Café para todos

*Michoacán otra vez estado fallido; autodefensas se extienden sin control

 

*El rastreo de celulares, una acertada medida pese a la oposición de la CNDH  

Apenas retornó al poder el gobernador de Michoacán Fausto Vallejo -luego de 6 meses de ausencia debido a razones de salud, en octubre pasado-, se esperaba que tomara las riendas del poder y que la volatilidad de la entidad amainara.

 

Sin embargo, más de 2 meses después se constata que lejos de apaciguarse, el estado se vuelve cada vez más inestable, con la expansión de los grupos de autodefensa que se extienden aparentemente sin control.

 

Vallejo llegó con nuevos bríos y todo el mundo creyó que Michoacán volvería a ser la apacible entidad que alguna vez fue, independientemente de sus ancestrales problemas de pobreza y marginación, agravados durante las administraciones de los perredistas Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, quienes consintieron el avance de los cárteles de la delincuencia organizada.

 

El actual mandatario priista -quien todavía deberá cumplir otros 2 años de mandato-, luego del trasplante de hígado al que fue sometido, regresó con la espada desenvainada y de inmediato anunció la reestructuración de la deuda estatal a 20 años con una tasa del 2 por ciento anual, así como nuevos créditos que le permitirán solventar las finanzas públicas.

 

Desafortunadamente, al regresar, lo primero que enfrentó Vallejo además de la gravísima problemática social y económica, fue un gran alboroto político porque hay muchos aspirantes a sucederlo en la gubernatura.

 

El periodo de transición se ha adelantado pero así son las cosas en México y de aquí a julio de 2015 la estabilidad será cada vez menor y nadie moverá un dedo para evitar el caos que reina actualmente, excepto el gobierno federal, porque al Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le conviene un estado inestable que sería pasto para las fieras de la oposición.

 

Por ningún motivo el PRI puede darse el lujo de perder este estado o dejar que caiga en manos otra vez de los perredistas o por primera vez de los panistas.

 

Los michoacanos no tienen para donde hacerse porque ya no quieren más PRD debido a las malas experiencias sobre todo de la gestión de Leonel Godoy, pero tampoco les gusta del todo que el PAN conquiste el poder ya que consideran responsable de que el crimen organizado sentara sus reales en la entidad al ex presidente Felipe Calderón.

 

Y no bien comenzó la ofensiva de Michoacán con la que se inauguró la “guerra contra los cárteles” de Calderón, se multiplicaron en el estado los muertos, los desaparecidos, los secuestros y las extorsiones.

 

EL FRACASO DE FAUSTO VALLEJO PARA FRENAR LA VIOLENCIA

 

Ahora Vallejo ha tenido que admitir que todos sus intentos por conjurar la violencia han fracasado, lo que obligó a lanzar un llamado de auxilio al gobierno federal para frenar la violencia.

 

El viernes pasado, formalizó una solicitud por escrito a la Secretaría de Gobernación para que enviara de nuevo a sus tropas a fin de evitar que las cosas sigan empeorando.

 

Pero las policías municipales y la estatal se han visto incapaces ante los grupos de autodefensa que apenas este lunes tomaron con armas de alto poder la localidad de Nueva Italia, el segundo baluarte más importante del cártel de los Caballeros Templarios.

 

Asimismo, un día sí y otro también se han registrado quemas de camiones,  bloqueos de carreteras, tiroteos y ataques a convoyes militares y de policías federales.

 

Ante ello, el Gobierno de la República dio a conocer que se encargará de las labores de protección en la zona de Tierra Caliente, en Michoacán, y emplazó a autodefensas a regresar a su lugar de origen.

 

Las autoridades estatales y federales firmaron una estrategia de seguridad, que también contempla crear una unidad antisecuestros, certificada por la Federación y que contará con apoyo de inteligencia.

 

El secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong señaló que las fuerzas federales serán desplegadas a partir de ahora en todos los municipios en conflicto de la entidad.

 

Dentro del acuerdo, se creará el Instituto Estatal para la Formación de Policías e Investigadores para que se formen profesionales en la protección de ciudadanos.

 

El gobernador Fausto Vallejo, aseguró que despachará de manera recurrente en Apatzingán y en toda la región. Frente al llamado del gobierno federal a los grupos de autodefensa a replegarse y dejar a fuerzas federales la seguridad de sus pueblos, los aludidos advirtieron que no bajarán las armas.

 

“Las autodefensas seguiremos en pie de lucha hasta no ver a los líderes criminales tras las rejas”, expusieron en referencia a los Caballeros Templarios. El problema es que hay quienes afirman que detrás de los grupos de autodefensa hay otros cárteles como el Jalisco Nueva Generación.

 

“Queremos la aprehensión de los líderes de la delincuencia organizada y en ese entonces nos sentaremos a platicar con el Gobierno, pero mientras esto no suceda y no veamos resultados seguiremos ayudando a los pueblos a liberarse de criminales”, señalaron los grupos de autodefensa.

 

Habrá qué ver quién gana la pulseada entre los grupos armados en la entidad, de uno y otro bando y el gobierno. Mientras tanto, Michoacán sigue siendo tierra de nadie, el ejemplo más tangible de un verdadero Estado fallido.

 

GRANOS DE CAFÉ

 

Parece que la seguridad individual y colectiva  de los mexicanos ha encontrado en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el mayor obstáculo para hacerla realidad,  porque tutela más los derechos de quienes atentan contra la integridad física y el patrimonio de la ciudadanía, al oponerse sistemáticamente a toda acción judicial contra los delincuentes, bajo la falsa premisa de que se les somete a cargos sin fundamento e incluso a tortura.

 

Si bien es cierto que la aplicación de la justicia en México es muy cuestionable y que muchas veces se fabrican culpables -sea por la corrupción imperante en las corporaciones de seguridad o por la incompetencia de los mismos-, incuestionablemente lo es también el hecho de que la criminalidad ha crecido desmesuradamente desde que surgió la CNDH,  lo que prueba que sus protocolos de defensa deben ser sometidos a revisión, porque aunque duele reconocerlo, parece que están al servicio de los victimarios y en contra de la víctimas.

 

El más claro ejemplo de ello es la oposición que mantiene al uso policial y judicial del rastreo de teléfonos celulares sin orden judicial, al grado que promovió una acción de inconstitucionalidad por considerar que la búsqueda de celulares es violatoria de los derechos del ciudadano.

 

La CNDH argumenta que la localización geográfica de una persona viola el derecho a la privacidad, sus garantías de legalidad, y la seguridad jurídica al otorgar facultades discrecionales e ilimitadas a las procuradurías federal y estatal en el país, ya que la petición a las operadoras se hace sin un requerimiento judicial.

 

Esa postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos raya en el absurdo, puesto que el robo de celulares con fines delictivos es ampliamente conocido por todos los mexicanos y, por tanto, no habría oposición social a que se realice el rastreo de los mismos.

 

Por el contrario, dado el alto valor económico que muchos de estos aparatos de comunicación han alcanzado, los usuarios de los mismos tendrían mayores posibilidades de que no sean utilizados para delinquir, sea para realizar extorsiones o secuestros, que es uno de los usos más comunes que suelen darles.

 

Al mismo tiempo, ante el fracaso de la desactivación e inhabilitación de celulares -que se intentó realizar mediante el registro  de los aparatos en las compañías que los comercializan-, se inhibiría el robo de los mismos, ya que se podría detectar a los ladrones y proceder en su contra, además de que al complicarse su uso y comercialización, perderían valor, lo que los haría poco atractivos para el delincuente común.

 

Por lo pronto, se espera que concluya el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del rastreo presentada por la CNDH, y que finalmente se permita ese tipo de localización que, insistimos, beneficiaría a la ciudadanía, al quitarles instrumentos de operación al crimen organizado y a la delincuencia común.

 

Confiamos en la sensatez de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que voten a favor de las víctimas y no de los victimarios, porque finalmente la sociedad toda está permanentemente expuesta a sufrir el robo de los celulares y con  ello de información confidencial que es usada para extorsionar lo mismo al afectado que a sus familiares, amigos e incluso conocidos.

 

Cabe señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) tendrá una mejor capacidad de respuesta para  ubicar a presuntos sospechosos en tiempo real, sin tener que acudir a un juez que solicite a telefónicas la ubicación de un aparato, porque el  recurso faculta al Ministerio Público para exigir a las empresas de telefonía móvil guardar los datos contenidos en el teléfono, para poder ser consultados sin la necesidad de exigir una intervención telefónica.

 

En la iniciativa estipula que se aplicará a delitos como delincuencia organizada, secuestro, extorsión, amenaza y delitos contra la salud, con lo que estarían a salvo los derechos individuales y ciudadanos, o cuando menos, eso se espera…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]