En estos momentos en los que la presión por parte de grupos normalistas y de militantes de la CNTE es constante, es un hecho que está sirviendo de cortina de humo para realizarse una contrarreforma educativa en la entidad, habiendo una gran cantidad de evidencias para sostener tal afirmación, ya que la táctica es movilización, movilización y más movilización para distraer a la opinión pública y extenuar a la autoridad establecida, generando toda suerte de desmanes para impedir la concreción de la Reforma Educativa y paralelamente, desde los escritorios de sus aliados y alfiles institucionales, modificando el sentido de la norma para generar un nuevo orden sindical. Acciones hay muchas que se están realizando al respecto, de las que la gran mayoría se concentran en torno a temas relacionados con el personal de la SEE. Veamos:
Bloqueo a la labor de los planteles inscritos en el programa de Escuelas de Tiempo Completo, fundamentalmente los ubicados en la ciudad de Morelia, por su importancia geoestratégica en la implementación de medidas de presión y en el hecho de que la ubicación del centro de trabajo es sinónimo de estatus entre los trabajadores de la educación.
Suspensión de programas sociales, como el de la entrega de útiles escolares y uniformes, reconociendo y después reculando el propio titular de la SEE que este recurso se utilizaría para pagar nómina, lo cual genera una ola de cuestionamientos aún mayores. Los efectos colaterales son múltiples, ya que equivale quitarles libretas a los niños para pagar salarios a la CNTE. Ni qué decir de los proveedores del sector papelero, a quienes les representa un ingreso que contribuye directamente a reactivar la economía a nivel local, ya que la gran mayoría de las empresas de este sector son familiares.
Destino de recursos públicos para pagar programas de la CNTE, tales como la impresión de los libros alternativos de la CNTE, que fueron reconocidos por el propio Subsecretario de Educación Básica.
Negativa a la bancarización del pago de nómina, con el bloqueo de las sucursales de la firma bancaria que realizará el proceso.
Contratación de 988 normalistas de manera temporal, transgrediendo toda la normatividad establecida al respecto, específicamente la enunciada en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
No contratación de profesionistas idóneos, a quienes se les ha hecho esperar de manera ignominiosa y transgrediendo la convocatoria y normatividad inherente.
Nombramiento de funcionarios educativos afines a la CNTE y cesión de áreas enteras de la SEE con la finalidad de cumplir con cuotas de corporativismo, en malentendida, torcida y retrógrada concepción de gobernabilidad.
Entrega de planteles de educación normal a grupos afines a la CNTE, ya sea mediante el nombramiento de directivos afines o de ceder a las presiones estudiantiles, como en los casos de la Escuela Normal Superior de Michoacán, la Escuela Normal de Educadoras, la Escuela Normal de Educación Física, el Centro de Actualización del Magisterio Michoacano, que de facto opera como otra escuela normal más.
Remoción de personal no afín a la CNTE, fundamentalmente en cargos directivos y de supervisión escolar.
Envío de avisos a balazos a funcionarios no afines a la CNTE, que han hecho renunciar por lo menos a cinco servidores públicos.
Oficialización de irregularidades que datan de administraciones anteriores, siendo parcial la autoridad en la toma de decisiones, revocando lo que la normatividad y un elemental sentido de justicia indican.
Generando opacidad en torno a las jubilaciones y renuncias que se han realizado desde la aprobación de la Reforma Educativa a la fecha, desconociéndose al momento qué se ha hecho con tales plazas.
Si bien la lista podría continuar con un largo etcétera, la permisividad de la autoridad ante la presión que sirve de lubricante para que la maquinaria de la protesta profesional acelere es inaceptable, tanto ante la contrarreforma en marcha como con la contención de la violencia, hechos ante los cuales la omisión de ninguna manera puede ser calificada de prudente o inteligente. En el pasado, el mensaje de lograr audiencias y mesas de negociación con condiciones totalmente favorables para los grupos de protesta ha calado hasta los huesos al sistema educativo estatal, por lo cual prácticamente todas las causas se litigan en la calle.
Si bien es indispensable el diálogo y la no provocación entre las partes, lamentablemente es mucho más estentórea la presión, al grado de opacar toda intención de empatizar. Todo apunta a que se está dando un abuso consensuado, una relación sadomasoquista entre autoridad y grupos de presión que genera desazón e inconformidad entre la sociedad. La infiltración de los movimientos es más que evidente. Se debe de hacer prevalecer el estado de derecho.
¿Quién responderá por el tiempo perdido, la ignorancia inducida, la desinformación galopante, la incubación de más violencia, las pérdidas materiales y por la descomposición aún mayor del tejido social? El costo está abiertamente socializado, el beneficio posible solamente se repartirá entre los perpetradores de la contrarreforma educativa michoacana. El tiempo lo dirá todo.
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