antonio Torres “El Americano”, quienes aparecieron en un video con La Tuta fueron tratados amigablemente por el Procurador.
Obtener el mayor número de aprehensiones fue el objetivo de Godoy Castro, aun cuando no existieran los suficientes elementos probatorios, se trataba de romper los records de consignaciones. En diciembre de 2014, el entonces Arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda, señaló que en Michoacán estaba ocurriendo una “verdadera redada peor que el michoacanazo”, que eran miles los que estaban en la cárcel, y que algunos de manera un tanto injusta o precipitada habían sido privados de su libertad.
Ese mismo mes se presentaron los sucesos de La Ruana, Hipólito Mora fue atacado a balazos por el grupo de Simón “El Americano”, hubo 10 muertos, entre ellos el hijo de Hipólito, a quien se quiso responsabilizar de esos hechos, al final nadie fue condenado por los trágicos acontecimientos.
La actuación de Godoy Castro como Procurador, también reveló abusos contra integrantes del Poder Judicial del Estado, el Juez Sexto de Primera Instancia, Francisco Javier Bedolla Espino, dirigió un oficio al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, luego de que el 7 de noviembre de 2014 fuera sacado violentamente del juzgado por gente armada que se transportaba en camionetas blancas sin logos oficiales, llevado a las instalaciones de la Procuraduría y frente al despacho de Godoy fue amenazado, en el escrito que dirigió a Magaña de la Mora, el juez señaló que le dijeron que“tenían un cuartito en donde metían a las personas, que me lo iban a mostrar, sin que lo hubiese hecho, que ahí era donde las personas les decían todo lo que querían decir”. (Cambio de Michoacán, 14 de Diciembre de 2014). Trataban de amedrentar al juez para que no se liberara a ninguno de los consignados por la Procuraduría. El magistrado Placido Torres Pineda, quien ordenó la liberación de Hipólito Mora, también fue víctima de presiones.
El gobernador Salvado Jara manda la propuesta para que Godoy ocupe la Procuraduría nuevamente a menos de un mes y medio de que termine su administración, lo que ha sido interpretado como el deseo de la federación de seguir manejando esa área aún y cuando se renueve el poder estatal el próximo 1º de octubre, pues se especula ya que Godoy continuaría en esa posición después de esa fecha.