Si hay un adeudo secular con los hijos de Michoacán es lograr que exista justicia social para todos.Hace más de doscientos años José María Morelos y Pavón escribió Los Sentimientos de la Nación; indignantemente, muchos de sus preceptos siguen siendo un ideal inalcanzable para millones de michoacanos. Particularmente en temas de pobreza y educación es en donde más nos encontramos alejados de alcanzar el sueño legado.

Es irrefutable que hoy enMichoacán, por ejemplo,  no se educa por igual al hijo del labrador y del barrendero como al hijo del más rico hacendado,  como anheló Morelos, ya que las diferencias entre escuelas públicas y privadas se ensanchan, debido a la ausencia de rectoría y legalidad en el ámbito educativo. Sin embargo, el sistema educativo estatal consigue tan bajos resultados en múltiples indicadores que es un hecho que ni el labrador ni el hacendado se pueden sentir ni conformes ni satisfechos con la educación que reciben sus vástagos.

Hoy, a pesar de que algunos de los ideales que barruntó el Generalísimo Morelos aún no son realidad para todos en Michoacán, no podemos actuar pasivamente, debemos redoblar esfuerzos para que las próximas generaciones tengan mejores condiciones para su desarrollo integral, partiendo del principal y  más valioso activo con que contamos, que es el talento de las nuevas generaciones. Lamentablemente, no hay ni orden ni recursos que alcancen para un sistema educativo que parte de un diseño institucional perversoen donde el secretario de educación en el estado opina exactamente igual que el secretario general de la Sección XVIII de la CNTE, en que la ley es difícil de aplicar y por ello no se hace.

Independientemente de la inacción gubernamental, Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, el pasado 18 de septiembre presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, derivado del pago como maestro frente a grupo que se ha hecho, desde 2010 a la fecha, al señor Juan José Ortega Madrigal, Secretario General de la Sección XVIII de la CNTE, quien ocupa plaza de docente con los códigos de plaza 076912E0281000002748 y 076912E0281000006193, adscrito al centro de trabajo con clave 16DPR0860E que corresponde a la Escuela Primaria Rural “Mariano Matamoros” ubicada en la  comunidad El Tesorero, municipio de Apatzingán, en el estado de Michoacán, desde el 2010. La denuncia también pide que se investigue y, en su caso, se inicie acción penal en contra de todas las personas que, en situación similar a Ortega, han faltado sistemáticamente a sus responsabilidades como docentes, así como a los funcionarios públicos del Gobierno local y del Gobierno Federal que hayan estado involucrados en aquellos pagos que se consideran ilegales.

Mexicanos Primero exige justicia para Michoacán, porque mantiene rezagos de siglos pasados que son enormes adeudos sociales con millonesde michoacanos que  han nacido en esta tierra sin que hayan encontrado las condiciones necesarias para su desarrollo integral, por lo que han tenido que emigrar o tomar senderos erróneos de vida, siendo incapaz nuestro gobierno de hacer realidad los ideales de José María Morelos y Pavón en cuanto moderar la opulencia y la indigencia, aumentar el jornal del pobre y mejorar sus costumbres, alejando la ignorancia. Todo lo anterior, como consecuencia directa o indirecta de un sistema educativo colonizado, injusto, corrupto y simulador.

Mexicanos Primero ya denunció a Liberato Montenegro, del SNTE en Nayarit; a Rubén Núñez Ginez de la Sección XXIIde la CNTE y ahora a Juan José Ortega Madrigal de la CNTE por cobrar un salario  que de acuerdo con las evidencias presentadas, no devengan debidamente.Ellos posiblemente son parte de redes y fenómenos rampantes de corrupción, en los que estarían inmiscuidos los funcionarios del más alto nivel en las dependencias educativas estatales. Resulta inconcebible que Armando Sepúlveda López, aún secretario de educación en el estado, reconozca abiertamente que él permite el pago a comisionados sindicales, alegando que aplicar la ley sería un “factor de desestabilización de Michoacán”, cuando nos encontramos en caída libre gracias a la confortable inacción en la que se situaron los funcionarios que debieron velar por los intereses de un millón trescientos mil michoacanos, pero incansablemente coinciden a plenitud en sus posturas “institucionales” y declaraciones a los medios con la torcida cosmovisión de las cúpulas de la CNTE.

Ante tal escenario, el  llamado al Gobierno Federal es que combata el malgasto del presupuesto educativo tan pronto como sea posible, depurando la nómina de aviadores y comisionados sindicales que hacen cobros ilegales.

Para que desaparezca la corrupción en el sistema educativo michoacano, ya no debe haber connivencia ni tolerancia: la ley no se negocia.  El llamado al siguiente Gobierno de Michoacán es que se recupere la rectoría de educación en la entidad y sirva a las niñas, niños y jóvenes, así como a sus maestros, impidiendo el abuso y el chantaje. El primer acto de corrupción que comete un funcionario es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias; por lo cual la estructura de la SEE por ningún motivo deberá de contar con funcionarios inexpertos, improvisados o que tengan antecedentes de permisividad con las exigencias de grupos fácticos, ya que afectarán con sus acciones al pueblo de Michoacán.

Nuestra entidad requiere más que nunca justicia en el sector educativo. La sociedad civil organizada ha dado un primer paso que deberá ser secundado por el gobierno estatal, con acciones contundentes y apegadas a derecho que expliciten su discursiva voluntad de alcanzar un estadio superior de desarrollo integral, propulsados por nuestro sistema educativo.

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