En los últimos días hemos sido testigos y, en algunos casos, partícipes de un activo debate público que se ha dado en torno a la Ley de Telecomunicaciones, cuyo contenido se encuentra actualmente en discusión en el Senado de la República.
Por una parte, el paquete de iniciativa presentado hace unas semanas por Peña Nieto contiene, como lo hicimos saber en este espacio, un conjunto de disposiciones legales que contravienen el espíritu de los preceptos constitucionales existentes en la materia ya que no garantizan que los actores preponderantes en telecomunicaciones se sometan al juego de la plena competencia del mercado, sino que reserva espacios en los que se pueden resguardar para evitar perder el monopolio que por décadas han ostentado.
Asimismo, el paquete de iniciativas incluye un conjunto de disposiciones que a todas luces atentan contra las libertades elementales de los ciudadanos, me refiero al tema de la censura en internet. Poder restringir la señal y contenidos de la información que circula en internet y redes sociales son acciones que solamente gobiernos autoritarios como el de Cuba o Afganistán se han atrevido a hacer. Esta acción, aunada a la posibilidad de utilizar la geo-referenciación para determinar el lugar exacto en el que se encuentra un usuario de internet son actos que dan cuenta que el actual gobierno rechaza la libertad con la que circula la información en esta plataforma y refleja una posición autoritaria e intolerante hacia la crítica y el pensar diferente. Lo anterior llevó a que cientos de miles de usuarios de internet y redes sociales se manifestaran activamente en contra de tales disposiciones, denunciando públicamente los efectos que tendría una eventual aprobación de la propuesta de Peña Nieto.
Por otra parte, hay que señalar que la discusión legislativa que se está llevando alrededor de este tema no ha sido la mejor, por decir lo menos. El proceso legislativo no ha sido transparente, ni para la ciudadanía e incluso ni para los propios legisladores que están involucrados en la dictaminación de las minutas. Es de esperarse que en un asunto de la relevancia que tiene el tema de las telecomunicaciones en nuestro país se pueda tener un proceso legislativo que no levante dudas ni suspicacias y que la ley que finalmente se apruebe refleje el interés público de los ciudadanos y no intereses particulares de las empresas.
A manera de conclusión, lo que estamos viviendo actualmente en nuestro país parece ser un proceso de cambio-no cambio. Es decir, mientras que a finales del año pasado avanzaron las reformas constitucionales que por mucho tiempo habíamos esperado, en los primeros meses de este 2014 hemos sido testigos que las iniciativas de leyes secundarias, necesarias para que las reformas constitucionales tengan verdadero impacto en nuestra sociedad, vienen propuestas en un sentido contrario y no representan un auténtico avance en la materia, más bien representan un retroceso que no podemos permitirnos.