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¿MANDO CIVIL PARA LAS FUERZAS ARMADAS?

El tema ha estado presente y ha sido discutido en por lo menos las tres últimas sucesiones presidenciales… sin que llegue a concretarse. Que, como sucede en otras democracias, las Fuerzas Armadas estén bajo el mando de un civil.

Vuelve a surgir ahora que, como en su momento lo hiciera su antecesor Guillermo Galván, el general secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos ha planteado a la Cámara de Diputados la necesidad de garantías legales para que el Ejército pueda operar en las calles del país tareas de seguridad pública.

Hoy por hoy, la destacada labor de Ejército, Marina Armada y Fuerza Aérea en la lucha contra la delincuencia está fuera de todo orden y muy alejada del marco constitucional.

La ha dicho en su oportunidad un ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, de acuerdo a un artículo de opinión del abogado Netzaí Sandoval en la revista Contralínea:

“…  conforme al Artículo 21 constitucional, las instituciones de seguridad pública deben tener un carácter civil… “que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución”. Además, estableció que mientras no nos encontremos dentro de una suspensión de garantías, en un estado de guerra o se hubiera emitido un decreto presidencial conforme al Artículo 89, fracción VI de la Constitución, el Ejército no podría encontrarse fuera de los cuarteles militares. El ministro señaló, por lo tanto, que las órdenes que emitió Felipe Calderón y las funciones que realizó el Ejército durante este sexenio resultaron abiertamente anticonstitucionales.”

Más facultades –ahora policiacas– para el Ejército, debería implicar que también hubiese una más directa supervisión civil, tal cual lo afirmara aquí en 2008, ante senadores, la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, quien aseveró que “si el Ejército Mexicano lleva a cabo funciones civiles o policiacas, debe estar bajo vigilancia de una autoridad civil”.

¿Estarían dispuestas las autoridades castrenses a sacrificar su preeminencia en el mando, cediéndolo a un civil, a cambio de “garantías legales” para mantenerse fuera de los cuarteles?

PARTEAGUAS, EN 1996

Sigilosa y paulatinamente, a partir de 1996 cuando Ernesto Zedillo despide a la totalidad de los policías judiciales federales y entrega la posición al general Jorge Álvarez Nara, representantes de las Fuerzas Armadas –altos mandos que la mayor parte de las veces están en situación de retiro– han desempeñado tareas del todo ajenas a su preparación.

Lo hemos comentado aquí usted y yo. Prácticamente todos los gobernadores piden al secretario de la Defensa Nacional en turno que les recomiende a un militar para que asuma las tareas de seguridad pública en sus respectivas entidades. No todo el tiempo, por desgracia, entregan buenas cuentas. Y todo obedece a que no están preparados para asumir tal función.

No obstante, es necesario recurrir a ellos, debido principalmente a la colusión más que comprobada de los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno con los delincuentes.

Y, peor aún, a que los cuerpos policiacos federales que hoy tenemos, fueron creados por Genaro García Luna quien, planeando, planeando, sólo se dedicó a delinquir. En la AFI de su creación, primero, desde donde se dedicó al muy rentable negocio negro del secuestro.

Y en Seguridad Pública Federal, después, donde su colusión con el narcotraficante consentido de los panistas Vicente Fox y Calderón, Joaquín “El Chapo” Guzmán, es más que proverbial.

Ambas instancias, no por nada, están hoy desaparecidas, minimizadas o hasta caricaturizadas.

Sin garantías legales, Ejército y Marina han hecho toda la tarea. Lo resume muy bien el portal electrónico Sin Embargo, en una entrevista al también general Jorge Carrillo Olea, quien, en funciones policiacas, hace 20 años capturara a “El Chapo”, sólo para que en el 2001 Vicente Fox le abriera las puertas del Penal de Alta Seguridad (sic) de Puente Grande:

“En menos de un año, la Marina acribilló a Heriberto Lazcano Lazcano y detuvo a su sucesor, Miguel Ángel Treviño, líderes del Cártel de Los Zetas, principal amenaza a la hegemonía del ‘Chapo’ Guzmán. Antes, marinos eliminaron a Arturo Beltrán Leyva ‘El Barbas’, cabeza de la organización que lleva su apellido y la otra gran amenaza para el imperio de Guzmán Loera. De Sinaloa, solamente Ignacio Coronel cayó muerto, pero varios datos apuntan a que la estructura de Nacho se desplazaba a favor de los hermanos Beltrán Leyva. Los liderazgos emergidos tras la muerte de ‘El Barbas’ y erigidos como cabezas de organizaciones regionales, también rivales del Cártel de Sinaloa, igualmente fueron capturados.

“La Marina detuvo a Jorge Eduardo Costilla, jefe del Cártel del Golfo. El Ejército mexicano habría emboscado (no hay datos que lo confirmen) y muerto a Nazario Moreno, líder de la vertiente criminal hoy agrupada en Los Caballeros Templarios de Michoacán y capturó a Jesús Méndez Vargas, jefe de la Familia Michoacana.

“Las administraciones panistas se obcecaron en terminar con el Cártel de Tijuana y lograron los arrestos y concedieron las extradiciones de Benjamín y Francisco Javier Arellano Félix. El antes todopoderoso Cártel de Juárez se consume en medio de la enfermedad de Vicente Carrillo Fuentes, la prisión de Vicente Carrillo Leyva y el embate de Sinaloa.”

Todo, pues, lo han hecho las Fuerzas Armadas. Sin garantías legales. Inconstitucionalmente, si se quiere.

Por eso, si obtienen lo que el general Cienfuegos demanda a los legisladores, quizá lo más conveniente sería darles un mando, una supervisión civil.

¿O usted qué cree?

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