Juego de ojos
La corrupción en el ámbito del sector público comúnmente se origina por el ejercicio de conductas que más allá de sus atribuciones legales realizan algunos servidores públicos a fin de promover o alcanzar beneficios particulares a costa del bien común. Es decir, es el abuso en el ejercicio de las encomiendas públicas, como las que tiene el gobernante, el representante popular o el funcionario público, para generar beneficios personales o privados a costa de erosionar o afectar el interés de la sociedad.Para todos nosotros la corrupción es un fenómeno conocido ya que parte importante de nuestra historia como país se ha escrito bajo la práctica cotidiana de este cáncer social. La corrupción fue la marca distintiva, aunque no exclusiva, de los gobiernos priistas: la tranza, el “cochupo”, los funcionarios y políticos jugando el papel de empresarios “beneficiados”, las artimañas en la adjudicación de contratos de obras y servicios públicos, y un sinfín de trampas orquestadas desde las entrañas del poder para favorecer intereses particulares de los gobernantes en turno. Un sistema que funcionaba muy bien, pero para muy pocos y muy mal para la mayoría.Una de las principales fuentes de la corrupción es la impunidad, y su combate es responsabilidad del Estado Mexicano ya que en la medida en que no se castigue la corrupción de manera clara, transparente y eficiente, no habrá incentivos suficientes para su erradicación en el sector público.A diferencia del pasado, hoy día la principal fuente pública de actos de corrupción se encuentra a nivel estatal y municipal lo que contrasta con el viejo régimen, cuando la corrupción era el pan nuestro de cada día en el ámbito federal. Casos como lo que actualmente está sucediendo en el estado de Coahuila o en el de Oaxaca donde se ha comprobado que funcionarios estatales del más alto rango recibieron dinero de particulares, o bien desviaron, más bien se robaron, recursos financieros del erario público, son casos que al no ser castigados ofenden a la ciudadanía y, también, contribuyen en la construcción de la idea de que la corrupción no es castigada en nuestro país.Según cifras de la asociación civil Transparencia Mexicana, la corrupción en nuestro país cuesta alrededor de 35 mil millones de pesos al año, lo que equivale a más de la mitad del presupuesto anual que se destina al programa Oportunidades. Por ello, el impacto que tiene la corrupción en el bienestar de la sociedad es muy grande ya que significa un costo de alrededor de 14 por ciento de los ingresos promedio de los hogares mexicanos y hasta un 33 por ciento para los hogares más pobres del país.Cabe señalar que entre las entidades más corruptas a nivel nacional, podemos encontrar al Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Guerrero, Oaxaca e Hidalgo.Bajo este contexto, debemos tomar como una buena noticia el que, esta semana, la Cámara de Senadores aprobó la creación de la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Combate al Lavado de Dinero que se encargará de perseguir de oficio los delitos de corrupción cometidos por funcionarios desde el orden municipal hasta el federal.Esta reforma consiste en incluir un nuevo apartado al artículo 102 Constitucional en donde se establecen como principales atribuciones de esta Fiscalía las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción, así como la investigación y persecución de este delito. Se trata de un organismo con plena autonomía de gestión y con facultades suficientes para sancionar a servidores públicos corruptos de cualquier nivel de gobierno, ya sea estatal, federal o municipal.Aún cuando falta la aprobación de esta minuta en la Cámara de Diputados y al menos en diecisiete congresos locales, que son la mitad más uno, por tratarse de reforma constitucional, el paso que se da en la lucha contra la corrupción es alentador y crea la posibilidad de construir una nueva cultura en los servidores públicos que beneficie a la sociedad.Este es un claro ejemplo de la importancia y del impacto que puede llegar a tener la buena tarea legislativa. Esperemos que esta iniciativa no padezca la suerte de muchas otras en la Cámara de Diputados, donde el PRI tiene mayoría. Suerte que circunscribe al congelamiento, al bloqueo, o bien a su rechazo cuando las iniciativas que se presentan, a pesar de favorecer ampliamente al interés público, no comulgan con los intereses particularísimos de este partido político. Por cierto, lo que es acto muy similar al de la corrupción.