Reflexiones

Un concepto mágico.

Hoy, todos los problemas de inseguridad, violencia, corrupción o impunidad que tiene México, se resuelven con la aplicación del “Estado de Derecho”.  Por lo menos, así lo escucho, leo y veo en los medios de comunicación o en las calles. Pero ¿qué será y de dónde obtiene esta presunta fuerza el Estado de Derecho?.

Para dar respuesta, me parece necesario conocer los conceptos: Estado, Derecho y Poder Público. El Estado moderno (siglo XIX), se concibe como una sociedad organizada y con fines comunes. El Derecho, como un conjunto determinado de reglas que ordena conductas, establece prohibiciones, monopoliza mecanismos de coerción y regulación, dispone sanciones punitivas, otorga facultades y derechos, y busca que ciertas conductas se produzcan y otras se inhiban. Por Poder Público, se entiende que es “la potestad inherente al Estado, que lo autoriza para regir según reglas obligatorias, la convivencia de cuantos residen en territorio sujeto a sus facultades políticas y administrativas” (Diccionario de Política, Gobierno y Administración. Pública. 1997). En resumen: a la sociedad política la podemos llamar Estado; a la regulación que la estructura y la ordena a través de la cual se ejerce el poder, la podemos llamar Derecho, y al titular del poder público y de su ejercicio, le podemos llamar gobierno.

El esquema “Formalista”, nos dice que el Estado de Derecho se concibe como un ideal político, en el que las personas deben ser regidas por el derecho y deben obedecerlo, y el derecho debe ser de tal manera que la gente puede ser guiada por él.

El esquema “Ético”, señala que el Estado de Derecho se concibe como el establecimiento de límites y controles legales a todos los poderes públicos. Es el imperio de la Ley que se produce en las instituciones democráticas. Este paradigma, da lugar a uno más progresista: el Estado democrático de derecho, que manifiesta una intervención estatal más cualitativa y selectiva, se privilegian los esfuerzos por construir, desde los valores democráticos, una sociedad civil más vertebrada, sólida, participativa y fuerte, respetando en todo momento la supremacía constitucional.

Con este marco teórico, sería bueno saber si el Estado mexicano podría obtener mayor legitimidad social al aplicar el Estado de Derecho. Yo creo que sí, siempre y cuando se logren otras cosas, por ejemplo: crear y reforzar marcos jurídicos que sean conocidos por los mexicanos y respetados por todos, incluyendo a los gobernantes. Y también, combatir a las instituciones públicas corruptas, pues es urgente que sean más transparentes y que rindan cuentas. Ya el abogado e investigador, Víctor Blanco Fornieles, señaló que “un buen indicador de legitimidad del Estado, se puede observar si existe orden, obediencia y cumplimiento del derecho por parte de quienes tienen la tarea gubernamental”.

Desde luego, al intentar aplicar el Estado de Derecho, es importante reconocer que “el Derecho es vida social normatizada”, es decir, cambia constantemente, por ello es necesario hacer y rehacer leyes aplicables en el momento, que sirvan y que prevengan conductas delictivas.

Es un hecho que el hombre participa en la construcción o deconstrucción del Estado de derecho democrático e interviene y genera transformaciones político-sociales que modifican a favor o en contra su entorno próximo. La relación del ser humano en occidente con el Estado, el Derecho y el Poder público es inherente, lo mismo que su rol en el avance o retroceso del respeto a los derechos fundamentales. Por eso, la aplicación del Estado de Derecho no se puede evadir. El Derecho, sencillamente da la posibilidad de jugar con reglas claras que posibilitan o deberían posibilitar el desarrollo humano. Por supuesto, el Estado de Derecho no debe ser visto como un concepto mágico que todo lo resuelve por sí mismo, pues al final del día, el concepto resulta claro para algunas personas, pero aún hace falta escudriñar por qué no está siendo asimilado por muchos mexicanos, que más bien perciben al Derecho como un instrumento de poder que los reprime.

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