De la transparencia al poder ciudadano/J. Reyes Galindo Pedraza

De la transparencia al poder ciudadano

• Afirma Norberto Bobbio: “La transparencia sirve como un indicador de legalidad”.

El 6 de diciembre del año 1977, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional al artículo 6o., que incorpora el derecho a la información en el sistema constitucional mexicano; garantía social relativa a la libertad de expresión, conforme a la práctica interpretativa judicial; y luego, reconocido como el derecho de la ciudadanía a conocer “la verdad”.

Durante los últimos casi quince años, la evolución legal de la transparencia y acceso a la información pública en México, ha experimentado diversas acciones y cambios institucionales que buscan fortalecer un sistema integral en la parte operativa, mecanismos, alcances y los perfiles, más eficaces y participativos, de los sujetos obligados.

El ejercicio del derecho de toda persona a la información, consiste en tres facultades fundamentales: la de recibir, investigar y difundir información e ideas; es parte de este proceso evolutivo que garantiza, de manera concordante a los tratados internacionales aplicables, el libre acceso a información plural y oportuna de toda índole.

La última reforma constitucional en materia de transparencia, promulgada en 2014, ha impuesto retos de forma y de fondo a los sujetos obligados: Autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como toda persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos del erario público, o bien, realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal; pues además de ampliar su catálogo, exige de ellos empezar a transparentarse, abrir espacios de participación ciudadana y rendir cuentas a la sociedad en coherencia con el principio de máxima publicidad.

En un Estado democrático como el nuestro, sinónimo de coexistencia del pluralismo, se trata de promover y garantizar la responsabilidad pública y de calidad en los gobiernos, a partir de descubrir al escrutinio, revisión y participación ciudadana, los asuntos del quehacer público, que al mismo tiempo hagan efectiva el respeto a los derechos humanos. Conscientes de que, entre más informada sea una sociedad, más participativa y propositiva será, o al menos es el ideal. Dotar las herramientas que permitan a los ciudadanos evaluar a sus gobernantes que, en el mejor de los casos, los conmine u obligue a desempeñarse con honestidad y eficacia, pero además, les exija la adopción de toda responsabilidad en las decisiones que en su ejercicio deban tomar.

El principio que supone que toda la información del Estado es pública, es un incentivo directo y contundente en el desarrollo de modelo de gobiernos participativos e incluyentes. No podemos, bajo ningún argumento ni circunstancia, intentar definir a la democracia excluyendo la transparencia del poder. Y es que, si retóricamente insistimos en la acepción constitucional de que el poder dimana del pueblo, consecuentemente los gobernados necesitan conocer las acciones de sus gobernantes para evaluar su desempeño.

La transparencia no es una moda ni una opción, es una obligación de publicidad de los actos gubernamentales que, al menos como se idealiza, controle las acciones de quienes detentan el poder, distinguiendo lo que es lícito de lo que es ilegal. “Rendir cuentas” no solo amerita de una alta dosis de voluntad y oficio político, es algo mucho más complejo, que requiere de la operación y articulación legislativa que haga conlleve a esta realidad a transparentarse.

Los servidores públicos deben informar, explicar y justiciar sus acciones, logros y desaciertos, a los ciudadanos. La legislación en la materia debe orientar sus esfuerzos a establecer una actitud proactiva que transparente el ejercicio público y el uso de los dineros que son de todos.

Quienes ejerzan, o aspiren, a desempeñarse en la función pública, deben asumir una conducta responsable y transparente, no solo como un mandato temporal hasta en tanto concluya su encargo, sino con la disposición de hacerla un estilo de vida, práctica institucional permanente. Asimismo, los ciudadanos también somos corresponsables en la consolidación de este propósito, principio de legalidad, reconociendo su importancia como derecho “llave”, ejerciéndolo y exigiéndolo como parte de una reivindicación social frente a las instituciones del poder público. Estoy convencido de que ello fortalecerá un auténtico Estado de Derecho con una democracia efectiva.

Permítanme finalizar puntualizando que, las reformas constitucionales en materia de transparencia reflejan cierta voluntad política en aras de avanzar hacia un verdadero sistema de rendición de cuentas de los actos que realizan los servidores públicos de todos los niveles, a través de mecanismos de información y de fiscalización.

La “savia” de la transparencia, como política pública, hace de un Estado que el poder sea accesible al ciudadano, predomine la ley y siente las bases del desarrollo sostenible; es esencial para la salud de la Nación.

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