La semana pasada el Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO, hizo público el Índice de Información Presupuestal Estatal 2014 que mide la calidad de la información contenida en los presupuestos de egresos de las entidades federativas. Es fundamental para abonar a la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local que se especifique de manera clara en las respectivas leyes de egresos en qué van a destinar el gasto público los gobiernos.
La información presupuestal, saber cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero público, es importante porque solamente así se puede crear confianza entre ciudadanos y gobierno. Salir de la opacidad es una condición indispensable para mejorar el manejo y la distribución del dinero público. No se puede hacer de otra forma más que transparentando la información. En todo caso, nada debe el que nada esconde.
A nivel nacional, el gasto público se ha incrementado significativamente, ha crecido 47 por ciento, lo que equivale a 1.5 billones de pesos entre 2010 y 2014. Gran parte de este incremento se ha canalizado al gasto de las entidades federativas, por lo que es sumamente necesario que se afinen los mecanismos de transparencia en el uso de los recursos en cada una de ellas. Para nadie es un secreto que en México acostumbramos gastar lo que no tenemos y en ese sentido, los estados y municipio solamente generan el 9.6 por ciento de los ingresos totales pero ejercen el 46 por ciento de los recursos disponibles. Del total de los ingresos generados vía impuestos, solamente el 2.5 por ciento es recaudado por las entidades federativas. En cambio, en países como Estados Unidos o España es te nivel de gobierno recauda entre el 20 y el 23 por ciento.
El Índice de Información Presupuestal Estatal 2014 se ocupa de esta problemática, de acuerdo a los resultados publicados, persisten las malas prácticas y la opacidad en la mayoría de las entidades federativas. Solamente 12 entidades obtuvieron calificaciones por arriba del promedio nacional. Las entidades que mejor calificación obtuvieron fueron Jalisco, Puebla, Colima, Sonora y Tlaxcala; mientras que las entidades que fueron evaluadas de peor manera fueron Chiapas, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato y, en el último lugar, nuestro estado, Michoacán.
Las malas prácticas que prevalecen en las leyes de egresos de los estados de la República versan sobre la falta de claridad en el límite de sus respectivos endeudamientos, ilegibilidad en la presentación del presupuesto, falta de claridad en las tasas de interés contratadas, subsidios poco claros, incumplimiento de la armonización contable, tabuladores poco claros, anexos ilegibles, entre otras muchas prácticas que dificultan al ciudadano común enterarse en qué gastan los gobiernos de los estados el dinero público.
En el caso de Michoacán, el estado peor evaluado, hace falta mucho por hacer. Lo hemos venido diciendo desde hace casi cuatro años. El manejo de las finanzas públicas en nuestro estado se ha dado en un marco de opacidad y falta de rendición de cuentas, lo que favorece enormemente a las prácticas de corrupción. Michoacán requiere un cambio de fondo en esta materia, solamente así podrá comenzar a construir una confianza entre ciudadanía y gobierno que en estos momento se encuentra aún resquebrajada.