Café para todos

Para nadie es un secreto que en México la intolerancia religiosa es un tema doloroso y vigente, pero lejano al sentir popular y de los políticos que sólo demuestran su asombro cuando en este mundo globalizado, ven las imágenes de violencia entre musulmanes y cristianos o entre judíos y palestinos.

Olvidan que México es el segundo país más católico del mundo, después de Brasil, y según las cifras del último censo el 88 por ciento de los ciudadanos de este país profesan esa confesión, contra 5.2 que se declaran evangélicos.

Los casos más graves ocurren en los estados del sur del país, sobre todo en aquellos de alta marginalidad como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Michoacán.

Por razones difíciles de establecer Chiapas -donde la proporción de católicos y evangélicos es de 64 contra 14 por ciento-, destaca como el estado líder en este tipo de agresiones y actitudes de intolerancia y discriminación religiosa.

Los usos y costumbres imponen que los católicos dominen la organización de fiestas por medio de figuras como las “Mayordomías” y los evangélicos que se niegan a participar en estas actividades porque incluyen el consumo abundante de bebidas alcohólicas son objeto de represalias.

El resultado ha sido la  expulsión de decenas de familias, hostigamiento y hasta asesinatos, así como altos niveles de impunidad.

Tan sólo en los últimos 7 años se registraron más de 260 casos de discriminación religiosa en todo el país de los cuales el 90 por ciento no fueron denunciados, según la asociación civil A favor de la libertad, la cual reveló que “no hay cultura de denuncia por parte de los cristianos evangélicos.

“La mayoría de los líderes no alientan a sus fieles a hacerlo sino esconden la situación, porque tienen compromisos con el gobierno federal y tienen miedo de que les quiten su registro de asociación religiosa”, afirmó el activista Oscar Moha.

En las raras ocasiones en que las víctimas acuden a la fiscalía a denunciar se enfrentan a argumentos seudojurídicos que impiden que las querellas progresen. En la mayoría de los casos las agresiones provienen de católicos ortodoxos, pero no faltan  también hechos donde las cosas se dan al revés.

Generalmente, a los evangélicos se les intimida y hostiga con la negativa de servicios básicos como el agua o el derecho a recoger leña para preparar sus alimentos.

LA INTOLERANCIA RELIGIOSA EN CHIAPAS

El pasado 19 de agosto de 2012, tras abandonar sus comunidades de Yastini, San Gregorio y Huixtán y ante la creciente intolerancia religiosa, alrededor de 110 evangélicos se refugiaron en San Cristóbal de Las Casas.

Otros casos se han presentado también en las comunidades de Las Florecillas y El Carrizal, en la región conocida como Los Altos, uno de los bastiones de la guerrilla zapatista alzada en armas el 1 de enero de 1994.

En junio pasado varias familias evangélicas que llevaban 3 años expulsadas de sus hogares en Chiapas intentaron volver,  para encontrarse la oposición de sus vecinos, que actuaron nuevamente con violencia.

El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Felipe Arizmendi -cercano a la Teología de la Liberación-, con frecuencia condena las persecuciones y otros actos de intolerancia, pero los católicos tradicionalistas ignoran su prédica.

En Chiapas esta agresión se ha mantenido durante décadas y hasta la fecha han sido expulsados más de 30 mil evangélicos de sus tierras, por razones religiosas, según algunas fuentes.

El 6 de junio del 2012, en la comunidad Yashtini, de Chiapas, un grupo de católicos tradicionalistas destruyó con machetes, hachas y marros al menos 19 casas de indígenas tzotziles evangélicos de la Iglesia Maranatha, a quienes previamente habían expulsado por diferencias religiosas.

“Tuvimos que salir de noche porque teníamos miedo de quedarnos en la comunidad”, dijo Felipe Hernández, vocero de los expulsados.

En diciembre del 2010, fueron asesinados 3 pastores evangélicos en Chiapas y Oaxaca y los homicidios nunca fueron aclarados. Este año que inicia debiera ser el de la tolerancia en Chiapas y en otras zonas azotadas por la persecución religiosa.

Para quienes habitan las zonas urbanas de nuestro país, donde hay más tolerancia, resulta difícil de entender que en el México profundo se produzcan todavía casos de intolerancia religiosa y que incluso las diferencias tengan que saldarse con la muerte, como sucedió algún tiempo en Irlanda del Norte y ocurre todavía en algunas regiones del Medio Oriente.

La Iglesia católica -que durante la Cristiada, a fines de los años 30 fue objeto de una brutal represión que arrojó unos 250 mil muertos y otros 250 mil refugiados en Estados Unidos-, ahora debe unir su voz por medio de su jerarquía a la de los cristianos evangélicos para frenar estas acciones que sin duda no son guiadas institucionalmente, pero el “dejar hacer y dejar pasar” también implica una responsabilidad.

El historiador Luis González y González calificó a la Guerra Cristera como “el mayor sacrificio colectivo de la historia del país”. Hoy sería interesante saber qué diría el especialista sobre la situación actual, en torno al hostigamiento religioso que tiene lugar en los Altos de Chiapas, pero también en regiones de Oaxaca, Hidalgo y Michoacán.

Según el portal Protestante Digital desde el 31 de julio de 2008 Jaume Llenas, Secretario General de las Alianzas Evangélicas Europeas y Mundial -que representa a una colectividad de 400 millones de personas en el mundo-, dirigió una  carta a la Embajada de México en España para expresar su honda preocupación por la situación de los derechos humanos y de la libertad religiosa en Chiapas.

“Creo que les consta perfectamente que desde hace mucho tiempo se están produciendo en este estado de México violaciones de toda clase contra la población evangélica. Los atropellos incluyen asesinatos, expulsiones, discriminación, y un largo etcétera”, señalaba la misiva.

Llenas afirmaba que ante esta situación “se ha tomado una acción clara, concreta y contundente de parte de las autoridades competentes”.

Según algunos datos de las propias organizaciones protestantes, el crecimiento de las iglesias evangélicas en Chiapas en los últimos 40 años ha supuesto la expulsión de miles de personas de sus comunidades indígenas por la intolerancia religiosa, así como la creación de un centenar de asentamientos de grupos étnicos evangélicos desarraigados y lejos de sus lugares de origen.

Los evangélicos en Chiapas, y en otras zonas del país, han sido objeto de torturas, derribo de templos, expulsión de sus hijos de los colegios, amenazas, cortes de suministros de agua y luz y un sinfín de actos vandálicos e inhumanos que se repiten sin cesar, según las comunidades afectadas.

En Oaxaca también se han dado casos similares. Por ejemplo, en la población de San Juan Ozolotepec las propias autoridades municipales han ordenado que se les cierren los servicios religiosos evangélicos por no participar en los pagos de las festividades católicas.

Desde el año 2011, cuando falleció el creyente evangélico Epifanio Reyes Ramírez, la autoridad municipal prohibió que se enterrase a no católicos en el panteón municipal. Lo mismo sucedió en el mes de marzo del 2011, cuando murió Elena Villavicencio Cruz.

Las actuales autoridades municipales mantienen esta misma postura y argumentan que, “por acuerdo del cabildo, se tiene que negar la sepultura a toda persona que profesa una religión distinta a la católica”.

En un último informe, Óscar Moha cuenta que la comunidad evangélica de San Juan Ozolotepec en Miahuatlán, Oaxaca, enfrenta persecución religiosa por parte del alcalde de la localidad, Pedro Cruz González, quien además de azuzar al pueblo en su contra, les amenazó con “quemarlos” o “echarlos a un barranco”.

¿Le suena familiar la frase? Claro, se parece a la proclama del grupo extremista palestino Hamas que pide “echar al mar a los judíos”. Intolerancia pura, aquí y en Medio Oriente. Pero da la casualidad que estamos en México.

GRANOS DE CAFÉ

Algunos analistas consideran que al cumplirse el 20 aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los resultados para México, principalmente para los productores agrícolas, son muy pobres.

A dos décadas de distancia, estiman que es precisamente el sector agrícola mexicano el menos competitivo. De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina el 83 por ciento de los productores recibió alrededor de 48 por ciento de los recursos federales contra el 30.7 por ciento que captaron el 5.3 por ciento de los principales productores nacionales.

Este dato evidencia la dispersión, falta de concurrencia y concentración de los subsidios, lo que ha diferido el desarrollo económico y social de los trabajadores del campo, especialmente los que viven en zonas vulnerables.

Esas inequidades fueron especialmente acentuadas durante los 12 años de gobiernos panistas, puesto que la concentración de apoyos entre los mayores productores respecto del total nacional, alcanzó niveles verdaderamente alarmantes.

De acuerdo a cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en esos 12 años el 10 por ciento de los productores más pobres obtuvo solamente el 0.1 por ciento de las transferencias del ingreso objetivo, mientras que al 10 por ciento de los más desarrollados correspondió el 80 por ciento.

A estas marcadas desventajas se debe sumar la competencia desleal que el agro mexicano ha debido soportar a través de la triangulación de granos producidos en otros países, vía Estados Unidos, lo que ha provocado graves daños en este sector de la economía mexicana.

Es el caso del maíz, que se produce en Sudáfrica; del frijol, que llega procedente de China, la India y países latinoamericanos; o del arroz cuya rama de producción ha sido casi desmantelada en México.

La CNC también ha subrayado que sólo un pequeño grupo agro exportador que no rebasa los 600 mil es el único beneficiado con el TLCAN, frente a casi 5 millones de unidades de producción que no ha podido salir adelante.

Naturalmente la migración campesina era y es la única alternativa que han encontrado nuestros productores frente a la injusta realidad que el TLC les impuso y que hoy por hoy se ha convertido en el argumento más sólido de los opositores a las reformas constitucionales, porque lamentablemente históricamente se ha comprobado que en asociaciones dispares, los más débiles casi siempre pierden