Compromisos educativos/Horacio Erik Avilés Martínez

El día de ayer, en conocido hotel de la Ciudad de México se llevó a cabo una rueda de prensa nacional, en donde se dieron cita representantes de 124 organizaciones de la sociedad civil del país para presentar una iniciativa denominada Diez Compromisos por la Educación Nacional con Equidad y Calidad, que fue entregada previamente a los presidentes nacionales de los diez partidos políticos, para su información, análisis y respectiva firma. Para tal efecto, se realizará un evento público de seguimiento el próximo 12 de mayo al cual están invitados los líderes nacionales partidistas para que se pronuncien en torno al decálogo y en su caso lo signen. Este ejercicio demostrará cuáles son los partidos políticos que están a favor de los compromisos enunciados y cuáles tienen intereses contraídos que rebasan en su búsqueda de poder defender el derecho a aprender de  los niños y jóvenes mexicanos.

La presencia de liderazgos ciudadanos fue manifiesta, ya que en el significativo evento estuvieron Alejandro Martí, líder de México S.O.S.; María Elena Morera, de Causa en Común; Sergio Aguayo, académico del Colegio de México; Teresa Ortuño, expresidenta de la Comisión de Educación en el Senado de la República; Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, quienes en su oportunidad comentaron el decálogo previamente suscrito, que a la letra pide que la autoridad asegure la realización de las siguientes acciones:

1. Se cumpla con el ciclo escolar de 200 días, se aplique el descuento a maestros faltistas y el despido a quien se ausente del aula, sin justificación, por más de tres días.
2. Se impulse mayor equidad en la educación, nivelando paulatinamente a las escuelas en infraestructura y medios para el aprendizaje. Poniendo especial atención en las zonas marginadas e indígenas del país.
3. Se celebren y apliquen, sin excepción, las evaluaciones a los alumnos y a las escuelas del sistema educativo nacional.
4. Se concursen todas las plazas vacantes de maestro, director, asesor técnico-pedagógico y supervisor, y que éstas se asignen a los mejor calificados en los concursos de oposición (ninguna plaza debe entregarse por motivación política o, en automático, al salir de la escuela normal; nunca más se debe vender o heredar una plaza docente).
5. Se destinen recursos humanos y financieros suficientes y pertinentes para la formación inicial y capacitación de los maestros, lo que incluye actualizar a las escuelas normales.
6. Se evalúe a cada uno de los maestros, directores y supervisores de manera periódica y se apliquen las consecuencias (reconocimiento, promoción, apoyo, capacitación o remoción) que la ley establece.
7. Se transparente y depure la nómina magisterial para dejar de pagar -con dinero destinado a los maestros- a aviadores, comisionados sindicales, trabajadores administrativos o a cualquier otra persona que no desempeñe función docente.
8. Se construya, actualice y haga público y consultable el Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, así como los padrones y nóminas magisteriales a nivel estatal y nacional.
9. Se promuevan y celebren las jornadas de transparencia en todas las escuelas, vigilando que se rinda ante la comunidad un informe de actividades y rendición de cuentas a cargo del director del plantel.
10. Se instrumente un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo.

Es de destacarse que los diez compromisos tienen sustento legal. Es decir, que si en esta nación se cumpliera la ley, este decálogo, al igual que la gran mayoría de demandas ciudadanas y de compromisos de campaña, resultaría innecesario. Sin embargo, ante la oleada de promesas incumplidas y ante la consistente inacción de la autoridad ante conflictos de interés aunada a una actitud timorata ante asumir el costo político de realizar lo debido, es necesario que se realicen este tipo de ejercicios, en los que se plasma la voluntad de la ciudadanía de que exista transformación social, conminando a los servidores públicos a que ejerzan probamente sus facultades y atribuciones. No olvidemos a que todos los funcionariosde cualesquier poder de la unión, orden de gobierno y categoría, lo primero a que se les exige comprometerse al asumir el cargo es a cumplir y hacer cumplir la ley, lo cual parece ser letra muerta en múltiples rubros, pero que hoy más que nunca debemos de hacer prevalecer desde la sociedad civil.

En Michoacán es sumamente importante conocer la posición de los candidatos al respecto, para discernir entre quiénes se comprometen con la educación estatal y quiénes pasarán sobre el sistema educativo con tal de obtener poder. Este ejercicio de firma del decálogo validará las posturas asumidas en el ámbito educativo durante el debate acontecido ayer en Morelia, exhibiendo el nivel de congruencia de los candidatos. En caso contrario, ellos quedarán exhibidos y reducidos a su justa dimensión como meros aspirantes a gobernar de espaldas a la ley, pisoteando el legítimo derecho de los niños michoacanos a recibir una educación tal como enuncia el marco jurídico respectivo.

Específicamente, como ya se ha señalado reiteradamente en este espacio, en el desarrollo de la educación michoacana no ha lugar para la suscripción de pactos mefistofélicos con cúpulas corporativistas,  hecho que constituye el principal impedimento para la firma del decálogo. Candidatos, no olviden que la ley no se negocia: se respeta,  se debe aplicar y hacer cumplir, para que la ley vigente transite a ser ley viviente.

Amable lector, ¿usted votaría por un candidato que se compromete por hacer prevalecer el derecho a aprender de los niños o por quien pacta con cúpulas  el otorgamiento de dádivas que asegurarán la ignorancia de las generaciones presentes y futuras? Usted tiene la última palabra.

Sus comentarios son bienvenidos en [email protected] y en Twitter en  @Erik_Aviles