Transparencia y rendición de cuentas en los estados

En tres semanas los nuevos senadores tendrán que pronunciarse si están de acuerdo en que los gobiernos estatales y municipales transparenten el uso y manejo de los recursos públicos de que hacen uso, al menos de la misma forma en que ahora lo hace el gobierno federal. Esta ley hará una dupla muy importante con la ya aprobada Ley General de Contabilidad Gubernamental y en conjunto podrán evitar muchas de las lamentables prácticas que en materia de finanzas públicas y de administración de recursos reiteradamente se llevan a cabo en las entidades federativas.Hechos como el conocidísimo “moreirazo”, donde el gobierno de Coahuila reportaba una deuda estatal de 8 mil millones de pesos cuando rondaba ya los 36 mil millones, o como el que actualmente estamos atravesando en Michoacán con este sobreendeudamiento que tiene en la quiebra a las finanzas del estado o hechos como los sucedidos en Tabasco, Zacatecas, Estado de México, entre otros, entidades en las que se desviaron cientos de millones de pesos que tenían como destino el mejoramiento de la infraestructura escolar básica o el mejoramiento de la infraestructura en salud, son lamentables acontecimientos que podrían evitarse en caso de que los senadores de la República decidan aprobar la iniciativa de ley que el Presidente Calderón envío al Legislativo mediante la modalidad de iniciativa preferente de la que ya tuvimos oportunidad de comentar.Y no es porque la información reportada por el Gobierno federal sea todo lo buena que se requiere para que los ciudadanos conozcamos oportunamente cómo se ejercen los recursos públicos, pero sin duda el detalle y oportunidad de la información federal es mucho mejor que la mayoría de las entidades federativas. Asimismo, esta iniciativa propone modificar lo que está en el ámbito de la autoridad federal, es decir, los reportes del uso de los recursos federales transferidos a los estados, que sólo el año pasado ascendieron a 477 mil 256 millones de pesos por participaciones y 641 mil 646 millones de pesos por aportaciones federales. Las primeras son recursos que los gobiernos estatales pueden asignar libremente, mientras que las segundas se tratan de fondos etiquetados. Empero, la suma de los dos conceptos fue de 1 billón 118 mil millones de pesos, lo que significa que el 34 por ciento del gasto total realizado por el sector público se reporta de manera muy desigual, y en general en forma deficiente.Por ejemplo, en materia de educación esta reforma a la ley otorgará más certeza en el uso que hagan las entidades a este tipo de recursos ya que se obligará a los gobiernos estatales a presentar el detalle del personal magisterial comisionado y con licencia, un dato que ha generado mucha controversia ya que es hora que aún no se sabe con certeza cuántos comisionados del sindicato de educación reciben sueldo como profesores y no imparten clases frente a grupo.Por la naturaleza y los alcances de esta iniciativa, es muy probable que se enfrente a múltiples resistencias para su aprobación, particularmente aquellas provenientes de los gobernadores del PRI ya que este vacío legal les ha permitido hacer uso de manera discrecional y patrimonial de los recursos públicos que administran destinándolos principalmente a la operación de campañas políticas y electorales. Mientras tanto, las señales de que algo está muy mal en los gobiernos de los estados continúan expresándose. Recientemente la agencia Moody´s informó que las calificaciones crediticias empeoraron de nueva cuenta ya que en su conjunto la deuda de las entidades superó los 400 mil millones de pesos.Esperemos que los senadores de la República, de todos los partidos, sean consientes de la necesidad de aprobar estos cambios a la ley, tal y como los envió el Ejecutivo, sin que hagan cambios que generen lagunas legales y, en consecuencia, la permisibilidad implícita de estas prácticas que tanto dañan al erario, a la sociedad y a la calidad de nuestra democracia. De aprobarse en los términos en que fue enviada, estaremos frente a uno de los principales cambios legales en materia de fiscalización y rendición de cuentas que nuestro país haya vivido