Ciudadano que delibera

A propósito de la llamada Democracia Participativa, me gustaría disertar sobre lo que considero, sería su verdadero peso. En México el ciudadano promedio sí hace política, es decir, las democracias occidentales y en particular la de México, goza de cierta “participación ciudadana”, sin embargo, esto no resulta suficiente y sí bastante deficiente, lo que debe llevarnos a un lugar común para abonar al tema de democracia participativa: es necesario que el mexicano “delibere” más, analice y razone más la política para lograr reforzar las virtudes cívicas; por cierto, esta aptitud y actitud a la postre provocarían mejores estadios de democracia sustantiva.

Fernando Savater señaló que la política la realiza igual un profesor con sus alumnos, que los padres con sus hijos o simplemente la clase política, y la teoría democrática de principios del siglo XX demostró que esta concepción del ejercicio de la política ciudadana sigue vigente, inclusive, parece sortear la modernidad y revivir por momentos sus años de gloria, que cobraron fuerza con la democracia liberal, que es aquella en la que los ciudadanos exigen el reconocimiento formal a sus derechos civiles y políticos.

Será entonces la Democracia Deliberativa la que nutra a un régimen político que logre comprender la importancia que tiene el ciudadano per se, la esfera pública y la incidencia de estos en el sistema político.

La deliberación ha sido interpretada y definida por diversos autores -Cohen y Habermas entre otros-, como “aquel proceso mediante el cual uno o más agentes evalúan las razones implicadas en una cuestión determinada”, o como aquel momento en el cual el proceso de toma de decisiones tiene lugar (Rousseau, Schumpeter, Rawls, etc.), pero la realidad es que ponderar, reflexionar, decidir o resolver han sido aptitudes y actitudes ya consideradas y aplicadas a lo largo del tiempo, es decir, en la teoría democrática ha existido la deliberación Decisionista y la Argumentativa.

La primera de estas fue defendida por personajes como Rousseau, quien privilegio el aspecto decisorio en el interior del proceso deliberativo al ocuparse del proceso de formación de la voluntad general, es decir, la decisión fue el elemento central del proceso deliberativo, y una vez alcanzada la voluntad de la mayoría, la porción perdedora no representaría más que un error. Esta deliberación alcanzaría su máxima expresión en la primera mitad del siglo XX con Max Weber.

Por otra parte, la deliberación argumentativa ha sido reflexionada y defendida por J. Habermas, quien muestra su inconformidad hacia el pensamiento del liberalismo político de Rousseau y hacia la teoría democrática de Max Weber, a quienes consideraba pragmáticos, con intenciones de eliminar a la deliberación y a la razón del debate político. Habermas se preocupa más por la creación de una esfera para que se lleve a cabo la argumentación, es decir, es en la “esfera pública” o “espacio público” donde se constituye el espacio para la interacción cara a cara, diferenciado del Estado. En este espacio, los individuos interactúan unos con otros, debaten las decisiones tomadas por la autoridad política, debaten el contenido moral de las diferentes relaciones existentes en el nivel de la sociedad, presentan demandas en relación al Estado, discuten y deliberan sobre cuestiones políticas y adoptan estrategias para hacer a la autoridad política sensible a sus deliberaciones. Con la aparición de la esfera pública en el siglo XX existe una dimensión argumentativa en el interior de la relación Estado – Sociedad, por estar más allá del proceso de formación de la voluntad general y se favorece la aparición del llamado principio D, que señala que el problema de la legitimidad de la política no solo está ligado al problema de la expresión de la voluntad de la mayoría, sino también a un proceso de deliberación colectiva que cuente con la participación de los individuos.

Solamente son válidas aquellas normas y acciones con las cuales todas las personas posiblemente afectadas pueden concordar como participantes de un discurso racional. Concluyo: El reconocimiento de la participación ciudadana por parte del Estado en la toma de decisiones; el respeto al debate político argumentativo que proviene de ciudadanos y el fortalecimiento de la esfera pública, en donde las diferentes concepciones morales, culturales e ideológicas se ponen en contacto para incidir en el desarrollo de la democracia participativa deben institucionalizarse y, desde luego, ser aprovechados por el gobernado.

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