Índice político/Francisco Rodríguez

Mancera: como el buen juez, por su casa empieza

Desde el descubrimiento de la imprenta, los medios de comunicación colectiva y los defensores de su libre expresión han cobrado tal importancia que deben ser situados en el comienzo de los intereses básicos o derechos prioritarios del hombre.

Los medios y la defensa de los derechos humanos son parte de la misma ecuación social: tienen una correspondencia biunívoca. Ambos tienen en la sociedad presente, la posibilidad de lograr la libre expresión, el acceso a la información y la coadyuvancia en el ejercicio de la indispensable rendición de cuentas.

La función social que desarrollan los defensores de los derechos humanos y los periodistas debe ser compatible con el mínimo respeto‎ que la autoridad de cualquier nivel de gobierno debe tener a su ejercicio.

Sobre todo en un panorama de crisis moral, ética, de valores, y en un marco social de ejercicio impune de la depredación y el derroche, que nos hace parecer más a organismos elementales que sobreviven en la ley de la selva, o del asfalto, que a seres humanos.

La solución a este aparente problema de duplicidad en la misma función no es otra que la adecuación de los argumentos de su defensa a la realidad social. No es necesario que se haga ciencia ficción cuando su salvaguarda se puede lograr con imaginación, emoción social y sentido político.

Por ello es bienvenido el esfuerzo de la saliente Asamblea Legislativa del Distrito Federal al expedir una Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¡Hasta que al fin a alguien se le ocurrió un mecanismo eficaz! Ya el lunes fue promulgada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Afortunadamente esta legislación tiene “dientes”. Se aleja en su espíritu y objetivos a los “decretazos” de un solo dedo a que nos acostumbró la pareja presidencial panista de funestos recuerdos.‎ O a las “reformas estructurales” de telecomunicaciones del Pacto por México.

Y es que desde que, en el 2002, Fox y Marta Sahagún exentaron a los medios electrónicos del pago en especie del 12.5% de sus tiempos para mensajes gubernamentales, a cambio de que sólo un pequeño vector de sus transmisiones se dedicara a agigantar la pobre imagen del guanajuatense venido a más, los trabajadores sabían hacia donde se dirigía esta abjuración del Estado.

Este es ya otro país. Uno que a veces hace sudar a los gobernantes hasta para recordarles en qué mundo viven. O para ubicarlos frente al espejo para saber si aún tienen dos dedos de frente.

Los medios no cumplieron su obligación social

Desde que se inició el proceso de reglamentación de ‎los medios en los sesentas, éste se orientó con un claro beneficio para la sociedad, pues incluía la obligación de orientar al pueblo para que aumentara la conciencia sobre la necesidad de la transformación de su entorno físico y cultural.

Se pretendía que los medios cooperaran con los centros educativos para concientizarse de la realidad social y obtener de ésta los elementos que‎ le permitieran lograr el progreso moral, económico y cultural del colectivo.

Que los medios, en su carácter de concesiones o autorizaciones del poder público, contribuyeran a desarrollar la capacidad de organización y aprendizaje de las clases desposeídas.

Que promovieran la difusión de los valores universales de la cultura hacia los diferentes sectores sociales y zonas geográficas del país, a través de una permanente interacción, como una de sus labores prioritarias.

Cuando se relajaron las taxativas, cuando se abandonaron los principios de la socialización y de la comunicación, caímos en el peor de los mundos posibles: los medios, desafortunadamente pasaron a ser propiedad de los factores de poder regionales, incluso los del trasiego y del latrocinio.

La ancestral explotación, las aberrantes desigualdades sociales, lo accidentado de la topografía mexicana y, para colmo, el insulso privilegio que impulsa a las grandes empresas de comunicación masiva, constituyeron el obstáculo más serio para la integración social y para el ejercicio profesional.

Hoy, ser periodista en México, ser defensor de los derechos humanos en este entorno selvático, es una profesión de riesgo extremo. Se juega materialmente la vida en favor de un ejercicio vocacional que en todo el mundo civilizado es motivo de culto.

Libertad, lo que se requiere antes que otra cosa

Si se considera a la educación y a la politización como condiciones sin las cuales no se puede formar un pensamiento libre y tener al mismo tiempo los elementos mínimos para expresarlo, es preciso reconocer que lo que se requiere antes que otra cosa, es libertad.

Sólo tiene sentido educar y politizar al pueblo si es que, a través de estos procesos de formación ciudadana, se le permite influir al ciudadano de a pie en la toma de decisiones para la mejor y más decente vida en sociedad.

Por ello, con gran visión en el ámbito del Distrito Federal, se acompaña la promulgación de la nueva ley tutelar de periodistas y defensores de derechos humanos con un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión.

Porque la libertad de expresión y el acceso a la información básica no consiste únicamente en el hecho mecánico de hablar o de escribir sobre cualquier problema político o sobre la defensa de las garantías constitucionales; debe estar sustentada en la más amplia protección a quienes la ejercen.

Debe recordarse que los espacios comunicativos y radioeléctricos en nuestro territorio son, en el primer supuesto, garantías intocables y en el segundo caso, propiedad originaria de la Nación.

Y que la alianza corrupta entre intereses políticos y grandes capitales siempre tratará de privilegiar a los consorcios de todo tipo en el acceso a las frecuencias radiales y televisivas en todas sus bandas de frecuencia, lo que ha originado todo un zipizape intolerable.‎ La cereza del pastel fueron las “reformas estructurales” en las telecomunicaciones.

En manos ‎de monopolios, la concentración despiadada de las “concesiones” –hermanas gemelas de la adjudicación directa, a juzgar por lo que se ha vivido– se entregan a placer de pequeños grupos económicos que producen “para jodidos”.

Y sí, producen cotidianamente aberraciones golpistas, como alentar y disfrazar devaluaciones, encubrir torturadores y asesinos, promover el contrabando y el narcotráfico, aplaudir medidas de alcance transexenal y hasta gazapos abominables. Sus ridículas parodias incentivan la delincuencia sin freno ni brida.

La Capital Social: esfuerzo por los derechos humanos

Es imperdonable la candidez con la que políticos y partidos de todo el espectro ideológico nacional se entregan a manos libres al supuesto poder cautivador de la fuerza de la imagen.

Es ridícula la fascinación que sigue irradiando el monopolio televisivo de los medios electrónicos para apoyar que se expidan, en minutos, a velocidad turbo, leyes cuyos efectos van a tardar generaciones en biodegradarse.

Pareciera que todos coinciden, como en un juego de espejos de Alicia en el país de las maravillas, en que el apoyo de los monopolios de prensa, radio y televisión será definitivo en los procesos electorales en tránsito.

‎Todo es producto de mentes aldeanas -gentecitas que a lo mejor salieron del rancho hace años, pero el rancho no ha salido de ellos– que desdeñan el cambio de percepciones, los reclamos y la mentalidad de la sociedad mexicana presente, hoy como nunca, en el panorama político.

‎Asombra que ninguno de los privilegiados se aboque a tratar de esclarecer, con dedicación y participación ciudadana los atentados, vejaciones y crímenes que se cometen por culpa de su provocativa enajenación, que hace el caldo gordo a los trasegadores y delincuentes de toda laya.

Saludo con respeto la decisión del gobierno de la capital de la República en su empeño por establecer las protecciones sociales de manera solidaria para afrontar lo pernicioso de todo lo que está provocando este cochinero federal.

La protección a defensores de derechos humanos y trabajadores de la prensa confirma el empeño que se ha puesto desde la bien ganada Capital Social‎ para sostener, en medio de la crisis moral, la asistencia efectiva a la población más vulnerable.

La defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión solidifica un sistema político capitalino más eficiente y cercano a la población.

Que los derechos humanos y la libertad de prensa dejen de ser motivo de “latiguillos” retóricos para discursos baratos.

¡Basta de zarandajas y triquiñuelas! ‎

Ahora los demás gobernantes, ¡a dejar de hablar y a trabajar!

Índice Flamígero: ¿Qué es lo que ha provocado la condena social al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el asesinato del colega Rubén Espinosa y de otras cuatro mujeres? La fama pública. “La mujer del César –se dice desde tiempos inmemoriales– no sólo debe ser, sino parecer”. Por eso sostengo lo que he dicho en la radio: no es culpable, pero sí es responsable.