Una de las lecciones mayores de los lamentables hechos de Iguala, en Guerrero, fue que todos los partidos políticos tomarán conciencia de la infiltración en sus filas por parte de los poderes fácticos, y que en el caso de Michoacán todos fuimos testigos de lo que sucedió con el ex gobernador Jesús Reyna o con los alcaldes de Apatzingán o de Huetamo, ambos del PRI.
El PRD asumió las consecuencias del caso de José Luis Abarca –hoy preso en Almoloya- y decidió dar un ejemplo nacional para instrumentar acciones efectivas y la puesta en marcha de una nueva cultura ética en la política y defensa de la legalidad, al asumir el compromiso pleno de postular a perfiles honestos, transparentes y probos a cargos de elección popular.
Por ello, el PRD se convirtió en el único partido en México y en Michoacán que cuenta con un Protocolo para Fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política, lo que envía un mensaje claro a la sociedad.
La ley suele ser muy laxa a la hora de demandar a los ciudadanos que busque cargos de representación popular, que sean abiertos y honestos en cuanto a su información personal o para evitar vínculos fuera de la ley. En la mayoría de los partidos políticos, sólo se exige una carta de no antecedentes penales para demostrar la presunta honestidad y probidad de sus candidatos.
Antes de que se presentara el caso de Iguala, ya se habían registrado otros escándalos nacionales sobre la cooptación de políticos por el crimen organizado, como es el caso ya mencionado de Jesús Reyna o de Uriel Chávez, sin embargo el PRI jamás contempló emprender una revisión exhaustiva de sus perfiles.
En cambio, el PRD asumió el compromiso pleno e instrumentó un Protocolo que obliga a todos sus miembros y a aspirantes a cargos de elección popular a comparecer ante la autoridad cuando existan señalamientos sobre presuntas actuaciones fuera de la ley.
Hasta el momento, la dirigencia estatal del PRD ya entregó las listas de aspirantes a todos los cargos de elección popular al CEN para que pudiera iniciar una investigación exhaustiva de los mismos y notifique al Comité Estatal sí existía alguna limitante en dichos aspirantes.
Lo sucedido en Iguala, en Guerrero, debe ser siempre el acicate para impedir que se vuelvan a repetir sucesos semejantes, por eso, a la menor sospecha de que existan aspirantes con antecedentes graves, el protocolo permitirá investigar y localizar indicios de acusaciones y averiguaciones previas, y en caso de ser comprobadas por las autoridades competentes les será retirada la candidatura.
El PRD es un partido que nació para estar al servicio de México y no un instrumento de privilegio de dirigentes y servidores públicos.
Por ello, no hay vuelta atrás, y a partir de las elecciones de éste año, todos aquellos servidores públicos, militantes y aspirantes a algún cargo de elección popular se someterán a la más rigurosa evaluación, transparencia y escrutinio público, por lo que todos estamos obligados a cumplir con el Protocolo para fortalecer la Cultura de la Legalidad y la Ética Política.
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@JulietaLopezB