La representación popular

Ahora que inicia el proceso electoral, como ciudadanos es conveniente reflexionar sobre las personas que hoy se postulan como candidatos a un puesto de representación popular vía partidos políticos u organizaciones civiles ante la ciudadanía o electorado; el ideal es que el candidato(a) encuadre para un puesto determinado y que no sea un empleo para una persona determinada, se deben buscar personas  adecuadas a fin de que el servicio que presten a sus representados sea realmente genuino, por lo que no debemos buscar un empleo para estas, ya que el objeto es llenar los deberes de la comunidad vía la elección.

Un presidente municipal, un síndico, un regidor, un legislador, un gobernador e incluso el mismo presidente de la república ¿deben tener sueldo? La honradez y moralidad de los representantes populares son lo que haría eficaz el cumplimiento de sus deberes; se podría considerar que deben tener un sueldo en efecto, siempre y cuando el presupuesto de cada dependencia pueda soportar debidamente el gasto siendo el mismo no honeroso; incluso se puede pensar que en el caso de un síndico o un regidor, estos no deberían ser incluso remunerados.La clase política mexicana goza de una serie de retribuciones y prestaciones económicas sin igual respecto de otros paises, no se diga la jurisdiccional con montos exagerados, siendo lo anterior totalmente un abuso al erario público. El abuso que se ha tenido en este sentido, ha llevado al rechazo ciudadano en la participación electoral y con ello viene el descredito de los partidos políticos en general; pareciera que con los sueldos tan altos que cobran, se premia el fracaso, la indolencia e incluso el incumplimiento del deber.

El contenido del artículo 127 Constitucional parece una utopia, al aludir que tanto los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades; ya que las bases ahí consignadas son letra muerta al obtener muchas veces beneficios económicos al simular actos dentro de las competencias de las dependencias e instituciones, estando aún muy lejano el momento en que el representante popular se entregue a sus gobernados como es imperativo,recibiendo un emolumento simbólico por sus servicios prestados, actuando dentro del marco ético de cada uno de los empleos asignados. ¿es mucho pedir?, seguramente no tendríamos a tantos pre candidatos como hoy en la especie acontece.