Observador ciudadano/Enrique Bautista

LEYES ANTICORRUPCIÓN Y UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Más allá de la orientación ideológica de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), debe reconocerse que las declaraciones que su dirigente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, hiciera en días pasados en un evento nacional del organismo celebrado en Tijuana, B.C., reflejan el sentir de la mayor parte de la población del país respecto a la actitud omisa, si no es que contraria, de los diputados al Congreso de la Unión que se oponen a que se celebre un periodo extraordinario, previo a las elecciones del primer domingo de junio,  para el análisis, dictamen y aprobacióndel paquete de iniciativas de Ley del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, ya dictaminadas por el Senado.

El cuestionamiento del sindicato patronal, cuyo anuncio se ha vilarizado en días recientes en las redes sociales, coincide con la exigencia de una multitud de organizaciones ciudadana y académicas, lo mismo conformadas por investigadores de la UNAM y de la UAM, que del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el Tec de Monterrey, y organizaciones como Por México Hoy o el propio Movimiento de Renovación Nacional (Morena).

El hartazgo de la sociedad mexicana derivado de los niveles de corrupción e impunidad que caracterizan al país ha llegado a niveles que rayan en la fantasía: de acuerdo al INEGI, la corrupción representa 9% del Producto Interno Bruto anual del país; cifra cercana a los 350 mil millones de pesos. México ocupa el lugar 95 de 165 en la clasificación de corrupción a nivel mundial, y el último lugar dentro de las naciones miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), conocida como el club de los países ricos (?).

La falta de voluntad sistemática de los legisladores, principalmente del PRI y el Partido Verde, para desahogar en tiempo y forma el paquete legislativo anticorrupción, que de acuerdo al mandato constitucional, aprobado por ellos mismo, debiera estar concluido antes  del 28 del mes que corre, es interpretado por la ciudadanía como una actitud de desprecio delos legisladores hacia el marco jurídico y las instituciones del Estado Mexicano, y desde luego hacia la ciuddania a la que suponen representar.

Ante este tipo de actitudes adquiere fuerza y pertinencia la propuesta expresada por líderes de opinión, intelectuales, ydiversas organizaciones ciudadanas, en el sentido de convocar a la redacción de una nueva Constitución a la altura de las circunstancias y las necesidades del país. Una nueva Constitución redactada por un nuevo Constituyente, representativo del sentir y las exigencias del conjunto de los mexicanos. Resulta obvio que los actuales integrantes del Congreso de la Unión no responden a ese principio.