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LA MAFIA JIMÉNEZ ILLESCAS

El éxito de la reforma hacendaria recién aprobada pudiera quedar en manos de una camarilla corrupta y mafiosa. A escasos días de que el Tribunal Federal Fiscal y Administrativo (TFJFA) elija a su nuevo presidente –inopinadamente, este jueves 2 de enero, en sesión privada y, prácticamente, sin personal administrativo–, la pugna entre dos grupos se calienta y salen a relucir actos y eventos contrarios a la ética con la que deberían desenvolverse sus magistrados: trece, de los cuales once son panistas.

Un escándalo de alcoba, “comisiones” cobradas a quienes litigan créditos fiscales impuestos por el SAT… y hasta un chantaje salen a la luz pública.

Y es que, mientras eran negociadas y aprobadas las recientes reformas constitucionales en materias fiscal, política y energética, en el órgano jurisdiccional que habrá de resolver las controversias entre los contribuyentes y el fisco, se da ahora mismo una lucha intestina por la presidencia cuatrienal que está por dejar Manuel Jiménez Illescas –uno de los once magistrados panistas heredados por la docena trágica de Fox & Calderón– en la Sala Superior TFJFA, integrada por trece togados, incluido Juan de Dios Castro, que impuso a nueve magistrados cuando era consejero jurídico del fallido y fatídico calderonato.

De los aspirantes a presidir este Tribunal, solamente dos son militantes del PRI: el veracruzano Alfredo Salgado Loyo y la sonorense Magda Zulema Mosri Gutiérrez; los otros aspirantes son los panistas Rafael Anzures Uribe, Manuel Luciano Hallivis Pelay, Guillermo Domínguez Belloc, Víctor Orduña Muñoz y Rafael Estrada Sámano.

Otra peculiar aspirante panista, protegida ella por el actual presidente del TFJFA, es Nora Elizabeth Urby Genel, magistrada coahuilense, sentimentalmente vinculada al magistrado Miguel Alfonso Delgado Cruz, actores ambos de un conflicto familiar que ha escalado y trascendido públicamente, al extremo de que ella encarna otro posible asunto de abuso de poder y de autoridad judicial, como fue el caso del ministro David Genaro Góngora Pimentel, quien –usted recuerda– se aprovechó de su posición como presidente de la Suprema Corte de Justicia y encarceló a su ex pareja para no pagar la pensión alimenticia a sus dos hijos menores de edad, autistas, al mismo tiempo que impulsaba la carrera de otra de sus amasias, ahora magistrada, con la que procreó otros dos hijos, mientras estaba casado con una abogada que, descaradamente, litigaba juicios en la propia Corte.

KRAMER Vs. KRAMER

Ahora se trata del penoso caso Delgado Vs. Delgado, protagonizado por dos togados del TFJFA: la ya mencionada Nora Elizabeth Urby Genel ex de Delgado, y el magistrado de la Sala Regional en el Noroeste del mismo Tribunal, Miguel Alfonso Delgado Cruz, quienes cuando estuvieron casados procrearon cuatro hijas –hoy, ya mayores de edad; una de ellas incluso ya casada—y, tras divorciarse, la magistrada Urby promovió un juicio civil y logró que su ex esposo le otorgara el 80% de su sueldo por concepto de pensiones alimenticias, lo que éste último sostiene fue ilegal, ya que se logró en complicidad de un juez local de lo Civil, en Durango, quien nunca consideró que la ex esposa también trabaja y es alta funcionaria jurisdiccional de la Federación.

El magistrado Delgado denuncia a la Sala Superior de apoyar a la magistrada Urby y, además, de perjudicarlo, pues esa Sala obstruye la impartición de justicia en el fuero común. Esta lamentable situación personal lastima la imagen del TFJFA, pero sobre todo deja muy mal parado al magistrado presidente Jiménez Illescas, pues el denunciante asegura que está protegiendo a la magistrada Urby. En un párrafo lapidante del documento enviado por el magistrado Delgado al pleno de trece magistrados de ese Tribunal ha denunciado que:

“No es concebible que se apoye, bajo una cortina de protección, a uno de sus distinguidos (sic) miembros, como lo es la magistrada Nora Elizabeth Urby Genel, negando u obstaculizando en un asunto que ella provocó en su conducción como persona, no como servidora pública.”

Habiendo trascendió actos de prevaricación por parte de la magistrada Urby Genel y de su colega Alejandro Sánchez Hernández, denunciados por Inmobiliaria Los Azulejos, de Torreón, Coahuila, la terrible togada de ese tremendo Tribunal “… es señalada por presuntos actos de corrupción que le imputan los socios de esta empresa, pues, supuestamente les exige una mordida de 40 millones de pesos para favorecerlos en un juicio por un crédito fiscal de casi 300 millones de pesos…”, situación harto delicada que, asimismo, ha encubierto el magistrado presidente Juan Manuel Jiménez Ilescas, puesto que tiene conocimiento de todo lo que hace y deshace su protegida. ¿O será que también sus dientes están en la referida mordida?

Por si fuera poco, trascienden otros actos de corrupción en la remodelación del edificio sede Regional del TFJFA en Ciudad Obregón, Sonora –otro obscuro capítulo del Delgado Vs. Delgado–, pues, como si fuera una vendetta política en contra del magistrado Miguel Alfonso, en complicidad con empleados del equipo del actual magistrado presidente Jiménez Illescas, lo quisieron “chamaquear” para que avalara un proceso de licitación para una obra con montos inflados, superiores a los costos reales autorizados.

Sin embargo, no contaron con que el magistrado Delgado se daría cuenta de la sucia jugada y sería él, entonces, quien los evidenciara. Lo lamentable del asunto es que se podrían perder los cuantiosos recursos presupuestados y autorizados para dignificar las oficinas del TFJFA en Sonora, y que también afectara a una empresa local, a cuyos accionistas hicieron invertir grandes sumas de dinero en un contrato que recientemente rescindieron de manera unilateral los empleados de Jiménez Illescas.

¿Esta mafia panista se quedará con el Tribunal Federal que dirime los litigios entre los contribuyentes y el fisco?

¿Usted qué cree?

Índice Flamígero: Extrañando la comunicación con usted, he adelantado mi regreso a estas páginas.

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