La nueva Ley Orgánica/Hugo Gama

El pasado nueve de septiembre, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán que abroga la vigente que fue publicada el nueve de enero del 2008.

La Ley Orgánica resulta ser el instrumento jurídico por medio del cual se establecen las dependencias de la administración pública centralizada que coadyuvan para que el titular del Ejecutivo pueda cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales y legales.

Dicha norma organizacional es el primer reflejo del tipo de gobierno, la visión, el planteamiento programático e ideológico que identificará a una administración, pues en ella se conceptualiza las ideas para el ejercicio del poder público y del cumplimiento de sus obligaciones y funciones.

La Ley Orgánica que en próximos días será motivo de discusión en el Pleno del Congreso del Estado, resulta ser una nueva ley, no se trata un par de reformas, lo que indica que desde este momento podemos enterarnos de lo que será la próxima administración estatal.

Me llaman la atención los primeros artículos de la nueva propuesta, pues contiene conceptos e ideas que a mi consideración resultan progresistas y ajustadas a la realidad y la demanda social.

Resaltan los “principios rectores de la Administración Pública Estatal”, enumerándose una serie de conceptos: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, institucionalidad, transversalidad, gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, sustentabilidad e igualdad sustantiva. Es preciso señalar que aún ley vigente establece solamente, la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, equidad, eficiencia y profesionalismo.

De igual manera, en lo que podría ser la nueva Ley Orgánica se establece que, todas las autoridades tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos estipulados en la Constitución federal, los tratados internacionales, la Constitución local, la legislación secundaria, normas y reglamentos, lo cual deja evidencia de un entendimiento de claro del artículo primero constitucional y del principio pro homine, lo que es una novedad en este tipo de normas de carácter organizacional.

Encontramos el reconocimiento de las áreas cuyo origen es la Constitución local, como lo son las secretarías de Gobierno y la de Finanzas, lo que deja claro el orden jerárquico de las dependencias.

Se pueden observar diversas disposiciones de carácter obligatorio para todas las dependencias y entidades públicas, como son: convenir con la federación y los municipios, garantizar la transversalidad de los programas y someterse a evaluación, contar con un órgano interno de control y con una unidad de igualdad sustantiva en cada dependencia, implementar la mejora regulatoria y simplificación administrativa como política pública, entre otras.

Ahora bien, la administración pública quedaría integrada por dieciocho dependencias y dos coordinaciones dependientes de la oficina del gobernador, mismas que serían: Secretarías de Gobierno; Finanzas y Administración; Contraloría; Seguridad Pública; Desarrollo Económico; Turismo; Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico; Desarrollo Rural y Agroalimentario; Comunicaciones y Obras Públicas; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad; Educación; Cultura; Salud; Política Social; Pueblos Indígenas; Migrante; Procuraduría General de Justicia; Coordinación de Gabinete y Planeación; y Coordinación de Comunicación Social.

La novedad en la Ley Orgánica que ya fue aprobada en comisiones y que en breve se someterá a aprobación del Pleno, sobresalen las secretarías de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad; Contraloría, y la Coordinación de Gabinete y Planeación.

Estas nuevas dependencias dejan ver la apuesta e idea para el desarrollo del estado, pues ya no solo se contemplan el área económica y rural, sino que la ciencia y tecnología, es una nueva apuesta para el impulso de la entidad, pensando seguramente en el aprovechamiento del talento de las universidades y tecnológicos, pero también en las innovaciones de las empresas.

La de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como la de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad, muestran la intención de apostar por la correcta explotación de los recursos naturales y la protección de los mismos, así como el ordenamiento urbano y rural de manera especializada. En ambos casos, la oportunidad de gestión de recursos de fondos nacionales e internacionales se podría facilitar, es decir, son conceptualizadas con visión de desarrollo y no solo como instancias normativas.

La Contraloría, sin duda será una dependencia con mayor capacidad de vigilancia de los recursos públicos, pues de acuerdo a las nuevas funciones, su prioridad será la prevención. En el caso de la Coordinación de Gabinete y Planeación, sobresale la facultad para garantizar la transversalidad de los programas y las políticas públicas. Sin duda estas dos áreas serán fundamentales para el cumplimiento de los principios rectores.

No se puede negar que es indispensable una reorganización de la administración pública, pues la ley vigente dejó de ser funcional, por lo que es deseable una nueva Ley Orgánica, sin embargo, ninguna ley por buena que sea funciona por sí misma, para su ejecución requiere del entendimiento y la voluntad humana.