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AFORES, UN “ASALTO LEGAL” (1 de 2)

Eduardo Lalo Macías es un periodista de mi generación a quien respeto por no pocas razones. Ante todo por su invariable ideología progresista, pero también porque para ejercer nuestra profesión ha escalado en la academia. No sólo estudió Derecho, cuando ya era un periodista en toda forma, sino que hace apenas unos pocos meses obtuvo su maestría en esta disciplina.

Y ha sido a raíz de que aquí se transcribieran el estudio de don Francisco A. Servín de Alba sobre las Afore –“Peor que el Fobaproa”–, la respuesta del SAR y la contrarréplica del lector/colaborador que Macías me ha hecho llegar su aporte al debate: su protocolo de investigación para, precisamente, obtener la maestría en Derecho, intitulado “La Afores, un Asalto Legal contra el Trabajador”.

De sus conclusiones, le comparto:

“Es evidente que los políticos no se dan cuenta de que los indignados son millones y enfrentarán a los indignos cuando se den cuenta de que solamente se les usa para votar pero no para gobernar; ellos gobiernan a favor de las minorías y no a favor de las mayorías, ellos, salvan a los bancos, especuladores financieros, empresarios voraces, políticos y funcionarios y eso lo pagan todos pues roban y saquean, persiguen y reprimen, porque los policías les sirven como sicarios y protectores a sus intereses y no para garantizar la vida y las propiedades de los ciudadanos.

“En ese contexto, en una economía como la mexicana, la ‘esperanza’ de una vida digna, luego de tres décadas laboradas, es un gran negocio para las Afores, pues obtener una pensión al menos del 50 por ciento de su último salario, es una posibilidad muy lejana para millones de trabajadores.

“De acuerdo a un estudio mundial llamado ‘El futuro del retiro’ realizado en 21 países –entre ellos México–, por la Universidad de Oxford, mismo que se dio a conocer en 2009 en Inglaterra, se encontró que el 85 por ciento de los mexicanos necesita seguir trabajando cuando llega la edad del retiro.

“La principal razón para estar en activo, según los trabajadores, es para ‘mantener la mente ocupada’, pero en realidad se debe a cuestiones económicas, porque reconocieron ante los expertos que realizaron el estudio, que la pensión ‘no alcanza para nada’.

NI A MEDIO SUELDO

“En 1997 la estrategia comenzó a funcionar: por un lado el gobierno federal comenzó a abandonar a los jubilados, y por el otro convirtió a las Afores en un gran negocio de ‘manos blancas’; es decir, poca inversión y mucha utilidad, pues dispuso que la gran masa de dinero del fondo de pensiones pasara a manos particulares.

“Entregó el súper negocio a empresas filiales de grupos financieros internacionales. Desde entonces el sistema de pensiones va en tumbo en tumbo. Así, los trabajadores del sector privado por más que coticen a las Afores, el dinero del que dispondrán en su retiro, no será ni el 50 por ciento de su último sueldo.

“Ante el ‘colapso’ económico debidamente planeado y deliberado que obedece a los dictados del modelo neoliberal, la deuda por pensiones se hará impagable al corto plazo, pues suma nueve billones de pesos, casi el tamaño del PIB generado por el país en un año.

“Entre las entidades insolventes están el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las fuerzas armadas, las universidades públicas, Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE), estados y municipios y la banca  de desarrollo.

“Pero la joya de la corona de este ‘hoyo’ financiero nacional la tiene el Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado (ISSSTE), cuya deuda pública se calcula en un billón 600 mil millones de pesos.

“Inclusive, Joel Ayala Almeida, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), encubre, con la sombra protectora del gobierno federal, una presunta complicidad en la ‘desaparición’ de 700 mil millones de pesos de los fondos de ahorro de burócratas” (Continúa).

Índice Flamígero: Nos enteramos ayer: Al cierre de diciembre de 2013, la Consar reportó un total de 50 millones 878 mil cuentas de afores; de las cuales, casi 34 millones corresponden a trabajadores registrados, es decir, personas que eligieron a la administradora de su preferencia y firmaron un contrato con ella. En tanto, casi 17 millones de cuentas; es decir, 1 de cada 3, corresponden a trabajadores asignados que, en la mayor parte de los casos, ni siquiera saben que están inscritos en este sistema de ahorro para el retiro.