Declinan legisladores fiscalizar al Gobernador

La ausencia de división de poderes en el estado de Guerrero ha quedado al descubierto una vez más ya que, sin el menor escrúpulo, los legisladores declinaron ejercer su responsabilidad social que les otorgaron en las urnas los ciudadanos.

El coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la comisión de gobierno del congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, fue el encargado de promover una serie de acuerdos y negociaciones con las fracciones parlamentarias a fin de que sin discusión y por lo tanto sin revisión alguna, se aprobara la cuenta pública del gobierno del estado del año 2012.

De esta forma el legislador perredista promovió que la corrupción y la impunidad continúen siendo preponderantes en la vida pública del estado y que fuesen enviadas al cesto de la basura las leyes que obligan a los servidores públicos a cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas.

La crónica periodística de Hugo Pacheco León, del diario El Sur, no deja nada a la imaginación, mas bien, da cuenta puntual de la forma como el diputado Ortega, convertido en emisario personal del gobernador del estado, Ángel Heladio Aguirre Rivero, solicitó a cada coordinador de los partidos, PRI, PAN, PVEM, MC, la aprobación a cambio de que la bancada perredista apruebe las propuestas que éstos partidos hicieron al proyecto de la nueva constitución política de Guerrero que próximamente votarán, además de convenir otras canonjías que no fueron reveladas, particularmente las solicitadas por los legisladores del Movimiento Ciudadano, lo cual abona a la desconfianza que tiene la ciudadanía hacia la clase política guerrerense.

Aún y cuando se dio a conocer que la Auditoría General del Estado había envido su informe del año 2012 sobre la situación que guarda la administración pública estatal y que no les ha sido posible analizarla, discutirla y debatirla a los encargados de la comisión de presupuesto y cuenta pública del Congreso local, y menos a lod demás legisladores, éstos se dispusieron a dar ‘’un cheque en blanco’’ al perredista Ortega Jiménez a fin de que pudiera cumplir con el encargo del ejecutivo estatal.

Hay un dicho que afirma: ‘’quien nada debe nada teme’’, por lo tanto, sería interesante conocer los porqués del acelere del legislador del sol azteca y sobre todo saber a que le teme el gobernador Aguirre de que se hagan las revisiones de los gastos efectuados por su gobierno frente a la opinión pública y se expongan las formas como se manejaron los recursos públicos estatales cuando solo es el 3 por ciento del total del recursos económico manejado que deben revisar pues el resto le corresponderá hacerlo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sin embargo, este tres por ciento que corresponde a los recursos públicos del estado de Guerrero los legisladores declinaron fiscalizarlos, pues así convino a sus intereses dándole una vez mas la espalda a la ciudadanía y negándose a cumplir sus obligaciones para lo cual fueron electos y perciben inmejorables salarios y prestaciones.

Por lo tanto, no tienen los diputados salida alguna para declinar hacer su tarea tal y como se lo mandata la ley, la cual está muy por encima de sus espurias negociaciones que han realizado a espaldas de la población a la que le deben rendir cuentas y por lo tanto, deben obligar que el ejecutivo cumpla fielmente con la ley y compruebe que hizo una pulcra aplicación de los recursos públicos que hoy por hoy, están altamente cuestionados.

Es difícil pero no imposible promover juicios políticos contra los funcionarios y servidores públicos que no cumplen con sus obligaciones, quienes además, frente a la opinión pública, exhiben el desprecio que tienen hacia los ciudadanos quienes los llevaron a ocupar una curul con la consigna de que fuesen verdaderos representantes populares y no comparsas o mandaderos del poder ejecutivo estatal.

Nuevamente, se confirma que en Guerrero solo el poder ejecutivo manda y los otros dos poderes—legislativo y judicial—obedecen.

No nos queda la menor duda de que mientras continúen estos abusos y excesos de poder, la democracia en la entidad solo servirá para  que se fortalezca el caciquismo político y prevalezca la situación de pobreza, marginación, violencia y desigualdad social.

Si alguna duda había de que los diputados al congreso de Guerrero eran solo empleados del ejecutivo, hoy Bernardo Ortega Jiménez, del PRD, los exhibió como lo que son y ni uno solo logró zafarse de la inmensa corrupción que embarga a la administración pública estatal y dieron carta de naturalización a la impunidad, enterrando en lo mas profundo del lodazal las leyes que obligan a los servidores públicos a la transparencia y la rendición de cuentas.