Cuando se impone la terca realidad

Ocultar información fue el eje central de la “estrategia” en materia de seguridad que siguió el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se consideró que callar y sugerir callar era lo único que se necesitaba para que el problema de la violencia desatada por el crimen organizado por sí solo se resolviera. Adicionalmente, la reforma en materia de seguridad contemplada en el Pacto por México se pospuso, por delante se colocaron las reformas energética, política, de telecomunicaciones, financiera, fiscal y educativa. Ese afán por no reconocer la realidad derivó en la crisis que ahora vive el país.

El festejo gubernamental por los logros obtenidos con la aprobación en el Congreso de las reformas que le interesaban al Presidente hizo que se olvidara lo realmente importante. Para un después indefinido quedaron el compromiso 32 del Pacto por México, que implicaba fortalecer el marco legal para atender con eficacia los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes y la desaparición forzada; el compromiso 33, que contemplaba la expedición de la cédula de identidad, y el compromiso 75, que planteaba las policías estatales coordinadas.

El gobierno de Felipe Calderón publicitó en exceso el combate al crimen mediante espots de radio y televisión. El gobierno de Peña Nieto se fue al otro extremo, optó por un panorama en el que a falta de difusión se creara la percepción de que en seguridad las cosas marchaban mejor; pero se impuso la terca realidad. La censura impuesta por el gobierno federal no pudo contener lo que al final apareció en Iguala. El gobierno no ha logrado someter a control a los grupos criminales, éstos, por el contrario, tienen cuotas de poder político y el control de corporaciones policiacas. En la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa estuvieron coludidos los policías del municipio perredista de Iguala y los policías del municipio priísta de Cocula.

En Michoacán la historia no ha sido diferente. Recién llegado a la entidad, en marzo de este año, reunido con la delegación estatal de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, el comisionado Alfredo Castillo expresamente solicitó que no se difundieran hechos de violencia durante por lo menos seis meses.

Se ha procurado manejar las percepciones mediante el control de la información. Recientemente han ocurrido diversos hechos que se han ocultado y, ante las evidencias, incluso se han negado. Doce integrantes de la Fuerza Rural desaparecieron en Uruapan y el comisionado Alfredo Castillo negó que se tratara de integrantes de la corporación; sin embargo, el presidente municipal uruapense, Aldo Macías Alejandres, corroboró que sí eran efectivos de la Fuerza Rural, dos de ellos aparecieron decapitados, del resto aún no se tienen noticias. Hubo silencio oficial sobre seis integrantes de la misma corporación que aparecieron muertos en La Huacana.

En Los Reyes, el miércoles 3 de diciembre, integrantes de la Fuerza Rural bloquearon la presidencia municipal en protesta contra la Policía Federal, que ha detenido a varios integrantes de la corporación. Según la página Valor por Michoacán “Poncho (uno de los responsables de la Fuerza Rural a quien señala como ex integrante de La Familia Michoacana) trae mucho criminal, jóvenes que se ponen borrachos y cuando están borrachos se creen los dueños del mundo”. La Policía Federal detuvo a varios elementos de la Fuerza Rural en esas condiciones y ello ocasionó el bloqueo; oficialmente la información se ocultó.

Luego de tres días de estar desaparecida, la joven uruapense Kassandra Bravo Caro apareció muerta y desollada; su muerte desató el malestar ciudadano en la Perla del Cupatitzio; cerca de San Andrés Corú fue localizada otra mujer muerta que fue lapidada y quemada. La información oficial tardó en salir, en ese afán de mostrar un Michoacán en el que todo ha vuelto a la normalidad.

Cuando ocurre un hecho de violencia se cerca el área; las agresiones que han tenido las corporaciones policiacas para la prensa se derivan de que nadie de los medios puede acercarse, pues se busca el control de la información. Los fotógrafos y camarógrafos no pueden tomar imágenes, a los reporteros se les impide realizar su labor. La información sólo fluye a través del canal que estableció el comisionado. Sólo hay una versión: la oficial. Las conferencias de prensa del procurador, Martín Godoy, se limitan a la lectura de un comunicado, regularmente se impide que los reporteros hagan preguntas.

La libertad de expresión incluye el no ser molestado por investigar, recibir y difundir informaciones. En Michoacán se está violentando un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho a la Información: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar [subrayo investigar] y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

El Estado mexicano es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), el cual de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es también Ley Suprema de toda la Unión. El artículo 13 del Pacto de San José establece que el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y que este ejercicio no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades ulteriores y que deben estar expresamente fijadas por la ley.

Una de las características de los regímenes democráticos es que la información fluye libremente; por el contrario, en los autoritarios y dictatoriales la información se controla. Visto el fracaso a nivel nacional de la política de control de la información, ¿por qué se insiste en Michoacán en mantenerla?