El presidente se queda corto

El discurso del presidente Enrique Peña Nieto al regresar de su gira por China y Australia se quedó corto. Desde su óptica, no es necesario cambiar nada. Bastará con una gira con su gabinete al estado de Guerrero y con la consignación de quienes fueron partícipes de los hechos ocurridos a partir de la noche del 26 de septiembre en Iguala. La culpa es sólo de los criminales. Si la visión del Presidente se limita a eso, no se toma en cuenta que en otro lugar del país, más temprano que tarde, podrá volverse a comprobar la alianza de una autoridad con los grupos delincuenciales. Lo que falla es la estructura del poder y hay una negativa a reconocerlo.

El Presidente no anunció cambios en el gabinete ni iniciativas que se concreten en modificaciones a la legislación que norma al poder; por el contrario, el mandatario manifestó su disposición a una salida autoritaria, pues advirtió la posibilidad del uso de la fuerza para restablecer el orden: “es el último recurso, pero el Estado está legítimamente facultado para hacer uso del mismo cuando se ha agotado cualquier otro mecanismo para restablecer el orden (…) aspiro a que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver y lleguemos a este extremo de hacer uso de la fuerza pública”, expresó. El tema de la mansión de 7 millones de dólares fue evadido y tocará contestar sobre ello al vocero Eduardo Sánchez.

De no emprender cambios en la estructura del poder, la expansión del crimen organizado y su influencia política continuará. Iguala no es el único municipio permeado por la delincuencia. Michoacán tiene bastantes ejemplos de ello. Las corporaciones policiacas municipales, los presupuestos de obras públicas e incluso las tesorerías municipales han sido un apetitoso manjar para los grupos criminales, que además de garantizar protección a sus actividades ilícitas, han canalizado para empresas filiales obra pública y dineros del erario.

El constitucionalista Diego Valadez hizo un análisis certero sobre lo que pasa en el México actual en su libro Gobierno de gabinete, publicado por la UNAM en 2003. En los días recientes ha planteado que la legislación electoral evolucionó y está a la altura de las mejores del mundo, pero el aparato del poder sigue siendo el mismo del viejo régimen, que tiene como piedra angular un presidencialismo autoritario que está desfasado.

“La disfuncionalidad es estructural y la desconfianza social es real. Ambas se potencian de manera recíproca. Para poner en sintonía al conjunto institucional hay que reformar el régimen de gobierno. Si se hace bien, ese cambio podrá producir un giro en la confianza social. Sería un gran paso para frenar la merma de gobernabilidad, cuya velocidad tiende a aumentar, y para restablecer la eficacia institucional” (Reforma, 11 de noviembre de 2014).

Mientras, la crisis política crece y la inconformidad se extiende por el territorio nacional. Iguala fue el catalizador de un hartazgo que estaba latente por la ineficacia del Estado mexicano en el cumplimiento de una de sus labores fundamentales: brindar seguridad a los habitantes del país. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa echó abajo lo que la propaganda ocultaba: México no dejó de ser inseguro. El gobierno federal trató el tema de la inseguridad como un simple problema de percepción y en ello se empeñó; lo que soslayó fue el profundo mal que ha agraviado a millones de mexicanos indefensos.

En el extranjero el gobierno mexicano perdió ya la credibilidad. El País, The Guardian, The Economist, The New York Times, CNN, entre otros medios internacionales, han dedicado amplios espacios a comentar lo que pasa en nuestro país.

El parlamentario británico Jeremy Corbin se refirió a tres problemas claros de México: la impunidad, la corrupción y la violación de los derechos humanos. Señaló que hay un cambio total de la percepción que se tiene de México en Europa, pues el supuesto control de la violencia que presumió el gobierno mexicano no se comprueba en los hechos. Por segunda ocasión consecutiva, el Papa Francisco abordó en su audiencia de los miércoles la situación de México, la violencia del narcotráfico y el tema de los normalistas desaparecidos.

Entre tanto, el relator de la ONU sobre desapariciones forzadas, Ariel Dulitzky, calificó el caso mexicano como un fenómeno de extrema gravedad, pues en las averiguaciones previas integradas por el Ministerio Público federal no se persigue el delito de desaparición forzada de personas. La consignación de los responsables capturados hasta ahora le dio la razón; ni siquiera al ex alcalde de Iguala José Luis Abarca se le fincó ese cargo, sino los de homicidio, secuestro y delincuencia organizada.

Los focos de inconformidad se multiplicaron en el país, la polarización va en aumento y la violencia se replicó en varias entidades, incluido el Distrito Federal. En Michoacán fueron lapidadas las instalaciones de los partidos Acción Nacional, Nueva Alianza y Revolucionario Institucional. La sede del Partido de la Revolución Democrática, aunque fue visitada por jóvenes enarbolando la bandera de los 43 estudiantes desaparecidos, no sufrió daños graves.

Para agregar otro ingrediente al coctel explosivo, el fin de semana que acaba de pasar buena parte de quienes inicialmente integraron las autodefensas, algunos de ellos incorporados a la Fuerza Rural, se reunieron en Tepalcatepec para anunciar que van a movilizarse y actuar contra el grupo delincuencial conocido como Los Viagras, encabezados por los hermanos Sierra Santana, que con charola y uniforme de la corporación creada por el comisionado Alfredo Castillo siguen dedicados a la extorsión.

En la reunión quedó claro que al nuevo cuerpo policiaco formado en la Tierra Caliente se incorporaron elementos provenientes de Los Caballeros Templarios, que con la venia oficial han continuado cometiendo tropelías. El gobierno no optó por recurrir a la ley, sino que usó a un grupo criminal para enfrentarlo a otro grupo criminal.