Vuelta al pasado autoritario (IFE)

A lo largo de las últimas semanas hemos visto una serie de golpeteos a las instituciones creadas a partir de 1990, las que presuntamente le daban mayor certeza a la democracia mexicana porque se pretendía con la autonomía presupuestal y jurídica de los órganos garantes, que sus decisiones podrían tener mayor independencia de los partidos políticos, convertidos hoy en uno de los grandes males de nuestro país. Un caso es el IFE. Nació en la etapa cuando México necesitaba cambiar, cuando nuestro país estuvo en peligro de credibilidad y necesitaba de personajes “ampliamente prestigiados de la sociedad”, para que se creyera “el camino espontáneo” que tomaba la democracia mexicana. Los conflictos poselectorales de 1988 propiciaron la creación de un órgano independiente de los partidos políticos, para sustituir a la Comisión Federal Electoral instalada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, entre octubre de 1990 y mayo de 1994, se mantuvo su imagen de órgano de estado por su integración con miembros del Ejecutivo —el Secretario de Gobernación como presidente—, el Legislativo —Consejeros del Poder Legislativo— y Judicial —Consejeros Magistrados electorales. Con el fin de darle mayor confianza a la sociedad el año que vivimos en peligro tras la muerte de Luis Donaldo Colosio, en 1994 se integró la primera Sala General con consejeros ciudadanos: Santiago Creel Miranda, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinchetti, Ricardo Pozas Horcasitas, José Woldenberg y Fernando Zertuche Muñoz. La verdad es que realmente ninguno de ellos era apartidista, pero al menos tuvieron la confianza de la gente y, producto de este experimento, en 1996 se abrió la puerta a la “ciudadanización” para que personajes aparentemente sin partido, tomaran las riendas del siguiente IFE: Con José Woldenberg como presidente del Consejo General lo integraron José Barragán Barragán, Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Cantú Escalante, Alonso Lujambio, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard. El caso es que como los partidos políticos siempre han aprobado a sus integrantes, lógico es que promuevan a personajes cercanos a sus fines y las fuerzas quedan conformadas en la medida en que cada uno de los partidos pueda impulsar a más miembros o, en su caso, los grupos políticos infiltrados en los distintos partidos, logren desde diferentes posiciones promover a sus alfiles. Entonces, en lugar de que siguieran al frente personajes como Fernando Gutiérrez Barrios, Patrocinio González Garrido, Jorge Carpizo McGregor, Esteban Moctezuma y Emilio Chuayffet Chemor, además de Arturo Núñez Jiménez, Felipe Solís Acero, María del Carmen Alanís Figueroa y Manuel López Bernal, todos ellos presidentes, directores y secretarios ejecutivos del IFE en su momento, entraron caras nuevas, caras ciudadanas. En 2003 se mantuvo la fórmula anterior, con personajes con afinidad a los partidos políticos pero sin ser totalmente abierta: Luis Carlos Ugalde, Andrés Albo Márquez, María Teresa de Jesús González Luna Corvera, Luisa Alejandra Latapi Renner, María Lourdes López Flores, Rodrigo Morales Manzanares, Virgilio Andrade Martínez, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez. Hasta que tras el escándalo de Andrés Manuel López Obrador por los resultados de la elección de 2006, se produjo la sustitución de Luis Carlos Ugalde al frente del organismo y, no contentos, los partidos políticos encabezados por el PRI, le metieron mano al órgano garante de la imparcialidad electoral, para despacharse con la cuchara grande y hoy vemos las consecuencias. Aplicaron una reforma que pasó, de una fiscalización de los partidos políticos que era suficientemente intensa y estricta, realizada por el Consejo General del IFE, a una fiscalización que ya no la hace el Consejo General, sino una Unidad de Fiscalización que redujo el alcance de la misma necesariamente por ley. Pero, sobre todo, al evitar que los partidos políticos pagaran por mensajes en medios, que es donde utilizaban el 80 por ciento de su gasto, éste se dispersó y ya se no se pudo seguir la contabilidad de quienes evidentemente superaron los gastos de campaña como el PRI. El caso Monex, la conclusión de que Andrés Manuel López Obrador fue el único que superó los límites de gastos y la renuncia de Sergio García Ramírez, son sólo un golpe más que terminará por desacreditar la escasa credibilidad que tenía el actual IFE. ¿Estamos viendo su fin y la integración de un nuevo órgano que recupere sólo la imagen de éste, pero todavía más sometido?