Estado Ficto/Adrián Flores

A lo largo de la historia del hombre han existido diversas instituciones religiosas y legales comparables con el concepto un tanto ambiguo de matrimonio. En el estado gringolandés de Utah, cuna de los mormones, una secta fundamentalista de la secta mormona practica el matrimonio poligámico al igual que lo hacen los musulmanes. En Kirguistán se cree que una boda con lágrimas tendrá éxito y así los padres consienten el matrimonio de sus hijas raptadas con tal que estás estén hechas un mar de llanto. Y hablando de rapto, en algunas regiones de México aun es posible robarse a la novia y aun tener el descaro de enviar un “consuelo” consistente en un cartón de chelas, una botella de mezcal y/o hasta un guajolote a los padres de la desdichada.

Visto originalmente como un contrato de propiedad sobre la mujer, ésta ha ido ganando cada vez más derechos hasta salir del estado de tutelaje en que el contrato nupcial la colocaba. Durante La Reforma, a mediados del siglo XIX, se creó en México la figura del matrimonio civil, mismo que quedaría estipulado como la unión de un hombre y una mujer. Hoy en día las madres de este país gozan de una cantidad de derechos con los cuales los padres apenas pueden soñar.

Se ha avanzado tanto en esta materia que ya cuatro estados de la unión permiten el matrimonio igualitario, esto es entre personas del mismo sexo. Sin embargo en los demás, como es el caso de Michoacán, este es posible sólo mediante la vía del amparo. Básicamente los Códigos Familiares de los estados no se han armonizado con la constitución federal, que si bien no hace referencia a estos matrimonios “per se” establece pautas muy claras que determinan que no puede negarse a parejas del mismo sexo arruinar su vida por la vía del matrimonio si así lo desean.

En Morelos, donde se han llevado a cabo al menos tres matrimonios igualitarios por la vía del amparo, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ y similares y conexos interpusieron esta semana un amparo colectivo contra el artículo 120 de la constitución local y los artículos 65 y 64 del código familiar que establecen que “[e]l matrimonio es la unión voluntaria de un hombre y una mujer”.

El asunto a llegado a este punto pues los legisladores locales han hecho caso omiso de dos exhortos del Senado de la República derivados de la tesis jurisprudencial 43/2015 que señala como inconstitucional toda norma que considere al matrimonio como la unión de un hombre con una mujer o establezca la finalidad de aquel es la de procrear. Por el contrario la senadora Lisbeth Hernández (PRI-MR) exhortó al congreso local a crear la llamada “Comisión de la Familia”, surgida en el 2014 en el Senado sin justificación alguna a propuesta del senador José María Martínez Martínez (PAN-JA), cuya finalidad es la de frenar el matrimonio igualitario en la entidad según han denunciado diversas asociaciones civiles a nivel nacional.

Siendo así que los legisladores estatales se niegan a reconocer los derechos de la comunidad LGBTTTIQ y además proponen un mecanismo que atenta directamente contra ésta, esta semana inició en la ciudad de Cuernavaca la campaña #TenemosDerechos, impulsada por el Frente de la Diversidad Sexual de Morelos, que busca, a través del amparo colectivo, no sólo que el congreso local legisle en concordancia para legalizar los matrimonios igualitarios sino que éstos pidan una disculpa pública a los afectados.

Mientras en Sudán un consejo de ancianos casó a un hombre con una cabra, en México los congresos locales siguen si entender que los derechos son universales y que la figura del matrimonio binario hombre-mujer no es otra cosa que un ataque contra los derechos de todos los ciudadanos del país.