Michoacán, bajo la lupa de la CIDH/Arturo Herrera Cornejo

Michoacán, bajo la lupa de la CIDH

Michoacán aparece en el informe preliminar de la visita que hizo a nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta, Rose-Marie Belle Antonie. En el documento se destacan los casos de Apatzingán y Tanhuato, como muestra de que en México ocurren ejecuciones extrajudiciales. De Apatzingán menciona la matanza del 6 de enero de este año y destaca que 16 personas desarmadas fueron asesinadas por elementos de las fuerzas federales.

El organismo internacional autónomo adscrito a la Organización de Estados Americanos señala que en Tanhuato el 23 de mayo también se pretendió hacer creer que las muertes de civiles fueron resultado de un enfrentamiento. Tanto en Apatzingán como en Tanhuato los testimonios e indicios apuntan a ejecuciones extrajudiciales, pues se alteró la escena del crimen para presentar las cosas simulando que ocurrieron agresiones contra la fuerza pública. La CIDH apunta que hay irregularidades en las investigaciones.

El 6 de enero de 2015 el entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, habló de sólo nueve muertos y 44 detenidos; éstos últimos fueron liberados pocos días después por orden de un juez que no encontró elementos para procesarlos. Castillo detalló dos eventos ocurridos en las primeras horas de ese día, uno en la presidencia municipal y otro en la avenida Constitución; del primero, según el entonces gobernador de facto de Michoacán, había resultado un muerto, y del segundo ocho, y para ilustrar exhibió un video en el que bajaban de camionetas varias personas “armadas” (en realidad llevaban palos) para después retroceder corriendo.

Castillo dijo que los federales fueron agredidos; sin embargo, los videos que aparecieron esa misma mañana desmintieron al virrey. El portal reforma.com publicó imágenes y videos contundentes en las que se apreciaba un antes y un después, personas desarmadas, agonizantes, que no fueron auxiliadas, una familia abrazada; contrastadas con las imágenes que proporcionó la autoridad: un fusil colocado junto a uno de los moribundos con tres cargadores que no correspondían al arma, los muertos acomodados en posiciones distintas, la escena del crimen alterada. Más tarde, la investigación de Laura Castellanos reveló testimonios de testigos y nuevos videos en los que se mostró la presencia del Ejército en la zona donde ocurrieron los hechos.

En el Rancho del Sol, ubicado en Tanhuato, el 23 de mayo murieron 43 civiles, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. La CIDH presume que también en ese caso, en lugar de consignar ante la justicia a los detenidos, las fuerzas policiales optaron por las ejecuciones extrajudiciales. En su informe sobre la visita a México “la CIDH urge al Estado mexicano a que realice de manera urgente investigaciones diligentes e imparciales que establezcan los hechos y determine las responsabilidades penales que correspondan en todos los casos donde civiles resulten heridos o muertos por parte de fuerzas policiales y/o militares, como parte de una política pública de mayor transparencia y mayor rendición de cuentas sobre hechos como éstos, y en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de justicia”.

La CIDH acudió a nuestro país merced a que México es firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. De acuerdo con la reforma de 2011, el artículo primero de nuestra Constitución establece: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también falló en el sentido de que, en materia de derechos humanos, los tratados internacionales suscritos por México tienen el mismo rango que la Constitución, y cuando nuestra Constitución establezca un límite o una restricción a los derechos o garantías de las personas los jueces mexicanos deberán velar siempre por el mayor beneficio del individuo.

Inexplicable por ello la declaración del gobernador Silvano Aureoles al acudir al hospital de oncología y atribuir los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como provenientes de “grupos que intentan manchar la imagen de las instituciones” y recordar que en los hechos del Rancho del Sol no se registró la participación del Ejército, algo que no se afirma en el informe de la CIDH, pero que sí se menciona por los hechos del 6 de enero en Apatzingán.

Extraño también que quien tuvo a su cargo la averiguación previa de los hechos de Apatzingán y Tanhuato en las que se falsificó lo ocurrido, despache aún en la Procuraduría. Sus elementos participaron en la redada ocurrida en la madrugada del Día de Reyes, en la que se llevaron inclusive a padres de familia que acudieron a la plaza a comprar los juguetes de sus niños, a taxistas y taqueros: 44 personas remitidas a un penal de máxima seguridad que resultaron ser inocentes. Sus indagatorias concluyeron en que, en el caso de la persona muerta en la presidencia municipal, se trató de un atropellamiento; con sus elementos ordenó retirar ese cuerpo y pidió el apoyo de la Policía Federal para el traslado de los vehículos allí retenidos; quien convalidó la versión con peritajes a modo de que lo que había ocurrido en la avenida Constitución había sido un enfrentamiento; y quien tuvo a su cargo los peritajes de lo ocurrido en Tanhuato fue José Martín Godoy Castro, que pese a todos sus yerros y repetidas acciones para atropellar la ley, ocupa otra vez la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado en el gobierno del nuevo comienzo.