La Tuta: El Profesor/Erik Avilés

Trabajar en el  sistema educativo, ya sea dentro o fuera de las aulas, conlleva una enorme dosis de ejemplaridad; implica lograr educar a la niñez y juventud, actuando siempre bajo el imperativo categórico kantiano, haciendo rendir el presupuesto siempre escaso, actuando para mejorar las condiciones de trabajo y propulsar el desarrollo comunitario,  teniendo un consejo para quien lo solicite, estando prestos para escuchar y asesorar a padres de familia, colonos y pupilos por igual, entre muchas otras funciones correlativas a los puestos. Es indubitable que ejercer a plenitud el magisterio es un reto monumental para cualquier ser humano. La inversión educativa que realiza el pueblo de Michoacán está en más de un 95 por ciento dedicada al pago de los salarios de los trabajadores respectivos, por lo que se infiere que en esa proporción recae en ellos la  responsabilidad de generar los servicios de calidad que demanda la entidad para su desarrollo integral.

En el contexto mencionado, revisando múltiples indicadores que subrayan los magros resultados educativos que logra Michoacán, se puede afirmar que nuestro sistema educativo no solamente es altamente ineficiente y fallido, sino que cobija e induce a la corrupción. Partiendo desde el aula, basta recordar que se cuenta con el dudoso honor de ser el primer lugar en el factor “copia” dentro de la extinta prueba ENLACE, donde uno de cada diez estudiantes incurrió en tan perniciosa práctica, que en otras naciones se castiga con la expulsión de quien realiza tal acto de deshonestidad académica. Asimismo, son constantes los sucesos de acoso escolar y toda clase de violencia que  sufren los estudiantes michoacanos.

Fuera del aula, dentro de la administración educativa,  parece ser mucho peor la situación, ya que no  hay manera de eludir el hecho de que al interior de la SEE hay grupos delincuenciales que trafican con las plazas laborales: las crean, clonan, arrebatan, esconden, desaparecen y  distribuyen a su arbitrio. El hecho de que una plaza docente alcance el precio de  trescientos mil pesos  en el mercado negro convierte en  un jugoso negocio el medrar con los espacios laborales de quienes renuncian o son cesados, así como de fallecidos, jubilados, pensionados y plazas de nueva creación; todas las anteriores debieron ser concursadas en su momento de acuerdo al mandato explícito de la normativa inherente, pero ante el costo de oportunidad que pudiese representar burlar la ley, esto simplemente no se hace.

Más aún: desde el despacho del Secretario de Educación hay reconocimiento explícito de que existe delincuencia organizada operando al interior de la SEE. Las evidencias se encuentran a la vista, hay quienes han sido amedrentados, balaceados, levantados, amenazados, acosados, perseguidos, desplazados e incluso cesados por no prestarse a las decisiones delictivas.Esto implica que hay trabajadores de la educación que en lugar de ejercer sus facultades y atribuciones con justicia y diligencia, están al servicio de las redes de corrupción, que opera en un entramado burocrático torvo, en el que incluso conectar un celular a la red inalámbrica de la oficina o sacar una simple fotocopia se convierten en crasas indiscreciones, de donde se desprenderá información que posteriormente será integrada a un expediente que indefectiblemente será puesto sobre el escritorio de los verdaderos dueños de la SEE, quienes emitirán un veredicto para aquel que ose interponerse en sus intereses.

Pero el epítome de la infiltración delincuencial en el sistema educativo estatal lo constituye el hecho de que durante años el delincuente más buscado del país fue un otrora maestro michoacano. No es una cuestión aleatoria, es merecedor de un profundo análisis del sistema de actores, procesos y recursos intervinientes. Esel profesor Servando Gómez Martínez y su circunstancia: son sus nexos, sus amistades, sus colegas,  su formación profesional, su modus operandi, seguidos de un largo etcétera.

Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” es originario de Arteaga, “el municipio grande en educación”, según musita el letrero colocado al ingreso de la cabecera municipal, la  que cuenta con la mayor cantidad de escuelas normales per cápita del estado. Es egresado del Centro Regional de Educación Normal de Arteaga, donde obtuvo el título de profesor en educación primaria y la cédula profesional número 1576654, expedida en 1991. Al ser nacido en 1966 y titulado en el año citado, indudablemente era estudiante normalista cuando los movimientos magisteriales finales de los ochentas estuvieron en su pleno apogeo e incendiaron Michoacán. Fue formalmente trabajador de la educación hasta diciembre de 2010, cuando continuaba cobrando en la nómina de la SEE.

A pregunta expresa respecto a por qué mantuvieron tantos años cobrando su quincena al aludido, un funcionario de primer nivel de aquél entonces mencionó que ello sucedió porque “nadie se atrevió a darlo de baja”, dicho sea de paso,  ni siquiera el servidor público entrevistado.  Más aun, aunque finalmente alguien osó dejar de expedir su cheque, la base de datos  de trabajadores de la educación continuó sin actualización hasta hace un mes, cuando fue escándalo nacional que siguiese apareciendo su nombre en la misma, sin que hasta el momento sea sabido que se haya generado alguna sanción para aquellos a quienes se les pudiese imputar esta serie de omisiones sostenidas durante años.

La autoridad educativa señala que ejerció actividad profesional docente durante 15 años de servicio, siendo hasta 2006 cuando se le identificó públicamente con cuestiones delictivas, pero reconociendo su hermano que desde 2001 estuvo realizándolas. Ya estando plenamente enrolado en actividades criminales, mínimamente cinco generaciones de estudiantes de primaria pudieron haber estado en sus manos para ser formados.

Hay  lecciones de la acción de la justicia, cuyos resultados representados por la captura de “La Tuta”pueden ser perfectamente extrapolables en el saneamiento del sistema educativo estatal, que deben de partir por seguirle la pista al dinero, por confiscar bienes mal habidos, cortar fuentes de financiamiento a grupos de choque, seguir las redes familiares, sanguíneas y políticas, así como al entramado de corrupción, realizar labor de inteligencia y contrainteligencia, detectando los nodos desde donde obtienen información estratégica que les permite seguir consumando actos delincuenciales, así como sustituir y procesar a las autoridades ya cooptadas por la mafia.

No es exagerado hablar del saneamiento de la SEE: recientemente la PGR dio cuenta de sus logros en torno a la confiscación de bienes muebles e inmuebles  que adquirieron los miembros del grupo delictivo autodenominado “Los Caballeros Templarios”, cuya suma es de 2 mil millones de pesos. Enorme cifra,  equivalente al presupuesto de egresos 2015  del municipio de Morelia, pero que no debe sumar ni el 20 por ciento de lo acumulado en las minutas signadas entre la SEE y la CNTE durante el siglo XXI.  Los montos del quebranto del presupuesto educativo estatal perpetrado durante las últimas décadas  desde las redes de corrupción de la SEE seguramente harán aparecer a los Caballeros Templarios como primodelincuentes merecedores de libertad bajo fianza.

Estemos en la certidumbre de que si no se salva la educación estatal no se salva Michoacán. Por ello se deben redirigir las finalidades del sistema educativo estatal, impidiendo con todos los medios legítimos, que se desvíen de sus altos propósitos fundantes. El Estado mexicano tiene la obligación de erradicar a los delincuentes que aún pululan al interior de la SEE y realizar un saneamiento institucional integral en la entidad comenzando por la instancia responsable de formar a los hijos del Michoacán del mañana. Asimismo, ello reivindicará la profesión docente, siendo imperativo separar zánganos de abejas y corruptos de honestos.

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