De infiltrados y rebeldes/Arturo Herrera Cornejo

Luego del estreno mundial de Tierra de Cárteles, documental en el que se da constancia de la actividad delictiva de integrantes de la Fuerza Rural, y tras una serie de atentados ocurridos en los últimos días en contra mandos de esa corporación, el gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero acabó por reconocer, el pasado martes 28 de julio durante una gira efectuada por el municipio de Penjamillo, que hay infiltrados de grupos criminales en esa policía creada por el ex comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán Alfredo Castillo.

En Castillo prevaleció el estilo de Genaro García Luna, con quien colaboró en la Agencia Federal de Investigación y en la Secretaría de Seguridad Pública Federal: la realización de montajes para engañar a la opinión pública instrumentando golpes mediáticos, espectaculares, vistosos, pero falsos a final de cuentas y, por lo tanto, ineficaces.

En Tepalcatepec Castillo dijo a los integrantes del primer grupo de la Fuerza Rural: “hoy los que representan al Estado son ustedes”, semanas después en La Huacana al tomar protesta a los integrantes de la corporación en esa demarcación, el entonces comisionado les dijo que la nueva policía no podía ser infiltrada por el crimen organizado, y la definió como un“cuerpo nuevo, virgen, que ha nacido limpio”.

Castillo, aseguró dos meses antes de irse que en Michoacán el crimen organizado era cosa del pasado; ante el presidente de la República Enrique Peña Nieto, quien visitaba el municipio de Álvaro Obregón, el procónsul aseguró: “lo que tenemos hoy es una delincuencia eventual, propia de la idiosincrasia, de la dinámica que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social’ (La Jornada, 20 de noviembre de 2014.)

Ocultaba entonces que los delincuentes se habían incorporado a la Fuerza Rural, como ejemplos: “El Cinco”, “El Americano”, “Los Viagra” y “El Abuelo”, a quienes presumió, en su momento como ejemplo de que la sociedad y el gobierno iban de la mano.

Otro fue el caso de la Policía Comunitaria de Aquila, los indígenas se rehusaron a portar el uniforme de la Fuerza Rural, embodegados se quedaron los atuendos, según apuntó en su oportunidad el padre Gregorio López, “El Padre Goyo”, para quien el problema de fondo en esa región es el control de las minas. “Esa es la zona de minas más rica del país, es la número ocho en el mundo y a Castillo no le recibieron ni sus uniformes ni sus credenciales”, enfatizó en una entrevista con quien esto escribe, realizada en julio de 2014 en Apatzingán.

Semeí Verdía, líder de la Policía Comunitaria de Santa María de Ostula, en el municipio de Aquila fue acusado de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, detenido por la policía estatal con el apoyo del Ejército y la Marina el pasado 19 de julio, en medio de incidentes trágicos que derivaron en la muerte de un niño de doce años y en el enfrentamiento entre indígenas y soldados.

Verdía fue enviado a una prisión federal de Nayarit, libró la cárcel federal al ordenar un juez su inmediata liberación pues el arma que portaba le fue proporcionada por el gobierno estatal.

Al salir del penal de Nayarit fue capturado de inmediato y trasladado a la cárcel de Mil Cumbres en Michoacán. El encargado de despacho de la Procuraduría estatal, Jaime Rodríguez Aguilar, se enredó al ser cuestionado en el noticiero radiofónico “Respuesta” este miércoles 29 de julio al asegurar que no habían  ejercitado dos órdenes de aprehensión del fuero común, anteriores a su reclusión en Nayarit, pues se les adelantó la federación, no obstante que fueron fuerzas estatales las que detuvieron a Verdía en Aquila para entregarlo a los federales.

Al líder indígena se le acusa ahora de haberse robado unos rollos de alambre de púas que eran propiedad del gobierno estatal que, inexplicablemente, estaban en un predio particular del presidente municipal de Aquila, así como de la muerte de un hombre ocurrida el día en que Semeí fue víctima de un atentado que casi le cuesta la vida.

Fue el gobernador Salvador Jara quien le dio a la detención de Semeí Verdía el carácter de persecución política al declarar: “retó a las autoridades”.