Café para todos

La reforma energética aprobada el pasado jueves pasado en la Cámara de Diputados -luego de recibir el visto bueno en el Senado-, pasó este domingo su última aduana legislativa al ser aprobada por los Congresos de más de 17 estados del país, por encima de la mitad que se requiere para estar en condiciones de ser promulgada.

 

Así, todo parece indicar que este miércoles, cuando se reúna la Comisión Permanente del Congreso, sea ratificada y luego enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue.

 

La iniciativa rompe el monopolio de Petróleos Mexicanos sobre todas las fases del proceso de producción de crudo, desde exploración, hasta extracción, refinación y transformación en diversos derivados petroquímicos.

 

El proyecto, que incluyó cambios en 3 artículos de la Constitución, fue aprobado el fin de semana por las legislaturas de de Yucatán, Tamaulipas y Puebla, que se sumaron al visto bueno de Chiapas, Querétaro, Estado de México, Veracruz, Hidalgo, Durango, Baja California Sur, Jalisco, Campeche, Coahuila, Quintana Roo, Sonora y Nayarit.

 

La izquierda había prometido una verdadera ofensiva que boicotearía y sitiaría todas las sedes parlamentarias de los estados para impedir que se aprobara, pero si acaso habrá logrado éxito en sus movilizaciones en Tlaxcala y Jalisco.

 

En Puebla, el último estado que la sancionó, el Congreso local aprobó la reforma en una sesión que se adelantó para este domingo, con un recinto cercado por manifestantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y policías.

 

Algunos diputados que tuvieron dificultades para ingresar a la sede del Congreso, se “disfrazaron” con ropa informal para burlar a los manifestantes. Otros se vistieron de policías para entrar a sus salones de debates.

 

La mesa está puesta para que la reforma comience a operar y demuestre en los hechos que es capaz de atraer las grandes inversiones que se requieren para que México sea capaz de reactivar una industria estratégica que en los últimos años iba a la baja.

 

Hay que aclarar que no se trata de una privatización, como nos lo quieren vender la izquierda y otros sectores asociados.

 

Que se otorguen concesiones, licencias o permisos para que empresas privadas nacionales o extranjeras exploten determinados campos petroleros, no quiere decir que se les van a transferir como sucede en otros países.

 

Un caso real de privatización acaba de ocurrir en Perú el pasado 12 del presente, cuando el Congreso aprobó una ley que decreta la venta del 49 por ciento de las acciones de la empresa estatal Petroperú a accionistas privados y otorga un 5 a los ciudadanos a través de una colocación en la Bolsa de Valores.

 

Lo más increíble de esta operación es que ocurre en un país gobernado por un presidente de izquierda llamado Ollanta Umala. No obstante, tanto en Perú, como en México y en la mayoría de los países, el petróleo o el gas debajo de la tierra siguen siendo propiedad soberana de la nación.

 

En Estados Unidos los recursos naturales del subsuelo son propiedad de los dueños de los terrenos.

 

Por eso la izquierda ondea falsas banderas cuando asegura que en México se está privatizando el petróleo o vendiendo a Pemex. En todo caso es difícil que alguien compre ese gigantesco mastodonte que en la práctica está produciendo pérdidas, porque lo que vale no son las instalaciones de la empresa petrolera, sino los recursos naturales del país.

 

Casos de privatización del petróleo sí han ocurrido en el gobierno socialista de Felipe González en España, en el socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso en Brasil, con Petrobras, que han sido avalados por los socialistas de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

 

Habría entonces que valorar en su justa dimensión la iniciativa de reforma de ley energética aprobada por el Congreso la semana pasada y ratificada por las legislaturas estatales desde el pasado fin de semana.

 

Prácticamente lo que se hizo fue remover el último escollo para romper el monopolio de la petrolera gubernamental en todas las fases del proceso de producción de los hidrocarburos.

 

RECIBIRÁ EL GOBIERNO EL 4.7 POR CIENTO DEL PIB POR DERECHOS

 

Según la reforma, el gobierno recibirá cada año el 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de los ingresos petroleros para financiar su presupuesto de egresos como “pago de derechos”.

 

Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas -los ex candidatos presidenciales que encabezan desde hace varias semanas una ola de movilizaciones para rechazar este proyecto-, insisten en que se está transfiriendo la riqueza petrolera a empresas privadas.

 

Eso no va a suceder porque ya sucedió. En el momento en que gran parte de los recursos de PEMEX van a dar a contratistas privados o al sindicato petrolero o son succionados por grandes actos de corrupción de funcionarios, se está transfiriendo la renta petrolera a manos de terceros.

 

La reforma energética que será promulgada fue comparada por el diario The Washington Post con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) del cual se cumplen ya el próximo 1 de enero 20 años.

 

La reforma energética es la cereza del pastel del paquete de reformas de gran calado que propuso el presidente Peña Nieto, desde que asumió el poder el 1 de diciembre del 2012 y que abarca las telecomunicaciones, la educación, los impuestos, las relaciones laborales y las elecciones.

 

Entre otros aspectos, la reforma prevé un nuevo régimen de contratos del sector, abriendo la puerta a la participación de la empresa privada bajo cualquier modalidad. El Congreso tendrá 120 días, a partir de la entrada en vigencia de la reforma para regular las modalidades de contratación.

 

Entre otras, se establecen contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia, para llevar a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos.

 

El pago o contraprestación de los privados podrá ser en efectivo para los contratos de servicios, con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida, y con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida.

 

En cuanto a las licencias, comparadas por algunos senadores con el esquema de concesiones, se pagará con petróleo, una vez extraído del subsuelo.

 

La reforma también permitirá a las empresas mineras entrar al negocio del gas, autoriza a corporativos petroleros a dar servicio de energía eléctrica y elimina al sindicato petrolero del Consejo de Administración de PEMEX.

 

El presidente señaló el pasado viernes, al felicitar a la Cámara de Diputados por aprobar la reforma energética, que ello “representa una transformación fundamental que impulsará el crecimiento económico y la generación de empleos en nuestro país”.

 

El Washington Post estimó que se trata de una victoria mayor para Peña Nieto en su esfuerzo por transformar PEMEX y dijo que su meta final es “rehacer el rostro de México”.

 

Ya los analistas predicen que la reforma impulsará hasta 1.5 por ciento el PIB de México y las empresas calificadoras podrían elevar el nivel de inversión del país.

 

De hecho, uno de los primeros efectos de esta iniciativa fue que la paridad del peso mexicano se elevó con relación al dólar. Sin embargo, se espera que sea hasta 2015 cuando se puedan percibir realmente los resultados de la reforma energética en la economía nacional.

 

El Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado ha calculado que podrían recibirse entre 50 mil y 70 mil millones de dólares anuales de inversión. Habría que evitar caer en triunfalismos y en pronósticos desaforados, pero lo cierto es que México ha dado un “salto cuántico” para ponerse al día en una legislación que no privatiza el petróleo y que si se compara con la vigente hasta en países comunistas como Cuba y Corea del Norte, hasta resulta todavía insuficiente.

 

GRANOS DE CAFÉ

 

El panorama laboral en México para 2014 es desalentador. La caída en el dinamismo económico experimentado este año en nuestro país y toda América Latina llevó al estancamiento en la generación del empleo, situación que podría replicarse con resultados negativos reveló el informe anual con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

Según el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la tasa de desempleo urbano para la región registró mínimos históricos de 6.3 por ciento en 2013 y el crecimiento salarial fue menor al del año anterior.

 

Si bien estos datos generan desánimo, la esperanza de un mejor escenario para México está en que las reformas constitucionales aplicadas generen una nueva dinámica de crecimiento, lo que impactaría positivamente al sector laboral, no sólo por cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo, sino de mejores remuneraciones.

 

Si bien el debate nacional ahora se centra en las leyes secundarias que deben promulgarse para el caso de la reforma energética, también cobra nueva vida la discusión sobre la calidad de los salarios que durante décadas han estados sometidos a la contención, y ello ha generado una importante caída en su nivel adquisitivo.

 

Tampoco debe restarse importancia a la informalidad en la que se desempeñan millones de mexicanos que carecen de toda prestación social, a pesar de contribuir determinantemente a la generación de la riqueza nacional.

 

El informe de la OIT alerta sobre la creciente desocupación juvenil en zonas urbanas registrada este año, y pone énfasis en la frustración  que ello genera en cerca de 22 millones de jóvenes de toda la región, que no estudian ni trabajan, lo que, en el caso mexicano, nos obliga a generar oportunidades para este sector con la misma determinación que acompañó  la promoción de las reformas constitucionales…Sus comentarios envíelos vía internet a la dirección [email protected]