Ejército cuestionado; gobierno rebasado y ciudadanos alterados

Lo  sucedido en El Pericón, región de la costa chica de Guerrero, no es una acción para la anécdota sino mas bien para la reflexión, pues en estos hechos estuvieron involucrados,  el ejército mexicano, altos funcionarios del gobierno del estado, frente a un grupo numeroso  de ciudadanos alterados.

Los motivos que dieron paso a esta confrontación es uno solo: que el ejército deje de operar en territorios comunitarios y no hostigue a los policías ciudadanos y menos que les decomisen su armamento.

 Pero a pesar de en este conflicto se estiró la liga al máximo, esta no se rompió y por lo tanto no se llegó a la confrontaran y se evitó un suceso que por su magnitud hubiese resultado trágico y con consecuencias  políticas de gran calado y por lo tanto inéditas.

El ejército está actuando bajo petición expresa del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, para enfrentar no solo la ausencia de seguridad pública sino al crimen organizado que actúa sin freno en varias regiones y municipios de la entidad. La Marina, Armada de México, hace lo mismo en atención al mandatario y la policía federal actúa también en consecuencia.

Sin embargo, el operativo que implementan los miembros del ejército mexicano se ha visto afectado por la presencia de los diversos grupos de ciudadanos que portan armas y que se denominan policías comunitarios, autodefensas, etc. Quienes han insistido en querer patrullar el estado sin restricción alguna y portando armamento de grueso calibre que constitucionalmente está permitido solo para uso exclusivo de las fuerzas armadas del país.

Este diferendo es el causante de los constantes enfrentamientos entre militares y policías comunitarias y el último suceso que prendió las luces rojas fue el ocurrido el pasado martes en la región de la costa chica donde en un reten militar, policías ciudadanos fueron detenidos y se les decomisaron armas que están prohibidas para ser portadas por ellos, lo ucal provocó la irritación de los dirigentes de este grupo quienes alentaron a la población para hacer frente a los soldados y exigirles la devolución de los hombres y las armas

Mientras esto sucedía en dicha región, en otras localidades del estado, otros grupos similares iniciaron bloqueos intermitentes en las carreteras federales lo cual desquició la actividad de cientos y miles de ciudadanos que transitaban por dichas vías de comunicación.

El gobierno del estado inició una serie de operativos para que estos grupos liberaran las arterias bloqueadas, ofertando en contraparte, una entrevista con el gobernador Aguirre un día después. La propuesta tuvo eco en una región, pero en la de costa chica, los funcionarios del gobierno estatal no solo fueron víctimas de desatención sino utilizados como rehenes mientras los líderes celebraban asamblea con los habitantes de la región.

 Los soldados estuvieron por más de 24 horas rodeados por la población a fin de que no se fueran mientras se aprobaba una solución por la vía de la asamblea popular. La desconfianza en la actuación de algunos elementos del ejército fue también parte de la discusión en asamblea y en pláticas con los funcionarios del gobierno estatal.

Sin embargo, la tolerancia de los militares evitó que el asunto se saliera de curso y finalmente fueron liberados los militares no sin antes haberles advertido los comunitarios de no continuar hostigando ni presionándolos a los pobladores ni a las mismas policías comunitarios.

Los esfuerzos por evitar que las policías comunitarias rebasaran al gobierno del estado fracasó estrepitosamente, pues ya los líderes de la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero) y la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias)  no quieren ya mantener diálogo con el gobernador Aguirre sino que ahora solicitan entrevistarse con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y con el titular del poder ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

La reunión de este miércoles (7 de agosto) en la capital del estado no logró amarrar acuerdos sólidos para que los policías comunitarios no violenten los acuerdos firmados anteriormente (en Xaltianguis) y sean respetuosos con quienes vigilan y hacen prevalecer el estado de derecho como el ejército mexicano. En esta reunión solo repitieron el guión sobre demandas sociales, aplicación de políticas públicas a favor de las comunidades rurales pero nunca se planteó abiertamente la inclusión de estos cuerpos de policías ciudadanos a la ley estatal que está promoviendo el gobierno estatal ante el Congreso local.

Por lo tanto, las cosas siguen igual, pero ahora con un nuevo elemento que es la reunificación de los grupos comunitarios que abarcan ya decenas de poblados en igual número de municipios donde la inseguridad pública y la violencia no ha logrado ser mitigada por las fuerzas regulares y por ende deben intervenir las fuerzas armadas como son el ejército y la marina.

El gobernador Aguirre debe ser responsable al asumir compromisos con el gobierno federal, pues muchas veces y en diferentes ocasiones, no solo no las cumple sino que alienta a tras mano a quienes se oponen a integrarse a un sistema policiaco regulado por las leyes y con mandos legalmente constituidos.

Periodista/Analista Político*

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