Resolución burda para la elección de Morelia

Se antoja a chiste malo del día de los inocentes o a un mal augurio el fallo de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con sede en Toluca, en relación a la anulación de la elección del municipio de Morelia. Las causales que reporta la prensa son verdaderamente inverosímiles y mueven a risa sino fuera porque sus efectos en el estado son preocupantes.Pensar que se anula la elección por inequidad y “faltas graves al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” y concretarlas en “la transmisión local por televisión de paga del cierre de campaña del candidato a gobernador por PRI y PVEM, Fausto Vallejo Figueroa” -con una entrevista particular a Wilfrido Lázaro, candidato por dichos partidos a la presidencia municipal de Morelia, de escasos 5 minutos- y “la aparición del boxeador Juan Manuel Márquez con propaganda del tricolor en una pelea de box que se transmitió a nivel nacional un día antes de la jornada electoral” (Mauricio Ferrer, en la página de internet de La Jornada, 28-12-2011), implica pensar que se está preparando un golpe de timón a la elección estatal para gobernador al afectar los comicios de Morelia con argumentos tan cuestionables.Ciertamente la elección en Morelia tuvo rasgos matizados, distintos, a lo sucedido en otras partes de la entidad, incluso fue diferente lo ocurrido localmente, y con el mismo partido, en lo que se refiere a las elecciones para gobernador que para presidente municipal. La campaña de Marko Cortés no tuvo el dispendio de recursos ni el apoyo presidencial que sí se brindó a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del estado; es decir, el voto en Morelia por el PAN no fue lineal; no se “contaminó” la votación de Marko Cortés con la de Luisa María Calderón. Tan es así que, en Morelia, Marko tuvo más votos que la abanderada de su mismo partido al gobierno del estado.Me explico. Es un hecho que la elección para gobernador la perdió, en gran parte, la candidata del PAN, Luisa María Calderón, en Morelia. Es un hecho también que la campaña de Marko Cortés, candidato a la presidencia municipal por el PAN, tuvo diferencias sensibles en la estrategia de organización y comunicación a la realizada por la hermana del Presidente de la República.Es también un hecho la presión pública que ha realizado el Primer Mandatario del País para descalificar los comicios en Michoacán. Lo que ha hecho el presidente no sólo evidencia su talante antidemocrático sino francamente rencoroso frente a un sentimiento fraternal que no le permite asimilar una derrota infringida en una competencia alevosamente cargada a favor de su candidata favorita.La denuncia que Felipe Calderón “no puede callar” y que hace a la intervención del crimen organizado en la elección estatal está fuera de lugar porque no se trata de un ciudadano más sino de aquél que tiene a su cargo la dirección del Estado y, por tanto, la seguridad de todos nosotros –y esa es la mejor evidencia de que su estrategia militar y policiaca frente al crimen organizado es un fracaso.Parecería entonces que la intención de su denuncia va más en dos sentidos: primero, lanzar una bola de humo para desviar la atención pública sobre las verdaderas irregularidades de la elección estatal, cometidas, por cierto, en mayor medida, por el PAN y en segundo, para impresionar y presionar a las autoridades electorales jurisdiccionales.Se trata, más bien, de una bola de humo porque cualquier michoacano, máxime los que viven en Tierra Caliente, saben que el crimen organizado ha intervenido en los procesos electorales desde hace varios años –al menos desde mediados de los noventa- y que su injerencia ha aumentado en la medida que la autoridad, del nivel que se quiera y por las razones que se quiera, han sido omisas y que las disputas, provocadas por las divisiones entre grupos delincuenciales, se han manifestado de manera más violenta. Su preocupación es de naturaleza territorial y no tienen partido; ellos van con el candidato que, independientemente del instituto político, mejor garantice sus intereses –o el que sea más vulnerable a sus amenazas.El Presidente omite en su denuncia, por tanto, señalar que es su obligación, como lo es la del gobierno estatal, la de garantizar comicios libres y en paz. Las instituciones electorales, desgraciadamente y porque así lo han querido los propios partidos, están debilitadas para cumplir sus funciones como árbitro; sólo sirven, medianamente, para organizar elecciones con la ayuda de los ciudadanos, pero no para actuar con oportunidad y hacer que los actores políticos respeten la ley, fiscalizar los recursos de las campañas o sancionar su presencia irregular en medios; las autoridades electorales están cooptadas.Lo que se busca es desviar la atención de las anomalías descaradas en las que incurrieron los actores políticos en la pasada elección estatal, en especial el PAN. Como nunca antes se ha visto el uso y derroche de recursos, de programas, de funcionarios públicos federales participando en una elección estatal. Como nunca antes se ha lucrado con la pobreza a través de las perversas y antidemocráticas llamadas “tarjetas electrónicas” –ya no sólo es la despensa ni la entrega de materiales para vivienda- y, en aras de una “libertad de expresión” malentendida, el abuso y la compra disfrazada de entrevistas y notas informativas. Asimismo, el gobierno federal se entrometió en el proceso a través de bloquear el acceso a recursos públicos al gobierno estatal. Eso fue lo verdaderamente escandaloso ya que muestra lo frágil, la poca calidad y lo difícil que es avanzar a prácticas e instituciones democráticas sin voluntad y un acuerdo político que involucre a todos los protagonistas. Hoy, parece ser que se quiere imponer el “haiga sido como haiga sido” como un nuevo rasgo de la simulación en que ha caído nuestra transición a la democracia.Finalmente, con la anulación de la elección de Morelia –y las causales que se aluden-, parece abrirse el paso a la anulación de la elección a gobernador con la misma ligereza de criterios. Ahora, con el fallo del Tribunal, desmontando de manera burda la elección de Morelia, es mucho más fácil echar abajo la elección a gobernador. Las causas utilizadas para el fallo pueden servir, junto con otras que se inventen y se les den un valor desmesurado, para anular la elección a gobernador.Realmente preocupa que las autoridades jurisdiccionales se presten a un juego de presiones por parte del Ejecutivo o peor, a una negociación donde no se dé paso al reconocimiento legal de quién ganó la elección en Michoacán pero “raspando” los comicios de la capital – si no “catafixiando”, al menos, haciendo que se repita la elección para que se sienta como una represalia al partido que se acusa se alió con el crimen organizado.Más allá de preferencias electorales y por quién se haya o no votado –yo no voté por Wilfrido- es necesario, por principio, defender el voto; denunciar las anomalías vengan de donde vengan; se trata de tener compromiso con la construcción de nuestra democracia. Como a muchos, no nos ha dejado satisfechos esta elección; no nos ha dejado satisfechos el comportamiento de los actores políticos, de los gobiernos y de las autoridades electorales –y también de algunos medios de comunicación-, pero no se puede echar el niño al pozo y luego taparlo. Tenemos que aprender de la experiencia.Perverso se dibuja el horizonte y se juega con fuego cuando de manera tan soberbia se utiliza el poder y las instituciones para no reconocer los resultados de una elección. Ciertamente nuestra democracia está aún lejos de consolidarse, pero estos hechos y las resoluciones últimas, a nivel federal y estatal, que han acordado los tribunales electorales no abonan a la equidad ni al uso de las libertades en el marco de la ley electoral que hoy se reconoce –las reglas del juego la determinan los propios partidos para luego criticarla y violarla- y mucho menos abonan a la paz social y la estabilidad. ¿Hasta dónde se quiere llegar en Michoacán y cuánto se quiere “contaminar” la elección del 2012?