La opción
A mi Maestro Mauricio Valdés Rodríguez, ex Procurador Agrario1992 fue el año en que se dieron varias modificaciones constitucionales de trascendencia en el ámbito de los derechos sociales. La reforma del artículo 27 con relación al fin del reparto agrario y la tenencia de la propiedad social de los sujetos agrarios, ejidatarios y comuneros, sufrió un giro que los enfrentó a nuevas instituciones y a nuevas formas de relación con el mercado, la economía y otras facetas del modo de ejercer sus derechos. Se crean entonces dos instituciones que han marcado ya una época, La Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios.La Procuraduría Agraria como el defensor de los derechos de los sujetos agrarios. El ombudsman especializado en materia agraria. Que como primer gran desafió comunicó a los ejidatarios y comuneros y los pretendientes de propiedad social el fin del reparto agrario, por un lado, y por otro la certificación de los derechos ejidales y la titulación de solares urbanos. Medir la propiedad social y dar cada cual un documento que amprase esa tenencia de la tierra para ponerlo en aptitud de poder transmitir sus derechos a terceros y poder asociarse con particulares, es, sin lugar a dudas la parte medular de las modificaciones al artículo 27 constitucional.Aunque dice el tango y dice bien, que veinte años no es nada; es verdad y menos aún para los procesos sociales. Sin embargo, los indicadores dicen que se ha hecho camino al andar y el sector agrario se ha dotado de certeza jurídica y recibido inversión privada sin precedentes.Ya en 1993 en una colaboración advertíamos de la necesidad de pensar las siguientes etapas después de la certificación de la propiedad social. No bastaba responderles a los ejidatarios y comuneros con una del Fraile Mostén “tú te lo quieres tú te lo ten”. Hoy según datos y cifras mostradas por la Secretaría de la Reforma Agraria el 94 por ciento de las más de 100 millones 300 mil hectáreas que son propiedad social y que representan el 51 por ciento del territorio nacional están certificadas. En otras cifras, de los más de 31,800 núcleos agrarios existentes en el país 29,522 están certificados. Una labor titánica, no exenta de riesgos, y apasionante para quienes justo hace veinte años nos incorporamos a la Procuraduría Agraria, y entre todos, recorríamos el país dando la buena o mala, en cualquier caso nueva, noticia constitucional.Suenan bien esas cifras, y suenan mejor las que ha dado a conocer la misma Secretaría de la Reforma Agraria referente a la inversión privada tanto nacional como extranjera en el sector agrario, 144 mil 933 millones de pesos en 3,183 proyectos, en los que participan 352 mil beneficiarios. A ojo de buen labrador podríamos tantear que estos proyectos están en el 10 por ciento de ejidos y comunidades, lo cual no es cosa menor.Un gran avance sin lugar a dudas. Ahora resta analizar el camino del otro 90 por ciento de los ejidos y comunidades; su situación y perspectivas de desarrollo. Sí en el 10 por ciento se ha logrado elevar el nivel de vida de los sujetos agrarios y sus familias y las asociaciones se han dado en circunstancias equitativas la tarea de la Procuraduría Agraria es digna de aplaudirse.Hoy más que nunca la función de la propiedad social juega un papel crucial para el desarrollo y tranquilidad social del país. Aquí tenemos un papel relevante todos, los que vivimos en el medio urbano y los que viven y nos permiten vivir del medio rural y marino. No sólo para llevar los alimentos del mar y de la tierra a la mesa sino para preservar un medio ambiente sano.El medio rural requiere de ideas y proyectos innovadores que reviertan actividades y cultivos ilícitos a lícitos. Quizás tengamos que inventar una etiqueta de ejidos y comunidades con actividades licitas e incentivar en el mercado local sus productos. Pero no sólo eso. Debemos involucrar a ejidatarios y comuneros en pequeños, medianos y grandes proyectos de inversión. Hay que hacerlos socios en las empresas aledañas a sus poblados, públicas o privadas, de cualquier rama industrial. Basta un ejemplo: expropiamos sus tierras para construcción de carreteras, se da a la iniciativa privada la concesión de construcción y operación y después los pobladores aledaños no pueden subirse, si es que tienen coche, a esas autopistas pues son carísimas. Sólo les resta ver pasar los coches. En el tema de la explotación minera y de agua y de otros valiosos recursos naturales ni se diga. Así como en los desarrollos turísticos.Aprovechar los recursos sustentablemente y obtener los dividendos entre todos, no solo unos pocos que además se llevan la riqueza monetaria y natural a otros puntos distantes de su lugar de explotación es impostergable. Así como tenemos un límite máximo a la inversión extranjera en el país deberíamos tener un cupo mínimo de inclusión como socios de los pobladores cercanos a la puesta en marcha de los proyectos empresariales. A todos conviene tener una estructura social que se sienta parte de su entorno y desarrollo y no se le excluya. Luego los costos sociales son muy altos.Un ombudsman agrario que defienda los intereses de los sujetos agrarios debe seguir existiendo y debe fortalecerse en la consecución de los derechos al desarrollo, a la paz, a la democracia y a un medio ambiente sano. Debe tener un papel más activo entre las necesidades de la población rural y de las nuevas exigencias y presiones de los mercados locales, nacionales e internacionales. Debe ser capaz de procurar las condiciones para un ingreso digno de los hombres y mujeres del campo en el tema de alimentación, salud, vivienda y educación, lograr su inclusión en los proyectos de negocios y de desarrollo, y ser un vigilante celoso del aprovechamiento sustentable de la riqueza natural que ostentan y que López Velarde dio cuenta, cuento o más bien poesía, en su Suave Patria.La vida del planeta con todas sus maravillosas formas de vida no aguanta más (la tierra no aguanta más) la mano del hombre causándole desequilibrios ambientales, ni las sociedades resisten desigualdades económicas tan extremas. A nadie conviene.Ojalá el nuevo gobierno federal continúe, y transite más allá del discurso del desarrollo, con los esfuerzos que se han hecho para lograr un medio ambiente rural sano, productivo y en consecuencia una población vigorosa y participante de la riqueza natural del país.No será fácil ejercer y velar por el ejercicio de los derechos de la “triple A”, Agrario, Alimentario y Ambiental, que serán, quizás, los más importantes en el presente y futuro de la humanidad.*Licenciado en derecho, especialista en agrario; Maestro en ciencias en desarrollo rural regional; Maestro en derecho ambiental y de la sostenibilidad; Diplomado en Unión Europea. [email protected]