Comunicación fallida y ¿Ruptura constitucional?

Alejarse un poco del lugar donde uno habita permanentemente le da posibilidad de ver desde fuera lo que ocurre en su entidad y tener una visión diferente sobre cómo los que no son oriundos del lugar perciben lo que ocurre en estos lares a través de lo que reflejan los diferentes medios de comunicación tradicionales, sean estos, impresos, como periódicos diarios o revistas o en los diferentes portales de medios de comunicación digitales o lo que informan cotidianamente los medios electrónicos como son los noticiarios de radio y televisión.

De ahí la importancia de lo que se dice y lo que se deja de decir y por lo tanto la importancia que tienen las estrategias de comunicación de las autoridades locales para responder a informaciones no precisas o puntuales pero nunca tratando de desmentir lo que es obvio. Esta praxis de comunicación da lugar a señalar que nuestras autoridades y sus voceros no han logrado coordinar una narrativa que sirva a los propósitos de mantener una línea de información hacia los que son potenciales visitantes, lo cual es desde cualquier punto de vista un enorme error.

Luego entonces, lo que hemos percibido desde fuera del estado de Guerrero es que esta es una entidad con fuertes problemas de seguridad pública y de convulsión social y de organización institucional. Solo basta revisar lo que nos han anunciado sobre lo que sucede en este estado los medios de comunicación durante este mes de julio que ha resultado caótico en comparación con el pasado mes de junio.

Si no fuera por lo que ocurre en el vecino estado de Michoacán que le ha arrebatado el primer lugar en violencia a Guerrero, tendríamos sobre la entidad los reflectores de los medios y la problemática interna hubiese tenido hoy una difusión ultra dimensionada.

El caso de los policías ciudadanos, las autodefensas o comunitarias, es hoy por hoy un conflicto con muchas aristas y que puede enfrentar a los diferentes niveles de gobierno, ya que mientras la federación las califica como inconstitucionales y fuera de la legalidad, el gobierno estatal las arropa y trata de darles un cariz legal enviando al Congreso del estado una iniciativa para convertirlas en policías rurales, iniciativa que por cierto no ha logrado cuajar y ha sido rechazada por tener severas inconsistencias según una declaración del legislador Rubén Figueroa Smutny.

Lo cierto es que en Guerrero los problemas se acumulan y lejos de resolverse se complican, mientras que la violencia se expande a todos los territorios municipales y el gobierno no ha logrado evitar el distanciamiento con los mandos del ejército y la policía federal. Pero lo mas grave es que la desatención a los problemas sociales va al alza y esto podría convertirse en un problema de gobernabilidad a lo cual evitan los políticos guerrerenses darle la importancia que merece.

Lo que ocurrió hace dos días en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, es un ejemplo de la división existente entre los gobiernos estatal y municipal, aún y cuando se quiera vender la idea de que el gobernador del estado y el alcalde de Acapulco estén en sintonía sobre lo que ocurre en dicha población donde se ha asentado una célula de la policía ciudadana armada alentada por el gobierno del estado, mientras que el ejército los ha descalificado al ubicarlos como un grupo fuera de la ley y por otro lado lo dicho por el alcalde de Acapulco de que no se permitirá que en este territorio haya gente armada que no esté legalmente constituida.

Sin embargo, el gobernador del estado impuso su visión y en una reunión con estos grupos armados ciudadanos en Xaltianguis les dio todo el espaldarazo y se comprometió a ser intermediario con el ejército para que no vayan a ser detenidos ni desarmados, lo cual no sabemos bien a bien cuál será la respuesta de los uniformados federales a esta petición, pues quiérase o no se está anidando el huevo de la ruptura constitucional entre federación-estado y municipios.

Estamos en un punto de quiebre en Guerrero sobre la continuidad o no de la coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública, puesto que no es posible actuar en contra de quienes infringen la ley cuando una parte proteje a quienes insisten en actuar sin cortapisas y fuera del orden y la legalidad como son las policías ciudadanas o las llamadas autodefensas, ya que las policías comunitarias tienen debidamente reglamentadas sus funciones y por ello llevan 17 años de actuación ininterrumpidas.

Luego entonces, veremos que dicen los mandos del ejército, de la policía federal (Manuel Mondragón y Kalb) sobre la propuesta del gobierno estatal de dejar que a ciertos ciudadanos armados se les otorgue el título de policías cuando a todas luces contraviene al Estado de derecho que el mismísimo gobernador del estado Ángel Heladio Aguirre Rivero prometió respetar y hacer cumplir cuando protestó como mandatario.