Libros de ayer y hoy
Es del dominio público que el gobierno del Estado se encuentra en una incontrolable crisis financiera, que cada día que pasa la quiebra técnica de la entidad es más palpable. Como olvidar la fatídica decisión del primer secretario de Finanzas de la actual administración, Luis Miranda, de enterar 1500 millones de pesos al SAT por concepto de la retención del ISR de la burocracia local, cuando dicha obligación fiscal fue condonada a todos los Estado por un decreto de la Cámara de Diputados, pero aún así, Michoacán fue la única entidad del país y enterar ese recurso.
Los michoacanos perdimos 1500 millones de pesos gracias a la falta de pericia gubernamental, recursos que hoy pudieron ser útiles para solventar algunas obligaciones del gobierno. La industria de la construcción recién se quejó de adeudos que no les han sido cubiertos, proveedores sobreviven con la esperanza de pago, mientras, poco a poco se van realizando despidos en las empresas locales.
Hoy los burócratas del gobierno empiezan a sufrir las consecuencias de las malas decisiones de sus jefes, los funcionarios de mediano y bajo mando sufren por la falta del pago puntual de sus quincenas, poco a poco se muestran más inconformes, cada vez más sacrifican su bienestar y el de sus familias para poder cumplir y mantener su trabajo.
De manera habitual el pago quincenal de los jefes de departamento, subdirectores y directores es depositado hasta con otra quincena de retraso, más grave es que los viáticos no les son entregados en el momento de la comisión, y han llegado a pasar hasta tres meses para su entero, viéndose los empleados en la necesidad de financiar los viajes con sus propios recursos, situación que les afecta directamente en su economía familiar.
Aunado al sacrificio que realizan, arrastran con otra loza que es propiciada por la falta del pago puntual de los salarios o el entero a proveedores de servicios. Muchos de esos funcionarios menores tienen créditos hipotecarios o bancarios, sus pagos les son descontados directamente y de manera automática en sus tarjetas de nomina por los propios acreedores. El gran problema es que al no pagarles sus salarios de manera puntual, los acreedores no pueden cobrarse, lo que ocasiona que a esos empleados les cobren intereses moratorios y los marquen con la ignominiosa sanción del buro de crédito.
Lo mismo pasa con el pago en cheques, a muchos de esos empleados les aplican descuentos por servicios como seguros de vida, pago de bienes muebles, incluso la pensión alimenticia. En este caso es la propia secretaría de Finanzas la que hace los descuentos, y es esa dependencia quien por convenios debe pagar a los acreedores de los trabajadores, sin embargo no lo hacen, ocasionando daños a los trabajadores por el cobro de intereses, suspensión de servicios, incluso problemas legales.
Los burócratas que se manifiestan o se queja, obtienen una respuesta amenazadora de despido, pero por la falta de empleo y oportunidades en el Estado, esos individuos que en su gran mayoría son jefes de familia, antes que quedarse sin empleo, prefieren pedir créditos adicionales con familiares o usureros para poder satisfacer sus necesidades básicas, es decir, mantener el empleo en el gobierno estatal representa un suicidio financiero para los trabajadores.
Mientras la gente sufre las malas decisiones y la falta de pericia de los funcionarios de primer nivel, podemos observar el derroche de recursos que invirtieron en la difusión del “informe de gobierno”, se pueden ver cientos de espectaculares por todo el territorio michoacano, el gasto en desplegados en medios nacionales y locales han sido excesivos. Aquí se nota la preferencia del propio gobernador por cambiar la mala imagen de su fallido gobierno, aunque ello implique sacrificar los ingresos familiares de sus empleados.