La gran deuda con los niños

El pasado 15 de julio, autoridades federales realizaron un operativo en el albergue La Gran Familia, en el estado de Michoacán. Como resultado de esta acción se obtuvo el rescate de 458 menores de edad y 138 jóvenes, así como la detención de 6 trabajadores acusados, entre otras cosas, de trata de personas, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

Este suceso ha llamado, desafortunadamente, la atención de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas. Tal es el caso de la Unicef, quien a través de un comunicado de prensa expuso la necesidad de México de contar con un control nacional de registro y supervisión de albergues y casas de cuidado, así como de “construir un sistema más amplio de protección a la infancia, que responda de manera eficiente a todos los casos de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.”

Al respecto, es importante mencionar que el DIF Nacional ya ha trabajado con legisladoras de todos los partidos políticos precisamente para construir ese sistema. Lo planteado por la Unicef puede ser complementado con tres preguntas: en nuestro país, ¿contamos con un registro de albergues, casas de asistencia y guarderías?, ¿se ha otorgado a alguna autoridad la facultad de supervisión de los mismos? y ¿contamos con una instancia rectora para la protección de los derechos de la población atendida en estos espacios?

Recordemos que hace algunos años, tras la tragedia ocurrida en la guardería ABC del estado de Sonora, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, cuyo propósito es brindar seguridad y protección a todos los niños y niñas que son cuidados temporal o permanentemente en establecimientos públicos y privados.

Gracias a esta ley, actualmente existe un Registro Nacional de Centros de Atención Infantil (Recai) que es operado por el DIF Nacional. En este registro se concentra la información de todos los establecimientos donde se atiende y cuida a niños y niñas. Sin embargo, esta información es proporcionada por los registros estatales y, hasta la fecha, no todos los estados han adecuado su legislación para regular este sistema de información, lo que ha impedido su adecuado funcionamiento.

Por otra parte, la ley general y las leyes locales que han sido emitidas en esta materia contemplan la facultad de supervisión y establecen que esta debe efectuarse, por lo menos, una vez cada seis meses. Sin embargo, regularmente es el DIF quien vigila e inspecciona estos establecimientos, no obstante que la atención y cuidado de niñas y niños es un tema complejo y debe tener una visión integral, por lo que es necesaria la articulación de esfuerzos de diversas autoridades y de la sociedad civil para hacer efectiva su protección.

Así, la Secretaría de Salud debe supervisar las condiciones de nutrición y salubridad; la Secretaría del Trabajo, lo relacionado con la prevención de la explotación infantil; la Secretaría de Educación, lo que respecta al acceso y calidad de la educación inicial, básica y media superior, y Protección Civil -en coordinación con los ayuntamientos- debe supervisar las condiciones de seguridad. La participación de la sociedad civil es indispensable para que las autoridades lleguen a conocer las situaciones de riesgo cuya solución no siempre está en sus manos.

Es importante señalar que prácticamente todas las organizaciones de la sociedad civil que hoy cuidan y atienden a miles de niños y niñas a lo largo del territorio nacional sortean infinidad de problemas. Por tal razón, lo ocurrido en Michoacán no debe llevarnos a menoscabar su prestigio o afectar el desarrollo de las actividades que realizan y que benefician a muchos. Por el contrario, es imprescindible voltear a verlas para supervisarlas, pero también para apoyar y reconocer las acciones que desempeñan.

Finalmente, la gran deuda de nuestro país con niños y niñas es el Sistema Nacional para la Garantía de sus Derechos. Asegurar el acceso a ellos es un tema complejo, de ahí que sea necesaria la articulación y coordinación de autoridades y sociedad civil para que actúen a su favor.

Un sistema de esta naturaleza debe ser adoptado en todo el país, porque de otra manera los niños y las niñas seguirán siendo el sector más vulnerable de nuestra población. Sabemos que asegurarles desde su nacimiento el acceso a todos sus derechos representa un gran costo, pero la inversión garantiza que tengan un mejor futuro, lleno de oportunidades y que vivan en una sociedad pacífica, desarrollada y en armonía.