De permisos y algo más

Tras la tormenta tropical Manuel que dejó serios daños en Guerrero y que todavía se continúan padeciendo–pues ya está aquí el ciclón Raymond—las autoridades federales dieron a conocer que se abrirían investigaciones, particularmente por lo sucedido en el puerto de Acapulco—en la parte de la zona Diamante—donde autoridades locales—municipio y estado—otorgaron licencias de construcción en zonas no aptas para tales obras, sobre todo en zonas denominadas humedales y en donde no solo se afectó el medio ambiente sino la vida natural y ecológica.

La ambición pudo más que el deber de aplicar la legislación vigente.

El presidente Enrique Peña Nieto ha reiterado el interés para aplicar sanciones a quienes cometieron tales fechorías y particularmente aplicarles lo que dictamina la ley de responsabilidades para los funcionarios públicos, pues el daño ocasionado a la población acapulqueña es impagable, sobre todo si se toma en cuenta de que hubo varias personas que perdieron la vida en esta contingencia histórica.

Pero vayamos por partes:

El gobierno federal dijo que iba abrir una investigación al respecto.

El gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero se apresuró a decir que él entregaría en una semana un expediente sobre los responsables. (no ha cumplido).

El alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, no se quedó atrás y trató de lavarse las manos y señaló que se daría la información necesaria para deslindar responsabilidades.

Los ciudadanos organizados, especialmente los arquitectos e ingenieros, fueron los primeros en dar a conocer abierta y pulcramente la forma como los planes director de desarrollo urbano para esa zona devastada de Acapulco por la tormenta Manuel fueron violentados abiertamente y sin rubor alguno por administraciones municipales recientes.

Con toda esta información que se tiene, es posible que varias administraciones locales y estatales se vean involucradas de otorgar licencias de construcción en esos lugares que debieron prevalecer como pulmón verde para esa zona turística pero no les fue posible retraerse de sus ambiciones los gobernantes en turno.

Pero mas allá de lo que podrían decir tanto el gobernador como el alcalde o como los ciudadanos organizados, el gobierno federal cuenta con documentación fehaciente en todos los medios de comunicación impresos y electrónicos de la época cuando con bombo y platillo los gobernantes anunciaban la puesta en escena de obras de construcción y después también con frivolidad desmedida inauguraban dichos centros habitacionales, los edificios públicos, los fastuosos centros comerciales  de automóviles y centros de diversión.

Con estos documentos se podrá asegurar que las autoridades locales y estatales estuvieron de acuerdo para la construcción de inmuebles en zonas peligrosas y de alta vulnerabilidad ecológica como se pudo constatar con los daños causados por la tormenta tropical de Septiembre pasado.

El gobierno federal deberá poner a trabajar a sus funcionarios del CISEN para que vayan hasta lo mas profundo a desvelar lo que ocurrió y porqué y quiénes ocurrió la tragedia de Manuel.

No deberá el gobierno federal por ningún motivo esperarse a que el gobernador—quien nuevamente incumplió su palabra al no entregar en tiempo y forma los documentos prometidos por él mismo—les entregue un informe al respecto pues este será sin duda inverosímil al igual que el entregado por el alcalde de Acapulco, quien ha padecido de amnesia al olvidarse que uno de los principales autores de la desgracia fue su compinche y ex colaborador de profesión, Alberto López Rosas, quien fue alcalde de Acapulco a partir del año 2002 y quien mas licencias de construcción otorgó a diestra y siniestra e incluso provocó la ira de los aviadores al autorizar la construcción de edificios de mayor altura en las cercanías del aeropuerto internacional acapulqueño.

Zeferino Torreblanca Galindo, tanto como alcalde como Gobernador, tuvo mucho que ver también con las licencias de construcción otorgadas en dicho perímetro y lo mismo hizo el ínclito Manuel Añorve Baños y el inefable Félix Salgado y hasta el propio Luis Walton quien tiene vela en el entierro al haber sido (o quizás todavía lo sea) propietario de amplios terrenos en zonas de humedales donde construyó varios negocios.

Por lo tanto, los informes interesados tanto de Aguirre como de Walton tienen que ser desechados por el gobierno federal y si en realidad quieren saber la verdad pues tendrán que abrir su propia investigación y entrevistarse con la sociedad organizada que ya habló al respecto y que tienen amplios conocimientos sobre el tema y también reiterar que los medios de comunicación de la época tienen muchísimo que aportar y de un valor verdaderamente importante.

Hablar solo de permisos no es válido, es menester también hacer mención que para que haya un delito se necesitan dos y además de los gobernantes corruptos hay empresarios corruptores y quienes sin importarles lo que en el futuro les pudiese pasar a sus clientes, hicieron lo posible para comparar conciencias, terrenos y construir a su gusto con las consecuencias hoy hartamente documentadas.

Por lo tanto el gobierno federal y particularmente el presidente Peña Nieto, si en realidad quiere hacer justicia, deberá aplicar la ley tanto a corruptos como corruptores, esto es, contra gobernante en turno y empresarios involucrados en esas transacciones.

Sería una medida ejemplar para que no se vuelva a vivir una tragedia como la pasada en Acapulco producto de la desmedida ambición de autoridades y empresarios.

Esto apenas comienza.

Todo está por verse.

Ahora veremos de que está hecho el Presidente Peña y que posibilidades tiene el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong de congraciarse tanto con su jefe como con los guerrerenses y particularmente con los acapulqueños si es que se llega a un decisión político-jurídico para sancionar a todos los involucrados en esta tragedia causada por un meteoro dañino como lo fue Manuel.