El final: guaruras y reemplacamiento/Arturo Herrera Cornejo

El final: guaruras y reemplacamiento.

El final de la administración de Salvador Jara no se caracteriza por la determinación de medidas trascendentales para el desarrollo del estado que distingan al gobierno que se va. Dos disposiciones de última hora retratan la breve y gris administración que termina en unos días: la auto-asignación de escoltas para después de que termine su gobierno y la contratación por 300 millones de pesos para la fabricación de placas para automotores.

Quienestá en la cúspide del aparato gubernamental hoy, tiene como rasgo la ostentación de poder. El rechazo de los gobernados es compensado con legiones de guaruras y vehículos; a falta de resultados en materia de gobernabilidad, finanzas, seguridad y educación, de lo que sí puede presumir es que se dispone de elementos armados y de vehículos blindados.

El gobernador Salvador Jara Guerrero quedó cautivo en esa parafernalia del poder y ahora determinó que la ostentación se prolongue más allá de su mandado. En una edición del Periódico Oficial, impresa pero no subida a la página de internet del gobierno, el mandatario michoacano se auto-decretó seguir contando con un grupo de guaruras a cargo del erario. Para justificar el pago del séquito que pretende tener, se argumenta que “las acciones de combate a la delincuencia, ya sea común u organizada, constituyen un alto riesgo para la vida e integridad física de quien ejerce el mando de la fuerza pública” y que el riego contra la vida de un ex mandatario “sigue latente y de no contar con protección los coloca en un alto grado de vulnerabilidad y peligro”. Con ello, el gobernador que se va, contradice su propio discurso de que Michoacán recuperó la certidumbre en el tema de seguridad (La Jornada Michoacán, 21 de junio de 2015).

En el decreto hay una frase reveladora de que Jara acaricia la idea de partir al extranjero o de menos irse de Michoacán al término del periodo: “La prestación del servicio de protección se realizará con independencia del lugar de residencia de los exgobernadores”.

La guardia que ha acompañado al gobernador Jara le ha impedido todo contacto con la población e incluso con la prensa. Herencia del Comisionado Alfredo Castillo, los elementos de la Ayudantía provienen del Estado de México y son comandados por Juan Carlos Fuentes Trejo, quien  protagonizó un incidente vial en una camioneta blindada en junio de este año; algunos de sus elementos han sido actores de hechos bochornosos, como el de Corregidora, Querétaro, la noche del pasado 22 de agosto:un escándalo y una balacera al salir de un bar, y el ocurrido en la Avenida Camelinas de Morelia el pasado 13 de septiembre, otro guardaespaldas lanzó balazos al aire, para luego ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

La medida dispuesta por Jara fue rechazada por el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, quien manifestó: “no podemos darnos el lujo de asignar guardias personales.”

Por otra parte, el gobierno jarista anunció que el reemplacamiento va, solo que será “gratuito”. Llama mucho la atención que, a punto de finalizar el gobierno, se insistiera hasta el cansancio en una disposición de la NOM 01-SCT-02-2000 que, según el gobierno estatal ordena que las láminas deben cambiarse cada tres años. En primer lugar una Norma Oficial Mexicana (NOM) no es una Ley, no fue dictada por el legislativo, no tiene aplicación general, es una norma de carácter técnico que, en este caso, fija los parámetros que deben seguir los fabricantes de placas, tarjetas de circulación y licencias de manejo para estandarizar los procesos, determinar las características, el tipo de materiales como la lámina y pintura que deben utilizar, etc.

El secretario de Finanzas, Miguel López Miranda, y otro de los policías mexiquenses que dejó Alfredo Castillo en Michoacán, el secretario de Seguridad Pública, Víctor Manuel Magaña García, anunciaron este domingo que el reemplacamiento se hará y será “gratuito” para quienes se encuentren al corriente con la dependencia encargada de las finanzas estatales, con el fin de “fortalecer las acciones de combate a la delincuencia”.

Es sabido que el control vehicular lo lleva la secretaría de Finanzas, y por otra parte, durante las dos semanas anteriores las patrullas de Seguridad Pública y los vehículos de Protección Civil se quedaron varados porque las gasolineras se negaron a cargarles combustible, como consecuencia de los adeudos que tiene el gobierno estatal con los gasolineros. Obviamente, al argumento de que la seguridad es la razón para cambiar las láminas le falta peso.

El gobierno estatal está listo para desembolsar 300 millones de pesos a quien le suministre las nuevas placas; pero los trabajadores adheridos al STASPE manifestaron que no tienen acceso a créditos del Fondo de Pensiones Civiles del Estado porque el gobierno les adeuda 450 millones de pesos.

Los adeudos del gobierno estatal con proveedores y terceros institucionales suman más de 14 mil millones de pesos y la deuda bancaria rebasa los 16 mil 800 millones de pesos. Integrantes del Comité de Adquisiciones manifestaron ayer por la tarde que no tienen conocimiento de la licitación. El asunto suena a trastupije, el negocio es  la asignación del contrato para la compra de las placas y lo están haciendo apresuradamente, en los días finales.

Al nuevo gobierno, aparte de no dejarle recursos en caja y sí muchas obligaciones por pagar, lo privan también de la posibilidad de allegarse recursos.